Imagen de Hugh D'Andrade, mezclada por Hisham Almiraat, utilizada con permiso

El pasado abril, nueve escritores relacionados con el colectivo de blogueros etíopes Zone 9 fueron detenidos y encarcelados. Once semanas más tarde se presentaron cargos contra ellos en aplicación de la Ley Antiterrorista. Desde su arresto, Soleyana Gebremicheal y Endalk Chala, dos miembros del colectivo que ahora viven en Estados Unidos, han pedido incansablemente la liberación de sus colegas. Global Voices tiene el honor de publicar esta contribución original de Soleyana y su colega Patrick Griffith, que ahora piden al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria que intervenga a favor de los blogueros.

Por Soleyana S. Gebremicheal y Patrick Griffith

A pesar de la pronta condena desde las más altas instancias que recibió la detención de blogueros y periodistas independientes en Etiopía hace nueve meses, la atención internacional se va desvaneciendo al tiempo que los procedimientos previos al juicio se eternizan. El encarcelamiento de tres periodistas independientes y seis miembros del colectivo bloguero Zone 9 no es solo un intolerable ataque a la prensa, es también ilegal y desmesurado.

Tras su fundación en mayo de 2012, el blog Zone 9 ha recibido una extensa atención por parte de activistas e intelectuales etíopes, que utilizaban la web para promover derechos políticos consagrados por las leyes internacionales y las propias leyes etíopes. Durante un tiempo, consiguieron maniobrar en un entorno mediático cada vez más restrictivo. Cuando se bloqueó el acceso a la web desde dentro del país, sus miembros publicaron artículos en los medios sociales. Cuando las autoridades citaron en 2013 a los colaboradores para interrogarlos y acusarlos de amenazar la seguridad nacional, el grupo cesó temporalmente de escribir sobre temas políticos. Pero cuando los activistas anunciaron que reactivaban la web para centrarse en las cercanas elecciones nacionales etíopes previstas para mayo de 2015, la respuesta del gobierno fue contundente: pocos días después, seis miembros de Zone 9 y tres periodistas independientes que los conocían socialmente estaban tras las rejas.

Finalmente, el gobierno acusó a los nueve detenidos de terrorismo y traición.

El uso de leyes de seguridad nacional demasiado imprecisas para silenciar a activistas pacíficos puede parecer una reacción excesiva ante el activismo en la Red, pero en Etiopía, los procesos judiciales politizados se han convertido en moneda corriente. Desde que el gobierno aprobó la muy criticada Ley Antiterrorista, los fiscales han tejido una red cada vez más amplia en un intento de silenciar cualquier tipo de disidencia. El gobierno aplica la ley para detener a periodistas críticos, activistas de la oposición y disidentes religiosos, sin que parezca importarle que el abuso de estas leyes amenace con minar seriamente su credibilidad ante sus aliados en una región que sufre amenazas terroristas muy reales.

La condena de estas tácticas ha sido casi unánime. El antiguo Comisionado de NU para los Derechos Humanos, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y numerosos líderes políticos –entre ellos John Kerry, secretario de estado norteamericano– han pedido que se ponga fin al encarcelamiento de escritores y activistas pacíficos con acusaciones de terrorismo. En el caso del editor etíope Eskinder Nega, el Grupo de Trabajo de NU sobre la Detención Arbitraria comprobó que se habían violado leyes internacionales específicas cuando se le sentenció a 18 años de prisión en aplicación de la Ley Antiterrorista de 2009. No obstante, a pesar de tanta insistencia, los procesos judiciales han continuado.

Ya hace nueve meses que las autoridades etíopes arrestaron a los blogueros de Zone 9 y a sus compañeros periodistas. Durante los tres primeros meses los retuvieron en la célebre comisaría de Maekelawi en Adís Abeba, donde según los informes, la tortura es habitual. De hecho, una queja preparada por el grupo de la Comisión de Derechos Humanos en Etiopía indica que las autoridades han maltratado severamente a algunos detenidos mientras los interrogaban sobre sus críticas al gobierno y sus contactos con organizaciones internacionales de derechos humanos. Se les ha golpeado, amordazado, negado alimento y descanso, expuesto a temperaturas gélidas y amenazado para que no denunciaran el maltrato. Las mujeres han sido insultadas durante los interrogatorios, y se han enfrentado a acoso e intimidaciones a causa de su sexo. A todos ellos se les obligó a firmar confesiones falsas.

Aunque el gobierno ha celebrado 16 vistas preliminares, el juicio aún está por comenzar. No obstante, si los casos anteriores sirven como indicativo, el resultado ya se ha decidido. Es por eso que el Proyecto Etíope de Derechos Humanos y Freedom Now han presentado una petición al Grupo de Trabajo de NU sobre la Detención Arbitraria, en la que se demuestra que la detención de estos pacíficos activistas viola la ley internacional. El trabajo de estos activistas y periodistas en defensa de derechos básicos está claramente protegida por el derecho internacional y los tratados que el gobierno etíope ha ratificado, entre ellos la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Como tal, la encarcelación de estas personas con acusaciones espurias de terrorismo es arbitraria e ilegal.

Soleyana S. Gebremicheal encabeza el Proyecto de Derechos Humanos en Etiopía y es miembro del colectivo Zone 9. Patrick Griffith trabaja como abogado en la organización de defensa legal Freedom Now.