Según el gobierno, la nueva ley le dará más poder a la policía para combatir la delincuencia organizada. Fotografía de Deucrox99, Wikipedia (Licencia CC)

Con el objetivo de acabar con la delincuencia organizada [en], se ha aprobado una enmienda [en] en Malasia que modifica la Ley de Prevención de Delincuencia (LPD) de 1959. Dicha enmienda le dará un mayor poder a las autoridades que, asimismo, podrán encarcelar a delincuentes durante un máximo de dos años sin necesidad de que se efectúe un juicio.

El gobierno declaró que se necesitaba una medida contundente como la LPD para poder combatir el aumento de la delincuencia en el país. Además, afirmó que el reciente aumento de la delincuencia se debe a la revocación de leyes controvertidas como el Decreto de Emergencia (DE) o la Ley para la Seguridad Interior (LSI). Durante mucho tiempo, la oposición ha clasificado a la DE y la LSI de poseer un carácter represivo que el gobierno normalmente ha usado para detener y perseguir a disidentes políticos.

La enmienda de la LPD se aprobó a principios de octubre, aunque algunos críticos han acusado a la administración de agilizar los trámites [en] para aprobar la medida en el parlamento.

El gobierno aseguró en una declaración pública que la nueva ley no se usará [en] contra los críticos y la oposición. También, aclaró que las nuevas disposiciones [en] de la ley son justas y transparentes. Sin embargo, estas declaraciones no han impedido que muchos colectivos hayan protestado [en] y hayan criticado [ma, en] algunos aspectos de las medidas.

William Leong, parlamentario de la circunscripción de Selayang, recalcó que se necesitan «medidas contundentes» [en] para combatir la delincuencia:

[…] lo que necesitan los ciudadanos malayos no es una simple herramienta o medida temporal que el ejecutivo ponga en marcha para perseguir individuos a causa de la avalancha de delitos, sino, más bien, medidas contundentes que sean capaces de disminuir la delincuencia a largo plazo sin violar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Mohamed Hanipa Maidin, parlamentario de la circunscripción de Sepang, declaró que la LPD era una pésima ley [en] además de la medicina equivocada para los problemas sociales de Malasia:

La modificación al LPD es una mala ley. Prescribe el medicamento equivocado para nuestros males sociales. Incluso si probar un caso en la corte es difícil en los casos de actividad delictiva de tipo mafioso, la solución está en otra parte.

La policía necesita ser actualizada y modernizada hacia el profesionalismo.

Mientras tanto, Tan Sri Robert Phang de Social Care Foundation entiende la necesidad de introducir nuevas leyes para hacer frente a las nuevas formas [en] de delincuencia:

En la actualidad, la delincuencia es muy diferente a la que acontecía en el pasado. No se opongan por el simple hecho de oponerse. Se dan casos de tiroteos casi a diario y esto le afecta a la gente de a pie. Es escalofriante.

Se producen cambios cada dos por tres. Al día de hoy, puede que la policía esté bien equipada; pero no podemos descartar la posibilidad de que los jefes de las bandas acaben mejor posicionados gracias al uso de Internet.

Esto es una guerra contra la delincuencia y, por tanto, hay que promover las leyes que sean necesarias.

Sin embargo, Tan Sri Simon Sipaun del blog Proham condenó el restablecimiento del arresto sin juicio [en]:

En lo que respecta a derechos humanos, el último clavo del ataúd que se puso en Malasia fueron las enmiendas de la Ley de Prevención de Delincuencia (LPD) que fueron aprobadas por el parlamento justo después de la medianoche del 2 de octubre de 2013.

La LSI ha vuelto con sed de venganza. Se trata de la LSI 2. La detención sin juicio representa una de las peores formas de violación de derechos humanos. De hecho, se da con mucha frecuencia en Estados totalitarios. Si el gobierno dispone de suficientes evidencias para arrestar a una persona, debería disponer de material suficiente para acusar a tal persona.

En la página web Malaysian Bar [en], Sabah Law Association y Advocates Association of Sarawak manifestaron su rechazo [en] a las enmiendas, ya que van a disminuir la adhesión del país a los estándares internacionales de derechos humanos:

[…] la clave a la hora de combatir la delincuencia no puede residir en la aprobación de leyes que vulneran nuestra adherencia al Estado de derecho a través de procesos y garantías constitucionales. Las enmiendas propuestas son de un carácter draconiano y no responden a la avalancha de delitos que sufre nuestro país, sino que evidencian la falta de capacidad por parte de la policía a la hora de combatir la delincuencia de forma adecuada.