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Acceso a la información pública, ¡es tu derecho!

Conseguir información, datos y documentos de las administraciones públicas no siempre es tarea fácil, a pesar de que la información en manos de las instituciones públicas pertenece a los ciudadanos que las mantienen con impuestos. En la práctica, el acceso a la información encuentra una gran cantidad de obstáculos que violan tratados internacionales como el Convenio del Consejo de Europa de Acceso a Documentos Públicos y más de 93 leyes de acceso a la información en todo el mundo.

Este es uno de los motivos por los que algunas organizaciones de la sociedad civil, dedicadas al activismo pro-transparencia, han puesto en marcha una serie de plataformas en Internet que permiten solicitar información a las instituciones públicas. En Europa, el portal AsktheEU.org tiene como principal función realizar solicitudes a las instituciones europeas mientras que Tu derecho a saber, creada y gestionada por la ONG Access Info Europe en colaboración con la Fundación Civio, se centra en las instituciones españolas. La plataforma permite a cualquier ciudadano enviar solicitudes de información directamente a las administraciones deseadas ya sean locales, autonómicas o nacionales. La página pionera es la británica WhatDoTheyKnow? creada por MySociety y basada en el software libre Alaveteli. Existen herramientas similares en Brasil, Alemania, Chile, Kosovo y en Uruguay con el recientemente estrenado ¿Qué Sabés?.

 

Con estas aplicaciones, las solicitudes de información que cada persona envía a las las instituciones son públicas. Esto permite que cualquiera pueda seguir la solicitud y ver la respuesta correspondiente. Este sistema facilita, entre otras cosas, ahorrar tiempo a las instituciones públicas que no tienen que contestar las mismas solicitudes varias veces y a los propios usuarios que no tienen que esperar una respuesta si su pregunta ya se ha hecho. Mejora por lo tanto el sistema de transparencia, lo hace más eficiente. El usuario tiene la posibilidad de indicar si la respuesta ha sido satisfactoria o no, incluso puede presentar un recurso en el caso de no haber obtenido la información solicitada en el plazo fijado para ello.

 

Gráfico con los resultados de la plataforma Asktheeu.org tras un año en funcionamiento

Los resultados varían de un país a otro dependiendo de la implantación de las leyes nacionales de acceso a la información. En España, la legislación excluye mucha información del alcance de la ley y plantea un silencio administrativo positivo, es decir que si no contestan, la solicitud se entiende denegada. España es el único país de la Unión Europea con más de 1 millón de habitantes que no cuenta con una Ley de Transparencia (excepto en materia medioambiental). Aunque el proyecto de ley se encuentra ahora en el Parlamento para ser enmendado, los expertos que ya lo han analizado consideran que es muy insuficiente y aseguran que se encuentra por debajo de los estándares internacionales. Si se aprueba el texto de Ley de Transparencia tal y como está, no se producirán grandes cambios a la situación de opacidad actual.

Existen otras iniciativas similares que, como las citadas anteriormente, aprovechan las ventajas de la red para ponerlas al servicio del acceso a la información, reivindicar el derecho a saber e incentivar la rendición de cuentas por parte de las instituciones. En ese sentido, TweetyourMEP al igual que Tweetminster y TweetCongress [en] facilitan la posibilidad de enviar mensajes vía Twitter, a los diputados de la Unión Europea u otros políticos, a los que los usuarios quieran dirigirse.

“El público tiene derecho de acceso a la información”

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental ligado al derecho a la libertad de expresión. La información es la clave para formar la opinión pública y, por consecuencia, para la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. Las instituciones deberían contestar las solicitudes no sólo por obligación sino también para recuperar la confianza de los ciudadanos a los que representan. Si las instituciones fueran más transparentes y rindieran cuentas, mejoraría notablemente la brecha entre ambos. Un estudio del CIS señala que el tercer problema para uno de cuatro españoles es la gestión de los políticos. No es casualidad que este resultado se dé en España teniendo en cuenta que este país no aplica el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que ampara “la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas”. En abril de 2009, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció que el derecho de libertad de expresión incluye expresamente el derecho de acceso a la información en manos de entidades públicas.

En el siguiente vídeo (en inglés) la directora de la ONG Access Info Europe, Helen Darbishire, explica cómo y para qué utilizar la plataforma Asktheeu.org:

http://youtu.be/uOvVdWafjEU

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