Foto estilizada de cámaras de vigilancia. Imagen de Corey Burger vía Flickr (CC BY-SA 2.0)

Los activistas tunecinos temen que la vigilancia masiva y la censura de Internet puedan volver a su país tras la creación de una nueva agencia de telecomunicaciones «de investigación». El 6 de noviembre, el gobierno tunecino anunció la creación por decreto de la Agencia Técnica de Telecomunicaciones (ATT o A2T). El artículo 2 del decreto n° 2013-4506 [fr] resume el mandato de la agencia:

La Agencia Técnica de Telecomunicaciones ofrece apoyo técnico a las investigaciones judiciales sobre delitos relacionados con las TIC. Con este fin tiene encomendadas las siguientes tareas:

- recibir y procesar las órdenes procedentes de la autoridad judicial para investigar y registrar los delitos relacionados con las TIC, de conformidad con la legislación aplicable.

- coordinar, en todas las tareas indicadas, con los diferentes operadores de redes de telecomunicaciones públicas, redes de acceso y todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones relevantes, de conformidad con la legislación aplicable.

- operar los sistemas nacionales de control del tráfico de telecomunicaciones, de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos y las leyes de protección de datos personales.

Los miembros de la ATT aún no han sido nombrados y la agencia no ha comenzado sus actividades. Pero ya ha generado asombro entre activistas y blogueros [fr], quienes afirman que el decreto n° 2013-4506 carece de los mecanismos necesarios para proteger los derechos de los usuarios.

El artículo 5 del decreto establece que el informe anual sobre las actividades de la ATT será «secreto, no se publicará y sólo se enviará al gobierno». El activista Skander Ben Hamda [fr] calificó al decreto de la ATT de ‘deshonesto':

Esta agencia es similar a docenas de otras agencias de todo el mundo, establecidas bajo el pretexto de la lucha contra el delito informático o lucha contra el terrorismo, que transforman al Estado en un Estado de vigilancia masiva. El decreto que establece esta agencia es deshonesto: ausencia total de la sociedad civil y falta de transparencia.

En Twitter, el miembro del Partido Pirata Tunecino Raed [en] comparó la ATT con la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU.:

We finally have our own Tunisian law-abusing agency .. o/ #NSA-like #A2T #Tunisai

— RaedSSL ˙ ͜ʟ˙ (@Raed667) November 15, 2013

Por fin tenemos nuestra propia agencia tunecina abusando de la ley…

En un comunicado [ar] emitido el 20 de noviembre, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de Túnez dijo que la creación de la agencia tiene como objetivo «proteger el ciberespacio nacional [del país] contra el crimen». El comunicado continuaba: «Se han establecido un conjunto de garantías sobre las actividades de ATT con el fin de consolidar el respeto a los derechos humanos, la protección de datos personales, la libertad de expresión en Internet y el derecho al acceso a la información.»

Pero esto no calmó los temores de los activistas. En una entrevista con Global Voices, la activista por la libertad en Internet Dhouha Ben Youssef [ar/en/fr] dijo: «El primer problema está ya en la forma, la creación de esta agencia se realiza a través de un decreto ─ no una ley que debe ser votada por la Asamblea Nacional Constituyente. Así, [no hay] ni siquiera un debate».

A diferencia de las leyes, los decretos son emitidos por el gobierno y no requieren la aprobación del parlamento.

«En segundo lugar, la introducción del decreto se basa en un conjunto de leyes obsoletas y represivas de la época de Ben Ali», agregó Ben Youssef.

«Hola querida, tu amado 404 [error] ha vuelto». Los internautas tunecinos utilizan el término «Ammar 404″ para referirse a la censura en Internet y la vigilancia bajo Ben Ali. Cartoon de Z.

El Código de Telecomunicaciones de 2001 y la Ley de Privacidad de 2004, fueron algunas de las leyes invocadas por el gobierno para establecer la ATT. Estas dos leyes contienen deficiencias que hacen a los usuarios vulnerables a la persecución judicial y la vigilancia estatal. El artículo 86 del Código de Telecomunicaciones dispone que toda persona declarada culpable de «hacer daño a otros o perturbar sus vidas a través de las redes públicas de comunicaciones» podría enfrentarse a hasta dos años de prisión. Este artículo en particular se ha utilizado muchas veces (antes y después de la revolución) para enjuiciar y condenar a blogueros y usuarios.

También preocupante es el hecho de que la autoridad de protección de datos tunecina (INDPD, por sus siglas en francés) sigue siendo débil bajo la Ley de Privacidad [en] de 2004. Entre otras deficiencias, la ley permite a las autoridades estatales recopilar y procesar datos personales sin el consentimiento del INDPD.

La autonomía y la neutralidad de la nueva agencia también han sido puestas en duda.

En virtud del artículo 4 del decreto, el director general de la agencia será nombrado por el Ministerio de TIC. Un comunicado [ar] del Partido Pirata Tunecino denunció que el artículo 4 «despoja [el trabajo de la agencia] de neutralidad y objetividad» y «hace posible espiar a la oposición».

El Ministerio ha dicho que se nombrará un comité de «seguimiento» dentro de la ATT, con la intención de garantizar la «correcta operación de los sistemas nacionales de control del tráfico de telecomunicaciones en materia de protección de datos personales y libertades públicas». Sin embargo, al igual que la propia agencia, este comité estará liderado por el director general de la ATT.

El comité de seguimiento estará compuesto por cinco representantes gubernamentales designados por los Ministerios de Derechos Humanos y Justicia Transicional, Interior, Defensa Nacional, TIC y Justicia. Un juez actuará como vicepresidente del comité y los dos miembros restantes serán representantes de la autoridad de protección de datos del país (INDPD) y el Alto Comisionado para Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, una institución gubernamental.

Con el establecimiento de la ATT, la legendaria Agencia Tunecina de Internet [en] (ATI) dejará de participar en la investigación de delitos informáticos. El presidente de la ATI, Moez Chakchouk, tuiteó :

#A2T established, #ATI as an IP Transit Service Provider isn't anymore related to #surveillance & #cybercrime investigations. #privacy

— Moez Chakchouk (@mchakchouk) November 15, 2013

A2T establecida, ATI como proveedor de servicios de tránsito IP ya no está involucrada en la vigilancia y las investigaciones de delitos informáticos.

De hecho, en medio del vacío legal e institucional tras la revolución tunecina, la ATI intervino frecuentemente para asistir en las investigaciones judiciales de delitos informáticos. «No tenemos ninguna restricción, pero intentamos ayudar al tribunal a resolver algunos casos, manteniendo un sistema de vigilancia mínimo», afirmó [en] Chakchouk durante la Conferencia de la Libertad en Línea de Túnez el pasado mes de junio.

Los activistas tunecinos ya han lanzado la campaña Stop #A2T [fr]. «Todavía hay tiempo para lograr que la sociedad civil y los internautas participen», dijo Ben Youssef. Sugirió que la junta de la ATT incluya a un representante de la sociedad civil. «Al añadir un representante a la junta directiva de A2T, vamos a vigilar a los vigilantes.»