A las organizaciones por los derechos humanos les resulta prácticamente imposible funcionar dentro de la legalidad en Arabia Saudita. Una vez más, esta monarquía absoluta ha bloqueado todos los esfuerzos del Centro Adala por los Derechos Humanos [en] por legalizar su trabajo en el país.

Hace poco se ha desestimado [en] la demanda interpuesta por el Centro contra el Ministerio de Asuntos Sociales, lo que ha despertado las críticas por parte de los activistas. Dicho Ministerio había denegado el registro del centro Adala como organización oficial en el 2011, cuando ésta se estableció. La solicitud del centro Adala [en] fue rechazada por no ser una organización caritativa, único tipo de asociaciones civiles autorizadas en el reino y, ahora, el tribunal ha resuelto que la negativa del Ministerio es compatible con las leyes y reglamentos.

Zaid al-Hussain, vicepresidente de la Comisión Gubernamental por los Derechos Humanos, le ha comunicado al periódico Al-Madina [ar] que espera que se redacte pronto una nueva Ley de Sociedad Civil.

El abogado de Adala, Taha Al-Hajji, se remitió a las recomendaciones del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, publicado en el 2008 [en]. Al-Hajji le comunicó al periódico Al-Hayat [ar] que Arabia Saudita debería garantizar el derecho que ostentan tanto representantes de la sociedad civil como defensores de los derechos humanos a establecer organizaciones y a ejercitar su derecho a la libertad de expresión.

En el portal Riyadh Bureau, el bloguero Ahmed Al Omran explica lo siguiente [en]:

En su veredicto, los tres jueces que presidían la causa determinaron que la negativa del Ministerio a registrar Adala como una organización autorizada es compatible con las leyes y normativas. El Ministerio sostuvo que la decisión de denegarle la licencia a Adala de basó en el hecho de que solo pueden obtener tal permiso las organizaciones caritativas, y las actividades de Adala no coinciden con lo que el Ministerio entiende por ese tipo de asociaciones.

Los jueces también mostraron su preocupación porque los principios y objetivos de Adala estén fundados en las leyes internacionales y en acuerdos tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues, según ellos, estas «leyes producto de la mano del hombre» no cumplen con la Sharia islámica.

Según la opinión de los jueces, «el uso indiscriminado de estas leyes, producto de la mano del hombre, como se desprende de la escritura de constitución del Centro, infringe el Artículo 7 de la Ley Básica de Gobierno». Dicha ley funciona como una «proto-constitución» en Arabia Saudita, país en el que los principios incodificados de la Sharia islámica constituyen la ley suprema, y en el que los jueces, clérigos en su mayoría, ostentan un poder excesivo a la hora de emitir veredictos de acuerdo con su propia interpretación de la ley.

La Unión por los Derechos Humanos:
La Unión por los Derechos Humanos se encontró en una circunstancia similar el pasado mes de mayo: Se convocó a todos los miembros a la oficina de investigaciones y persecuciones. Allí se les exigió que suspendieran cualquier actividad hasta que su asociación recibiera la autorización o, de lo contrario, serían detenidos.
Más tarde, el Ministerio de Asuntos Sociales desestimó su solicitud y les invitó a esperar hasta que se promulgase la nueva ley de sociedad civil.

El Activista Dr Madawi Al Rasheed hizo el siguiente comentario en Twitter sobre la continua represión que sufren las organizaciones por los derechos humanos y los activistas [ar]:

كلما زاد الوعي والنشاط الحقوقي كلما لجأت الانظمة الى السجون لردع الاخرين لكن الاستراتيجية تكون دوما فاشلة في المدى البعيد

— Dr Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) 6 de agosto del 2013

Cuanto más aumenta la conciencia del pueblo en torno a los derechos humanos, más recurren las autoridades al encarcelamiento de activistas para desalentar a otras personas a unirse a ellos. Pero esta estrategia está destinada al fracaso a largo plazo.

La Asociación por los Derechos Civiles y Políticos de Arabia Saudita:
En marzo, un juez ordenó la disolución de la Asociación por los Derechos Civiles y Políticos de Arabia Saudí, [en] ACPRA, que carecía de licencia, así como la puesta en prisión de dos de sus miembros. Cinco más se encuentran encarcelados con varios cargos, incluyendo el «cese de la lealtad al dirigente y su predecesor», el «intento de impedir el desarrollo del país» y la «incitación en medios de comunicación extranjeros».

De acuerdo con la ley saudita, la mayoría de las formas de asociación están prohibidas y el derecho de reunión está restringido [en]. Las organizaciones por los derechos humanos precisan de una licencia para operar, pero el Ministerio rara vez se las concede a este tipo de asociaciones. Además, la monarquía no reconoce ciertos derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión. La mayor parte de los procesos judiciales iniciados contra activistas por los derechos humanos se han basado en su involucramiento en organizaciones que «carecen de permiso» para operar.