Este post es parte de nuestra cobertura especial: Reformistas en juicio en Arabia Saudita.

El veredicto sobre los dos prominentes activistas sauditas de derechos humanos Mohammad Al-Qahtani [en/ar] y Abdullah Al-Hamid [ar], que se suponía iba a ser emitido este miércoles, 15 de enero, ha sido aplazado indefinidamente.

Los dos activistas están siendo juzgados por cargos que incluyen «romper la lealtad al gobernante y su sucesor» y «tratar de impedir el desarrollo del país». Esto marcó uno de los poco frecuentes juicios públicos de activistas políticos y ha recibido considerable atención social y mediática, lo que ha llevado a los activistas a aprovechar la oportunidad para pedir reformas reales y para hacer responsable al Ministerio del Interior de acusaciones de tortura y detención arbitraria de decenas de miles de personas. El juez desempeñó el papel del fiscal durante la mayor parte de las sesiones, debatiendo con los dos activistas sobre la permisibilidad religiosa de las manifestaciones y el deber religioso de obedecer al gobernante.

En Twitter, al-Qahtani anunciaba:

@MFQatahni: La vista del veredicto en el juicio #acprahr ha sido aplazada hasta fecha no especificada. El presidente del tribunal prometió hacernos saber. #Saudi

Su juicio comenzó en junio de 2012, por separado y en secreto. Después de la primera vista, el juez unió ambos casos. Docenas de activistas asistieron a la segunda vista y tuitearon la sesión en directo, tomando también algunas fotos, que el juez posteriormente decretó violaba el orden de la sala de audiencias y decidió cerrar las siguientes sesiones. En el transcurso de las siguientes vistas, ambos activistas se negaron a ser juzgados en secreto y amenazaron con permanecer en silencio. Para la quinta audiencia, el juez finalmente capituló, convirtiéndolo efectivamente en un juicio público. El número de asistentes a los juicios siguió creciendo, atrayendo a los medios de comunicación internacionales y a activistas.

Arabia Saudita es una de las pocas monarquías absolutas que quedan en el mundo y tiene un historial devastador en materia de derechos humanos, que incluye detener arbitrariamente a más de 30.000 personas. Dado que el estado impone oficialmente (su interpretación de) la ley Sharia, se espera que juicios y vistas sean debates religiosos de lo que significa la sharia.

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