Marcha del orgullo gay en Machala, Ecuador en 2008 (vesselthefilm/Creative Commons).

Este artículo de Annie Wilkinson fue originalmente publicado en el sitio web de NACLA.

En la cena, a solo unos pasos de donde Ecuador se encuentra con el océano Pacífico, Jorge me contó el calvario que vivió como hombre transgénero en una clínica de rehabilitación privada cercana: donde lo sujetaban del cuello contra la pared mientras lo golpeaban y lo obligaban a usar ropa sexy de mujer, a leer pasajes de la biblia todos los días y a seguir una versión bastardeada de los “12 pasos”, tomados de Narcóticos Anónimos. Donde no le permitían reunirse ni comunicarse con su novia, que había sido internada en la misma clínica varios meses antes, luego de que su madre la descubriera con Jorge, y a quien le prohibieron salir, hasta que «cambiara.”

Esto es lo que los “terapeutas” le dijeron a Jorge—no mucho antes de que yo lo conociera— durante su estadía en el centro privado de rehabilitación para adictos al alcohol y las drogas, varios años atrás. Jorge pasó siete largos meses soportando tácticas coactivas para “arreglar” su género y sexualidad “equivocados”. Él no debía ser hombre, y no tenía que sentirse atraído por las mujeres. La clínica le prometió a su familia que el programa de modificación de conducta que ofrecían podía corregir su “trastorno de conducta”—un diagnóstico sin ningún fundamento médico que puede aplicarse casi a cualquier cuadro y es un código aplicado con frecuencia a la homosexualidad y transgresiones de género.

Desde adicción a las drogas a «deshomosexualización»

Los activistas locales denominan a las prácticas de estos centros “deshomosexualización,” que supone quizás un fenómeno más cohesivo, organizado, orientado a un propósito de lo que en verdad es, aunque el término llega al núcleo del propósito de las prácticas. Muchos padres y familias—al igual que la clínica a la que se acercan—continúan entendiendo la homosexualidad como una adicción, un desorden sexual o una rebelión pasajera. Debido a la ignorancia, a la desesperación, o a ambas, ellos creen que separarlos por la fuerza de sus parejas o grupo de pares y exponerlos a una “disciplina severa” puede «curarlos.»

Con una enorme cantidad de denuncias de abusos cada año en los más de 200 centros de rehabilitación privados escasamente regulados, Ecuador enfrenta un gran problema. Los primeros centros de rehabilitación surgieron en el país en la década de 1970, varias décadas antes de que existiera algún organismo que los regulara. Se expandieron para cubrir el espacio que dejó un estado ausente cuyo presupuesto en salud pública fue desmantelado en la etapa del neoliberalismo en la década de 1990, justo cuando el país comenzó a ser testigo del creciente problema de las drogas. Más centros de rehabilitación fueron inaugurados en las décadas de 1980 y 1990, y en los últimos 15 años la cifra se ha multiplicado, a medida que proliferaban en cada provincia del país.

Generalmente, la teoría del cambio aplicada en los ofensivos centros de rehabilitación ecuatorianos es un sistema militarista de castigos que son administrados “hasta que cambias,” esto es, un modelo coercitivo. La estrategia varía, pero a este tipo de tratamiento en los centros se lo conoce informalmente como “garroterapia,” que significa algo así como “terapia del garrote.” Y a los centros que aplican las mencionadas prácticas se los llama “clínicas nazis.”

Descentralizadas y en su mayoría sin relación con las demás, estas clínicas no siguen un programa común o estándares específicos de cuidado ni están afiliadas a asociaciones profesionales. La mayoría de ellas adoptó el programa de Narcóticos y Alcohólicos Anónimos como modelo de tratamiento principal o único (un programa que no fue diseñado para ser aplicado en un sistema de residencias o instituciones cerradas). El entrenamiento y la acreditación del personal de estos centros son aleatorios. La mayoría funcionan desprovistos casi por completo de profesionales calificados.

De hecho, la mayor parte de estos centros son dirigidos por exadictos a las drogas que salieron de otros centros de rehabilitación parcialmente recuperados con escasas o ninguna perspectiva de empleo y vieron en la apertura de sus propios centros una oportunidad de trabajo y a veces de realización personal. Allí, ponen en práctica lo que aprendieron durante su propia recuperación con casi absoluta falta de supervisión profesional y de responsabilidad.

Los llamados “vivenciales” dan testimonio de cómo superaron su adicción y animan a los internos, en su mayoría también han salido recientemente de otros centros, carecen de experiencia o entrenamiento y posiblemente continúan luchando con problemas de salud mental o adicciones no resueltos. Pero se les asigna demasiada autoridad sobre los demás residentes y con frecuencia aplican los mismos métodos de trato violento o punitivo que recibieron cuando estaban internados.

Violentos, brutales y casi sin regulación

Hasta no hace mucho, las prácticas violentas, brutales e ilegales que sufrían los pacientes continuaban con total impunidad en muchos de estos centros. En sus formas más extremas, incluían el uso de métodos de contención, tranquilizantes, palizas, restricción de alimentos, confinamiento solitario, baldazos de agua, y otras formas de trato degradante.

Las detalladas disposiciones reglamentarias que regulan estas instituciones son actualizadas con regularidad por el Ministerio de Salud y a menudo publicadas en las oficinas de las clínicas, pero en la práctica casi no se cumplen. Diseñados para imponer normas de comportamiento por la fuerza, muchas de estas instituciones trabajan más como redes de crimen organizado o cárceles privadas extrajudiciales que como centros de rehabilitación. Una gran cantidad de ellos tienen como objetivo obtener ganancias. En algunos casos, incluso varios intentos de agentes del Ministerio de Salud de clausurar a los infractores fracasaron cuando las clínicas simplemente reabrieron sus puertas en el mismo lugar o en lugares cercanos.

Lamentablemente, esta falta de cumplimiento de las normas y las recompensas disponibles para los oportunistas han creado las condiciones para altos niveles de abuso. A pesar que la situación se ha mantenido durante varias décadas, la rápida expansión de centros clandestinos de rehabilitación se ha conocido ampliamente recién en los últimos 10 o 15 años, cuando algunos de ellos comenzaron a internar a lesbianas, transgéneros, y homosexuales para “tratar” específicamente su sexualidad o género que no se conformaba a la norma. Habiendo construido un modelo de negocios exitoso basado en el maltrato sin supervisión ni regulación de adictos en la década de 1990, con el advenimiento del siglo XXI estas clínicas estaban listas para expandirse, tanto en número como en su misión. Si podían curar el alcoholismo o la adicción a las drogas, sostenían los miembros del personal de algunos centros, ¿por qué no la homosexualidad? Por una suma de dinero, por supuesto…

Cómo terminas en una «clínica nazi» ecuatoriana

Esta es la manera en que homosexuales, lesbianas, y transgéneros terminan en estos centros de rehabilitación: la mayoría de ellos son llevados—engañados, drogados, o arrastrados contra su voluntad—por familiares que esperan «curar» o «modificar» su homosexualidad o transgresiones de género. Muchas familias están tan desesperadas que están dispuestas a pagar más de $500 al mes para alcanzar ese objetivo. Internar a un familiar homosexual, lesbiana o trans* en una clínica de rehabilitación de acceso restringido conlleva el beneficio adicional de separarlo de su compañero del mismo sexo e impedirle el contacto de manera forzosa.

Algunas clínicas han aprendido que la homofobia generalizada puede servir para ganar dinero, esto es, para hacer buenos negocios. En docenas de centros que investigué en todo el país, entre el 60 y el 100 por ciento de los residentes eran retenidos contra su voluntad. Muchos de ellos—y casi todos los internos LGBT cuyas historias reuní—fueron “capturados,” a menudo de manera violenta, por familiares o por personal de la clínica para trasladarlos hasta el lugar (otra práctica técnicamente ilegal usada habitualmente de manera impune). Una vez en la clínica, las personas LGBT enfrentan los mismos abusos que el resto de sus compañeros heterosexuales, la mayoría de los cuales ha sido internados debido al abuso de sustancias.

Aunque no existen casos documentados de tratamiento explícito de conversión sexual en estos centros hasta fines de la década de 1990, la “deshomosexualización” es la cereza del postre de una larga historia de abuso institucional. Sin embargo, ser capturado, internado por la fuerza, y mal tratado para ser obligado a cambiar una identidad de género u orientación sexual profundamente arraigada es un tipo diferente de atentado a la dignidad—uno con graves consecuencias psicológicas.

Existieron numerosos casos—al menos 30 denuncias públicas documentadas—de homosexuales, lesbianas, y personas trans que fueron sometidos a internamiento forzoso y tratamientos de “deshomosexualización” contra su voluntad. Las organizaciones que defienden al colectivo LGBT en Ecuador han sugerido que se producen 30 o más nuevos casos cada año.

¿Cómo es posible que esto sea legal, podría preguntarse? No lo es, pero el estado ecuatoriano hace tiempo que está ausente en cuanto a hacer cumplir las disposiciones reglamentarias en estos espacios y recién ahora está tratando de controlar los ya famosos centros de rehabilitación. En gran medida impulsado por los activistas locales que han llamado la atención hacia el asunto del internamiento de personas LGBT en estos centros, el gobierno ecuatoriano ha anunciado en repetidas ocasiones que ha redoblado los esfuerzos para poner fin a estas prácticas.

Luego de un nuevo caso de gran repercusión mediática ocurrido en 2013, cuando una joven lesbiana fue internada a la fuerza por sus padres, el Ministerio de Salud prometió regular mejor el problema de los centros de rehabilitación fuera de control y clausurar las clínicas infractoras. Sin embargo, las medidas del estado definitivas hasta ahora se han visto impedidas en gran medida por demoras de difícil solución y una persistente incapacidad para controlar las clínicas fraudulentas. Mientras tanto, los intentos de terapia de conversión forzosa probablemente continúen impunemente en docenas de centros de rehabilitación privados y a menudo aislados en Ecuador.

En 2011, el tema generó una tormenta en los medios internacionales cuando en Change.org se publicó una campaña solicitando la clausura de dichas clínicas. En aquel momento, los centros de rehabilitación reparativos de Ecuador fueron erróneamente llamados clínicas de “ex-gays” afiliadas o dirigidas por organizaciones de “ex-gays”, actores diferentes y promotores de cambios en la orientación sexual que tienen una marcada presencia en el país.

Ministerios ex-gays versus centros de rehabilitación

A diferencia de los ministerios ex-gays, los centros de rehabilitación que practican algún tipo de terapia de modificación de la orientación sexual no constituyen esfuerzos bien organizados o un movimiento ideológico coherente, sino más bien existen como una forma libremente organizada de explotación oportunista. No emplean terapias de conversión de manera deliberada o intencionada como los ministerios ex-gays; sino que simplemente aplican los mismos métodos a los “homosexuales” que a quienes abusan de sustancias, para los cuales carecen igualmente de formación profesional.

Esto no significa que los dos están completamente desvinculados: ambos, los centros de rehabilitación y el movimiento de ex-gays comparten una concepción de la homosexualidad como un comportamiento que puede y debe ser modificado. Esta es la afirmación subyacente—que tienen internalizada los directivos y el personal de los centros de rehabilitación y las familias de los pacientes y a veces los mismos pacientes—que continúan alimentando la práctica y proliferación de esfuerzos de modificar la orientación sexual y la presencia de homosexuales, lesbianas, y personas trans* en los centros de rehabilitación ecuatorianos. Ninguna otra entidad es tan activa y exitosa en la difusión del mensaje de que el “cambio es posible” como lo es el movimiento de ex-gays.

Por lo tanto, aunque los ministerios ex-gays pueden condenar de manera explícita y distanciarse de las tácticas violentas y del confinamiento forzoso aplicado en algunas de las clínicas de rehabilitación ecuatorianas, el movimiento transnacional de ex-gays aún cumple un importante rol en la promoción de la premisa subyacente que permite estas prácticas; esto es, la idea de que la homosexualidad puede—y en consecuencia, debe—ser modificada.

Discutamos los problemas

El asunto de los intentos de modificar de manera coercitiva la orientación sexual en clínicas de rehabilitación es un grave problema de derechos humanos en Ecuador y la respuesta debe incluir reglamentaciones más severas que las actualmente vigentes. En sus intentos por abordar el problema, el Ministerio de Salud declara haber clausurado hasta ahora más de 100 centros privados de rehabilitación por incumplir los estándares regulatorios o incurrir en infracciones. El Ministerio ha anunciado planes para abrir sus propios centros públicos de rehabilitación en cada provincia del país para finales de este año. Pero a muchos que llevan años trabajando en el tema les preocupa que esta medida, pese a mejorar las condiciones para todos los pacientes, no se ocupa del problema subyacente de la homofobia generalizada en la sociedad.

Este enfoque solo considera el lado de la oferta del problema.

También se debe prestar atención al lado de la demanda. La deliberada difusión del argumento de que la homosexualidad puede y debe modificarse, transmitido en el discurso público por el movimiento de ex-gays y las instituciones religiosas que lo apoyan (incluso en EE. UU.), alimenta y respalda la permanencia y aparente legitimación de las terapias tendientes a modificar la orientación sexual, ya sea que tengan lugar en ministerios ex-gays, iglesias, consultorios psicológicos o centros de rehabilitación.

Pero esto no funciona. El mismo Jorge lo dice mejor: “Nunca cambiaré.”

Annie Wilkinson es una feminista e investigadora dedicada al estudio de temas de género y sexualidad a nivel internacional. Es autora del libro Sin sanidad, no hay santidad: las prácticas reparativas en Ecuador, publicado por FLACSO-Ecuador (2013).