Proyectos lujosos de construcción a la entrada del Viejo San Juan, capital de Puerto Rico. Históricamente, proyectos como estos  han dado la impresión de desarrollo económico. Sin embargo, la presente crisis revela que el supuesto desarrollo económico de Puerto Rico fue más bien ilusorio durante las pasadas décadas. Imagen tomada de Wikimedia Commons. Autor: George Miquilena. CC-BY-2.0.

Aun siguiendo las recomendaciones y exigencias de las distintas casas clasificadoras de crédito, la deuda de Puerto Rico sufrió otra degradación más el martes, 1 de julio, luego de que Moody's Investors Service la degradara tres niveles adicionales. La deuda del país ya estaba clasificada como una de «calidad de crédito cuestionable», degradada a ese nivel a principios de este año. Con la nueva clasificación de Moody's, se considera ahora como una deuda de «alto riesgo crediticio».

Moody's dio la siguiente razón para la degradación en su informe [en]:

The downgrades of Puerto Rico and its debt-issuing entities follow the commonwealth's enactment of a law (the Puerto Rico Public Corporation Debt Enforcement and Recovery Act) that will allow public corporations to defer or reduce payments on outstanding bonds. By providing for defaults by certain issuers that the central government has long supported, Puerto Rico's new law marks the end of the commonwealth's long history of taking actions needed to support its debt. It signals a depleted capacity for revenue increases and austerity measures, and a new preference for shifting fiscal pressures to creditors, which, in our view, has implications for all of Puerto Rico's debt, including that of the central government. Application of the law may further limit the commonwealth's market access, leaving it more vulnerable to financial risk and unable to fund capital projects.

Las degradaciones de Puerto Rico y sus entidades emisoras de deuda son producto de la promulgación de una ley (la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico [Ley 71 del 28 de junio de 2014]) que le permitirá a las corporaciones públicas aplazar o reducir pagos de bonos pendientes. Al proveer para la quiebra de ciertos emisores de deuda que el gobierno central ha apoyado por mucho tiempo, la ley nueva de Puerto Rico marca el fin de la larga historia del Estado Libre Asociado (ELA) de tomar acciones necesarias para apoyar su deuda. Significa una capacidad agotada para aumentar recaudos e imponer medidas de austeridad, y una nueva preferencia por pasar las presiones fiscales a los acreedores, lo que, desde nuestro punto de vista, tiene implicaciones para toda la deuda de Puerto Rico, incluyendo la del gobierno central. La aplicación de la ley podría limitar aún más el acceso del ELA a los mercados, dejándolo más vulnerable al riesgo financiero e incapaz de financiar proyectos de capital.

El sentir general es que la decisión de Moody's fue injusta. Algunos afirman que fue una forma de castigar a Puerto Rico por la aprobación de la Ley 71, la cual permite a las corporaciones reestructurar su deuda. Jaime Pieras Castañer, escribiendo para la revista digital El Post Antillano, comparte esta opinión:

Es aparente que hay un elemento de castigo en la decisión de Moody’s. Por más fallas que tiene esa ley, entre ellas que conlleva el congelamiento de los convenios colectivos de los trabajadores de estas corporaciones públicas, su propósito es crear un mecanismo en el que los inversionistas puedan recibir algo por su inversión en vez de potencialmente nada. Quizás no hay mucho que se puede hacer al momento, pero hay razón para enfadarse. Hay que tener en mente que tampoco estamos lidiando con unos monjes franciscanos.

La aprobación de la Ley 71, bautizada coloquialmente como la «Ley de Quiebra Criolla», inmediatamente provocó que dos casas de prestamistas, Franklin Funds y Oppenheimer Funds, demandaran al gobierno de Puerto Rico por entender que la medida es incompatible con las leyes federales de los Estados Unidos, que son las únicas que rigen los asuntos relacionados a las quiebras. Daniel Nina, escribiendo también para El Post Antillano, ofrece el siguiente análisis:

La demanda es curiosa, pues incide en la Ley 600 del Congreso de los EE. UU., la cual autorizó al pueblo de Puerto Rico a crear su propia Constitución, la cual según aprobada por el Congreso en el 1952, no permite que el Gobierno de Puerto Rico o dependencia alguna declararse insolvente. Estamos ante una situación doblemente nueva: por un lado la acción tomada por el Gobierno de turno en Puerto Rico, y de otra parte nos encontramos ante una situación en la cual por primera vez los bonistas (los acreedores del Gobierno) nos demandan.

En un país en donde actualmente hay menos de un millón de personas empleadas [en] (de un total de alrededor de 3.7 millones de habitantes) y una deuda pública total de $72,796 millones, las opciones que le quedan al gobierno son sumamente limitadas, como afirma Jennifer Wolff, del Centro para una Nueva Economía:

[…] el nivel de endeudamiento público y la creciente magnitud del servicio a la deuda se han hecho insostenibles para el País. Si este año cerramos 100 escuelas, le redujimos los beneficios a los empleados públicos, le eliminamos el Crédito por Trabajo a los trabajadores más pobres, y le quitamos el Bono a los Seniors de escasos recursos, ¿qué quedará para recortar en el presupuesto del 2016?

Dado el panorama, Puerto Rico tendrá que tomar decisiones difíciles. La magnitud del problema es tal que se ha llegado a contemplar la posibilidad de recurrir a apagones selectivos [en] para cortar los gastos de la Autoridad de Energía Eléctrica, una de las corporaciones públicas más endeudadas y proveedora de electricidad a casi la totalidad de la población.

No es exageración decir que los próximos meses serán cruciales para millones de puertorriqueñas y puertorriqueños. Una alternativa más es reinventarse mediante el abandono de modelos de desarrollo económico basados en el neoliberalismo y la adopción de modelos basados en el cooperativismo y el desarrollo comunitario solidario. Esta perspectiva es expresada con suma urgencia por la economista Martha G. Quiñones Domínguez:

Dependemos de capital extranjero, de fondos extranjeros, de bonistas externos, dando la impresión de que la solución es externa. Cada nueva política pública intenta reducir los beneficios a los trabajadores, eliminándolos, congelando salarios y reduciendo el ingreso que van a recibir si se jubilan, condenando a estas personas a vivir en niveles de pobreza. Ante esta situación es de esperarse que en el futuro tengamos más pobres agudizando la crisis. Según el Censo 2010, el 45% de la población en Puerto Rico vive bajo el nivel de pobreza. Con estos datos se hace imperativo que se piense en una nueva forma de desarrollo para salir de la crisis, que integre a estas poblaciones, con la política pública correcta que cree equidad y justicia en función de generar calidad de vida.