Este artículo, escrito por Peter Watt [en], fue publicado originalmente [en] en el sitio web de NACLA (Congreso Norteamericano sobre Latinoamérica). Peter Watt enseña Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Sheffield. Es coautor del libro Guerra contra las drogas en México: Política, violencia y neoliberalismo en la nueva narcoeconomía (Zed Books 2012).

Fuente de la imagen: Seattle Times

Pablo tiene 14 años y recoge frutas en el Este del estado de Washington. Al contar cómo salió de México hacia Estados Unidos con su padre, se quiebra y empieza a llorar incontrolablemente. Una vez que las lágrimas empiezan, simplemente no pueden parar. Un médico voluntario que trabaja con “ilegales” sin seguro sugiere que Pablo sufre de estrés postraumático, una condición que normalmente se asocia con veteranos de guerra, pero que observa cada vez más entre migrantes indocumentados de México. Pablo no tenía deseos de migrar al Norte, tampoco su padre, pero son dos entre los millones de refugiados económicos que dejaron su hogar movidos por la desesperación.

Primero fue viajar a través de cientos de kilómetros, en todos los climas, en el techo de un tren mexicano. El miedo constante e implacable de ser atacado y secuestrado por bandas armadas como los Zetas, que trabajan en colaboración con la policía. Luego, llegar a la frontera Norte e intentar desesperadamente evitar atención no deseada de soldados de infantería de los cárteles que buscan reclutar a la fuerza a nuevos traficantes de drogas y asesinos. Luego, cruzar la frontera altamente militarizada y vagabundear en el remoto desierto durante días, sabiendo que perderse o quedarse sin agua significa una muerte atroz. Incluso en el desierto, hay bandas criminales al acecho de migrantes desafortunados. Y luego está la mayor fuerza policial en Estados Unidos —la Patrulla de la Frontera. Más allá de la frontera, hay otros 2,400 kilómetros al Este de Washington para unirse a unos cuantos familiares que apenas ganan dinero recogiendo uvas para la floreciente industria vinícola. Cualquier error o mala suerte en el camino significa deportación, o por lo menos separación de un padre que puede terminar en un centro de detención privado por varios meses seguidos. Los invisibles, los nadie de las clases bajas de México y Estados Unidos rara vez han sido tan codiciados, pero por las razones equivocadas y las más perversas.

Cosecha de uvas en Sunnyside, WA. Fuente: Goodfruit.com

Estados Unidos tiene la mayor fuerza laboral inmigrante [en] del mundo. Los inmigrantes constituyen 14% del trabajo en Estados Unidos y 20% de la fuerza laboral de bajas remuneraciones. Los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, que constituyen el mayor grupo de inmigrantes, también comprende el mayor número de trabajadores mal pagados en la economía más poderosa del mundo. Hasta 52% de los 11.1 millones [en] de migrantes indocumentados ahora en Estados Unidos nacieron en México.

Para 2003, los consumidores nacidos de origen mexicano en Estados Unidos contribuyeron [en] con un estimado de $395,000 millones a la economía estadounidense. No obstante, el gobierno estadounidense tiene pocas obligaciones legales para ofrecerles siquiera beneficios estatales mínimos a los migrantes indocumentados. Así, aunque pueden producir y gastar miles de millones en Estados Unidos, el estado hace poco a cambio, una situación que recompensa a gobierno y empleadores, pero que es desastrosa para el trabajador indocumentado.

Esta contribución a la economía estadounidense no sería posible sin una fuerza laboral en donde millones ya han corrido el riesgo de ir a prisión, ser deportados, ser víctimas de abuso físico y muerte. Lo que se considera ampliamente como uno de los recorridos más peligrosos del mundo, a través de México encima de trenes de carga, se ha convertido en un rito de iniciación a un sueño americano hecho añicos en el que laborar en los campos, trabajar como consejers o ser explotados en las industrias de servicio a menudo pagados por debajo de la remumeración mínima y tratados como a una subclase racial, se ve como preferible a oportunidades aun más limitadas en América Central y México.

Los migrantes, lejos de de buscar “limosnas”, entran abrumadoramente a Estados Unidos para escapar de la dura pobreza en México. ¿Por qué otra razón se arriesgarían a enfrentar los múltiples peligros del viaje hacia el Norte, tolerar condiciones de trabajo humillantes y bajas remuneraciones, arriesgarse a un arresto, prisión y posible deportación, si no es por desesperación? De un lado, la política estadounidense exhorta la integración de mercados globalmente y el libre tránsito de bienes, pero penaliza a quienes intentan moverse tan libremente como el capital extranjero. En pocas palabras, se puede ver mucha de la historia de los migrantes mexicanos en Estados Unidos como una penalización de la pobreza.

La reciente huelga de hambre [en] en el centro de detención privado NorthWest en Tacoma, Washington, es una adecuada ilustración de esta tendencia. La huelga fue provocada por el pésimo trato a los detenidos y la prolongada encarcelación de personas cuyo delito es ser pobres. En medio de la crisis financiera de Estados Unidos, la muy necesaria fuerza laboral indocumentada es ahora un excedente. En respuesta, el presidente Obama ha deportado a dos millones de migrantes [en], más que ningún otro presidente estadounidense. Y las instalaciones privadas de detención como el de Tacoma —en la impecablemente cínica lógica del capitalismo reciente— pueden ahora obtener envidiables ganancias (cortesía del contribuyente) sobre las espaldas de la fuerza laboral descartable y sobrante.

Muchos de esos deportados a México (y otros lugares) han vivido en Estados Unidos desde niños y ya no tienen relación con el país del cual son ciudadanos. Han crecido y tenido familias. Según el programa de aplicación de la ley de Comunidades Seguras, implantado por el gobierno de Bush y expandido en el de Obama, el 39% [en] de los detenidos por delitos migratorios tiene cónyuges o hijos (o ambos) que son ciudadanos estadounidenses, con lo que resulta en la ruptura y a veces ruina financiera de las familias cada vez que otro sostén de la familia “ilegal” es deportado.

Hace casi 120 años, el organizador político A. L. Montalvo lamentó la discriminación racial que sufrían los trabajadores mexicano-estadounidenses, e hizo ver que se les trataba como “bestias de carga”. Su afirmación lastimera de que “pueden ser suficientemente buenos para trabajar pero no suficientemente buenos para ejercer ningún derecho civil” resuena hoy con alarmante intensidad.