La versión original de este post apareció en el blog IGMENA.

El “derecho al olvido” de la Unión Europea ha dejado a muchos activistas en la región árabe con temor de que los gobiernos aprovechen la ley para limitar aún más las libertades de expresión y de información en Internet.

Ben Ali reunido con George W. Bush en Washington, DC, 2004. Fotografía por Paul Morse, liberada al dominio público.

La decisión del Tribunal permite a los ciudadanos solicitar que los motores de búsqueda desindexen los enlaces a la información personal que se considere “imprecisa, inadecuada, irrelevante o excesiva” para que no aparezca en los resultados de búsqueda. La corte aclaró que el derecho al olvido “no es absoluto” y que se requiere una evaluación caso por caso para asegurar que el derecho al olvido de un individuo no viole el derecho público a la información.

Sin embargo, desde el fallo judicial, Google ha informado que ha recibido más de 135,000 pedidos de remoción de enlaces de sus resultados de búsqueda. En agosto, el buscador más grande del mundo anunció que había aprobado más del 50% de las solicitudes recibidas. Estas incluían enlaces a legítimo trabajo periodístico y a artículos de noticias publicados por la BBC, the Guardian, y the Daily Mail, algunos de los cuales fueron restablecidos en respuesta a las objeciones planteadas por los periodistas. La empresa difunde periódicamente datos seleccionados acerca del proceso, que pueden consultarse aquí.

¿Qué sucedería si una política como esta se aplicara en la región árabe?

Aunque la implementación del derecho al olvido está actualmente limitada sólo a Europa, el fallo acerca del “derecho al olvido” del Tribunal de la UE podría inspirar a los regímenes represivos a expandir sus prácticas de aplicar filtros a Internet. “Será usado por otros gobiernos que no son tan adelantados ni progresistas como Europa para cosas malas,” advirtió en mayo pasado el CEO de Google Larry Page.

En una entrevista por correo electrónico, Dhouha Ben Youssef, un activista tunecino por la libertad y la intimidad en la red escribió manifestando estar de acuerdo con Page.

“Estos gobiernos sacarán provecho de esta directiva. La gente poderosa será capaz de ocultar sus acciones vergonzosas de su reputación en línea. Por ejemplo, los políticos podrían pedir que se retiren posts que critican sus políticas y abusos de poder,” Ben Youssef explicó. “Esto tendrá un gran impacto en el periodismo de investigación que está surgiendo en la región.”

No hay razones para que los gobiernos árabes no apliquen su propio modelo del “derecho al olvido”, si quieren hacerlo. Todo lo que deben hacer es preparar otro proyecto de ley represiva o simplemente ordenar a los proveedores del servicio de internet (ISP) que bloqueen aquellos contenidos que violen el controvertido principio.

Los gobiernos de la región ya han establecido estricta legislación contra la difamación y amplia protección de la intimidad sin posibilidad de revisión legal o mecanismos de apelación. Estas políticas niegan sistemáticamente a los usuarios acceder a información y sirven para procesar judicialmente a quienes revelan el mal desempeño o conducta indebida de los funcionarios estatales y de otros poderosos actores. La primavera pasada, Social Media Exchange realizó un estudio en profundidad sobre este tipo de legislación — su trabajo podría servir como hoja de ruta para los activistas que buscan evitar la sanción de leyes en esta dirección.

El decreto de Emiratos árabes unidos sobre Ciberdelitos sienta las bases
En 2012, Emiratos Árabes Unidos (UAE por su sigla en inglés) aprobó el Decreto federal No. 5/2012 para combatir los ciberdelitos, presuntamente orientado a “brindar protección legal de la intimidad de toda la información publicada en línea.”

Sin embargo, como muchas otras leyes represivas aprobadas por los regímenes árabes en los últimos años, esta es ley sólo una herramienta más para legitimar la supresión del discurso y del disenso político en línea.

El decreto incluye una lista exhaustiva de las actividades ilegales, todas consideradas delitos bajo un manto de protección de la intimidad. La norma declara ilegal:

…using an electronic network or any information technology means for the unwarranted violation of the privacy of others by eavesdropping, intercepting, recording or disclosing conversations, communications, audio and video material; taking photographs of others, creating electronic photos of others, disclosing, copying or saving them; publishing news, electronic photographs or photographs or scenes, comments, data and information even if they are authentic.

…usar una red electrónica o cualquier tecnología de información para violaciones injustificadas a la privacidad de los demás escuchando a escondidas, interceptando, grabando o revelando conversaciones, comunicaciones, material de audio y video; tomando fotografías de otros, creando fotos electrónicas, publicando, copiando o guardandólas; publicando noticias, fotografías digitales o escenas o fotos, comentarios, datos e información aún cuando sean auténticos.

El derecho al olvido y el decreto de UAE No. 5/2012 tienen un peligroso punto en común: ambos limitan la difusión de contenido auténtico con el propósito de proteger los derechos a la intimidad de otros. En la región árabe el objetivo parece ser ocultar evidencia de actos indebidos de políticos y funcionarios públicos. Aunque el derecho al olvido de la UE está orientado supuestamente a proteger a los sujetos privados, el hecho de que los ex políticos de la UE estén autorizados a ejercer el derecho al olvido es preocupante.

La Internet y el mundo no deben olvidar los actos vergonzosos y la corrupción de los políticos cuando abandonan el cargo. Todos hemos sido testigos de cómo los funcionarios públicos son tentados nuevamente por el poder poco tiempo después de retirarse. El ex presidente francés Nicolas Sarkozy anunció recientemente su retorno a la política pese a las acusaciones de corrupción en su contra. En Túnez, donde trabajo como periodista freelance, los funcionarios que se desempeñaron durante el ex régimen autocrático y corrupto de Zine el-Abidine Ben Ali están volviendo a la escena política y postulándose para las elecciones legislativas y presidenciales.

Uno podría argumentar que los filtros en Internet ya se han generalizado en la región y que el fallo sobre el derecho al olvido del Tribunal de la UE no va a mejorar ni empeorar la situación. Esto es cierto hasta cierto punto, pero el nivel de las prácticas de filtrado de Internet varían de un país a otro. Mientras algunas prácticas del gobierno extienden los filtros Internet, otros los mantienen en niveles mínimos.

En Túnez, por ejemplo, Internet ha permanecido abierta y relativamente libre de censura desde el derrocamiento de Ben Ali. Pero una cantidad de funcionarios del gobierno aún abogan por la reinstauración de las prácticas de filtrar contenidos para combatir la “difamación” y el “terrorismo.” Pronto, ellos pueden comenzar a reclamar la aplicación de filtros a Internet para proteger el derecho al olvido de otros, bajo el argumento de que incluso la «democrática» Europa consagra este derecho.

Los dictadores tienen mucho que aprender de las prácticas no democráticas de las “democracias occidentales»
“Para Reporteros sin fronteras (RWB), si nos muestran cómo Francia monitorea el ciberespacio, nosotros nos comprometemos a hacerlo mejor.” Esa fue la respuesta del ex ministro de TIC Mongi Marzouk, cuando RWB criticó al gobierno tunecino por crear la controvertida Agencia Técnica de Telecomunicaciones, encargada de investigar “delitos informáticos.”

“Esta ley tomó como referencia la Convención de Budapest [sobre Ciberdelitos],” afirmó Marzouk en defensa del decreto que estableció la agencia. Aunque la Convención de Budapest marcó un paso importante en la construcción de los estándares legales internacionales para ciberdelitos, está lejos de ser perfecta — muchos activistas consideran que la Convención carece de suficiente protección para el uso no malicioso de ciertas tecnologías.

Los funcionarios del gobierno árabe no dudan en sostener que sus prácticas y leyes son tan democráticas como las europeas, incluso cuando no lo son. Ellos también aprenden de las prácticas no democráticas de las “democracias occidentales.” De la misma manera que las prácticas de espionaje masivo de NSA pueden ayudar a las dictaduras, también puede hacerlo el derecho al olvido.

Los legisladores de la UE necesitan tener presente que cada ley que proyectan podría ya sea servir de inspiración para reformadores pro-democracia en países menos democráticos o incitar a los dictadores a “hacer cosas malas.” Depende de ellos elegir un lado.