El pasado 5 de enero, los destacados activistas egipcios Alaa Abd El Fattah [en], su hermana Mona Seif [en] y otras diez personas fueron condenados a una pena suspendida de un año en un caso en el que fueron acusados ​​de incendiar la sede de la campaña del ex candidato presidencial Ahmed Shafiq. Este es uno de los muchos casos que preocupa a las comunidades de activistas egipcias e internacionales, por el aparente contragolpe del gobierno a quienes impulsaron activamente la revolución del 25 de enero de 2011 en Egipto.

ﻓﺮﺍﺷﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻣﻌﺎﻧﺎ :) @Monasosh pic.twitter.com/IXtSkS5L3z

— Rasha Abdulla (@RashaAbdulla) January 5, 2014

El tuit muestra a Mona Seif saliendo de la sala del tribunal donde se le acaba de condenar a una pena suspendida de un año.

Alaa no asistió al juicio. Ha estado detenido desde el 28 de noviembre, tras haber sido acusado de organizar una protesta en frente del Consejo de la Shura (la cámara alta del Parlamento egipcio) sin haber obtenido permiso legal. Dos días antes de la protesta, los legisladores aprobaron una ley [en] que exige que todos los organizadores de protestas presenten ante el Ministerio del Interior información logística sobre las protestas planificadas. Según la nueva política, el Ministerio se reserva el derecho (indefinidamente) a exigir un cambio de la logística. En términos prácticos, esto permite al Ministerio impedir que se celebren protestas, si así lo decide.

La protesta en cuestión fue organizada por el grupo No a los juicios militares a civiles [en], una campaña iniciada por Mona Seif, pero de la que su hermano Alaa no es miembro. El grupo emitió un comunicado de prensa reivindicando responsabilidad por la organización de la protesta. Miembros del grupo también han presentado un informe ante la Fiscalía asumiendo responsabilidad por el evento. La protesta, que tuvo lugar el 26 de noviembre, pedía la abolición de los juicios militares a civiles en la nueva constitución que Egipto votará este mes.

La policía dispersó la protesta violentamente, aproximadamente media hora después de su inicio. La policía detuvo a 11 mujeres, la mayoría de ellas miembros del grupo No a los Juicios Militares, y 24 hombres. Las mujeres, todas las cuales fueron golpeadas y algunas de las cuales fueron acosadas ​​sexualmente durante su detención, permanecieron detenidas durante varias horas. Luego fueron obligadas a subir a un vehículo policial y abandonadas en el desierto poco después de la medianoche. Los hombres estuvieron detenidos durante una semana y ahora están en libertad (a excepción de uno, Ahmed Abdel Rahman), pendientes de investigación. Alaa fue detenido cuando la policía irrumpió en su casa dos días más tarde y acusado de organizar la protesta. Esta acusación se produjo a pesar de que Alaa esperó fuera de la comisaría de policía, donde su hermana estuvo detenida el 26 de noviembre toda la noche, hasta que fue recogida por amigos cuando ella y sus colegas fueron abandonadas por la policía en el desierto. Aunque tanto Alaa como Ahmed Abdel Rahman han estado detenidos durante más de un mes pendientes de investigación, aún no se ha asignado fecha para el caso.

La condena suspendida [en] debería permitir a los activistas servir un período de libertad condicional, en lugar de ir a la cárcel, a condición de que acaten la ley durante este período.

Estos no son los únicos dos casos actualmente en curso contra destacados activistas en Egipto. Ahmed Maher [en], Ahmed Douma y Mohamed Adel han sido todos recientemente condenados a una considerable pena de tres años [en] con trabajos forzados en otro caso, en el que también fueron acusados ​​de organizar una protesta sin permiso. Maher es el fundador del Movimiemto Juvenil 6 de abril y Adel es portavoz del grupo. Los tres activistas también han sido multados con 50 000 libras egipcias (7000 dólares) cada uno y serían puestos en libertad condicional por tres años más si son declarados culpables. Los activistas han apelado la sentencia, pero actualmente permanecen en prisión.

En Alejandría, los veteranos activistas Mahinour El Masri y Hassan Mostafa, junto con otras cuatro personas, fueron declarados culpables de organizar una protesta sin permiso y condenados a penas de dos años de cárcel [en] y una multa de 50 000 libras egipcias (7000 dólares) cada uno. Hassan Mostafa acababa de ser liberado de la cárcel en noviembre, después de que el Ministerio Público suspendiera la sentencia de un año que recibió por abofetear a un fiscal mientras presentaba una denuncia por torturas a los detenidos.

Los activistas en Egipto creen que estos y otros casos son meramente de naturaleza política y destinados a mantener a destacados activistas entre rejas e intimidar a otros para mantenerlos alejados del proceso político. El gobierno aprobó la Ley Antiprotestas [en] en noviembre, alegando que era necesario controlar el caos creado en su mayoría por simpatizantes de la Hermandad Musulmana en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que a menudo se tornaron violentos. Sin embargo, desde que ha entrado en vigor, la ley se ha utilizado para reprimir todo tipo de oposición, incluyendo a manifestantes pacíficos y los individuos y grupos que han estado estrechamente asociados con la revolución del 25 de enero y sus secuelas.