El diputado Rubens Paiva junto a su esposa, Eunice. Foto de la Asamblea Legislativa en Sao Paulo

Cinco militares brasileños retirados están acusados formalmente de torturar y asesinar al diputado Rubens Paiva [en] en 1971, durante los años de la dictadura militar. El 26 de mayo pasado, en lo que se reconoce como un fallo histórico, la Corte Federal de Justicia [pt] admitió el caso contra estos militares retirados, y abrió de esa manera un nuevo capítulo sobre el oscuro pasado de Brasil.

En marzo de este año, el coronel retirado Paulo Malhães confesó [en] haber asesinado a Rubens Paiva, además de haber mutilado y escondido el cadáver. Más tarde se retractó [pt], y dijo que temía por su vida. Un mes después, Malhães fue asesinado en un supuesto robo armado en su casa, episodio que se encuentra bajo investigación. Tras haber encontrado más pruebas en la casa de Malhaes, tales como documentos que citan la participación de los cinco militares ya mencionados en el asesinato de Rubens, el Procurador General de la Nación los acusó formalmente.

El fallo de la corte no tiene precedentes. La Ministro de Derechos Humanos, Maria do Rosário, tuiteó [pt]:

Fundamental para a história democrática do país, a denúncia contra militares pela tortura, desaparecimento e morte de Rubens Paiva.

— Maria do Rosario (@_mariadorosario) Mayo 20, 2014

Fundamental para la historia democrática del país, cargos contra militares por la tortura, desaparición y muerte de Rubens Paiva. 

Mientras tanto, el blogger de derecha Reinaldo Azevedo dijo que la decisión del juez estuvo basada en “el razonamiento más exótico que leí en mi vida [pt].” La Ley de Amnistía [pt], reinterpretada para que quienes participaron del gobierno militar no puedan ser juzgados, está en vigencia. Por lo tanto, según Azevedo, aunque el régimen militar nunca tuvo el derecho de torturar y asesinar (sobre todo a alguien como el diputado, que no era un «terrorista»), las acusaciones actuales no deberían tener ningún valor legal. 

Sin embargo, el juez Caio Márcio Gutterres Taranto falló que las acusaciones que recaían sobre estos cinco oficiales constituían delitos según el Código Penal, y no delitos políticos. De esta forma, los acusados no están protegidos [pt] por la Ley de Amnistía del país.

Los acusados pueden todavía apelar esa decisión.

Decisión histórica

El reciente fallo de la Corte es parte de un nuevo capítulo en la historia de Brasil, en el que el país trabaja para compensar los años de silencio sobre el oscuro periodo en el que gobernó la dictadura militar. Desde la creación de la Comisión Nacional por la Verdad en 2012, el país se ha enfrentado a los recuerdos secretos de su pasado. Un informe preliminar da cuenta del hallazgo de 17 centros de tortura clandestinos [pt], que existieron en el país en ese momento. 

El caso de Rubens Paiva es uno de los más emblemáticos. Como diputado del Partido Laborista Brasileño en Sao Paulo, Paiva fue obligado a dejar su puesto tras el golpe militar de 1964.

Previo al golpe, Paiva fue también miembro del comité formado para investigar [en] las actividades de dos ONG importantes, el Instituto para el Estudio y la Investigación Social (Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais) y el Instituto Brasileño por la Acción Democrática (Instituto Brasileiro de Ação Democrática). El comité llegó a la conclusión de que esas organizaciones estaban sobornando a oficiales militares para que les brindaran información que luego era utilizada para propagar la idea de «la amenaza roja», que buscaba generar el miedo de que Brasil iba a ser conquistado por los comunistas. El dinero que los militares recibían se usaba para financiar el golpe de estado.

Tras vivir exiliado en Chile, Paiva regresó a Brasil y fue arrestado por la policía en 1971, cuando estaba en su casa en Río de Janeiro. Luego, desapareció, y aunque la versión oficial sostuvo que había sido secuestrado cuando lo tenían bajo custodia, había una sospecha generalizada de que había sido asesinado. Ahora sale a luz que fue asesinado con brutalidad, tras haber sido torturado, y que le removieron los dientes y las falanges de la mano para que su cadáver no fuera identificado [en]. 

Un largo camino por recorrer

Tras el caso de Paiva, se especula que otro caso, la “Masacre del Parque Nacional Foz do Iguaçu” [pt], también podría llegar a la Corte de Justicia. Conocido como “La masacre del Parque”, el episodio culminó con la muerte de seis activistas políticos [pt]–cinco brasileños y un argentino–, aunque los restos nunca se encontraron. El caso es investigado nuevamente por instituciones académicas y por la Comisión Nacional por la Verdad, para que se revele la verdad sobre este caso y para que se encuentre a los culpables, y lograr así dar por caso cerrado la misteriosa muerte y desaparición de esos activistas políticos.

A pesar de los avances de la Comisión Nacional por la Verdad, queda mucho por saber sobre la verdadera historia de la dictadura militar en Brasil. La periodista Juliana Dal Piva aseguró [pt], durante una de las sesiones de la Comisión, que todos los que trabajan para desenterrar la verdad, los periodistas, la comisión, e incluso el Fiscal General de la Nación, tienen que luchar para que las fuerzas armadas les brinden información. 

Tal vez la convicción de algunos de los torturadores del régimen militar pueda ser el puntapié para un cambio verdadero.

Si son condenados [pt], dos de los cinco militares retirados podrían recibir una sentencia de 37 años en prisión por homicidio, mientras que los otros tres podrían afrontar condenas de 10 años por fraude procesal, por formar parte de una asociación criminal armada y por esconder un cadáver.