México: Activistas piden investigación de software espía FinFisher

IFAI, Mexico. Photo by SFView. (CC BY-NC-SA 2.0)

IFAI, México. Foto de SFView (CC BY-NC-SA 2.0).

Un grupo de activistas de derechos humanos y periodistas presentaron una petición el jueves 20 de junio ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) de México, exigiendo una investigación sobre el posible uso de software de vigilancia FinFisher por el gobierno mexicano. El grupo sospecha que el software se ha utilizado para espiar a periodistas y activistas en el país.

El grupo, que incluye a personas y organizaciones cívicas tales como Propuesta Cívica A.C., Al Consumidor y Contingente MX, pidió al IFAI que investigue el uso de FinFisher, un producto de software de vigilancia malicioso. La petición afirma que dos proveedores de servicios de Internet locales, IUSACELL y UNINET, parecen estar vinculados a servidores de «mando y control» de FinFisher. FinFisher, producido por Gamma International, permite a los usuarios introducirse y controlar de forma remota los dispositivos electrónicos, infectándolos a través de acciones simples y aparentemente benignas, como hacer clic en un enlace o actualizar el software. A menudo capta mucha más información de la necesaria para llevar a cabo una investigación criminal.

La petición destaca el trabajo de investigadores en el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que han utilizado pruebas técnicas para detectar el uso de FinFisher en 36 países durante los últimos dos años. En un informe titulado «Solo haces clic dos veces» [en], expertos del Citizen Lab indicaron que los programas de FinFisher operaban en ambos servidores, IUSACELL y UNINET. El informe también sugiere vínculos entre FinFisher y un tercer proveedor de servicio de Internet, Telmex.

Un software espía de este calibre podría fácilmente exceder las limitaciones establecidas por la Ley de Protección de Datos [en] de México sobre el acceso por el gobierno a datos. La ley establece mecanismos para que la autoridad de datos determine si una institución pública o privada o una persona viola las leyes de privacidad; este procedimiento tarda menos de un año. Si el IFAI considera que se ha violado la Ley de Protección de Datos [en] puede imponer sanciones administrativas e incluso procesar a los infractores. Corresponderá al IFAI determinar si FinFisher se utiliza para actividades de vigilancia que superan las limitaciones establecidas por la ley.

México es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y signatario de la Declaración Universal de Derechos Humanos [en], que promueven una fuerte protección para la privacidad. El derecho a la privacidad también está consagrado en la Constitución mexicana de 1917.

Pero mientras México ha asumido un firme compromiso con la privacidad, tanto a nivel nacional como a través de foros internacionales, la aplicación de estas políticas no está garantizada. Y los ciudadanos pocas veces buscan que las autoridades rindan cuentas por sus acciones en este ámbito. El público de México se ha visto abrumado por la violencia relacionada con las drogas en los últimos años, un problema que ha dejado a los ciudadanos temiendo por su seguridad y por lo general sin oponerse a prácticas de vigilancia agresivas. Como resultado, el gobierno ha logrado poner en marcha sofisticados programas de vigilancia [en] sin enfrentarse a una resistencia significativa de la sociedad civil.

Pero la petición del jueves marca un cambio en esta tendencia. Como otros activistas en muchos países alrededor del mundo (incluyendo socios de GVA en Pakistán, que han tomado medidas legales en un caso parecido), este grupo ha recurrido al trabajo de académicos y expertos jurídicos con el fin de hacer una llamada informada a la transparencia y promover un régimen de seguridad nacional equilibrado que respete las normas de privacidad en México.

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