Desde el punto de vista del usuario no hay mucha diferencia entre un smartphone y una tablet. Ambos dispositivos son ordenadores portátiles de pantalla táctil, y aunque el smartphone puede tener por defecto una aplicación especial para marcar números, la posibilidad de hacer llamadas de voz o de conectar a una red de móviles no son elementos exclusivos. No obstante, gracias a la Ley de Derechos de Autor de EE.UU., las diferencias entre un iPhone y un iPad no se limitan al tamaño de la pantalla, sino que radican en la libertad para instalar programas sin pasar por un filtro.

La Digital Millenium Copyright Act (DMCA), aprobada en 1998, prohíbe [en] eludir la tecnología pensada para proteger los derechos de autor. Debido al potencial que tienen esos candados digitales para impedir también prácticas legales, como transferir la música de un CD a un ordenador personal, la DMCA ordenó a la oficina estadounidense de derechos de autor que considerase excepciones cada tres años.

Imagen del usuario de Flickr Pete Prodoehl (CC BY-NC-SA 2.0)

En 2010, último año en que se han publicado dichas excepciones, la oficina de derechos de autor dictaminó (PDF) [en] que instalar programas a elección del usuario en su dispositivo móvil estaría exento de la DMCA. Esto legalizó oficialmente el «Jailbreak» y el «rooting», es decir, alterar el software de los dispositivos iOS y Android –respectivamente– para modificar su sistema operativo, borrar aplicaciones innecesarias o simplemente instalar otras aplicaciones que no estuvieran disponibles en las tiendas designadas.

El pasado octubre, la oficina de derechos de autor emitió su más reciente decisión [en] en este reglamento trienal, extendiendo la exención al jailbreak y el rooting de smartphones, pero sin incluir [en] los tablet. Como resultado, dos dispositivos muy similares con el mismo procesador, sistema operativo y tiendas de aplicaciones ofrecen muy distintos niveles de libertad.

La norma también anuló la libertad de eliminar los candados digitales con el fin de liberar un teléfono móvil. En los Estados Unidos, los proveedores de redes inalámbricas suelen vender móviles restringidos a funcionar en un número limitado de estas redes. Esto impide que los usuarios cambien a otro proveedor conservando su teléfono, o que incluso puedan utilizar otra tarjeta SIM cuando viajan al extranjero. En 2006, la oficina de derechos de autor aprobó una exención [en] que permitía a los usuarios liberar su teléfono, exención que se volvió a aprobar en 2010. La norma más reciente eliminó esta exención y desde principios de 2013, los usuarios técnicamente violarán los derechos de autor si liberan su smartphone sin permiso de su proveedor.

Aunque en principio la reciente normativa de la DCMA solo tiene impacto en los usuarios estadounidenses, EE.UU. ha desarrollado una gran actividad destinada a incitar a otros países a adoptar restricciones contra la elusión de las protecciones de los derechos de autor, por ejemplo, en tratados comerciales como el Acuerdo Contra las Falsificaciones (ACTA) [en], rechazado [en] por el Parlamento Europeo, pero recientemente aprobado en Japón. Similar lenguaje se ha incluido en la Asociación Transpacífica (PDF) [en].

Combinados, estos esfuerzos son un crudo recordatorio de cómo las protecciones de los derechos de autor pueden extenderse entre los medios y mermar las libertades básicas de control sobre los aparatos que compramos y usamos.