El conflicto entre la comunidad de Espinar y la minera Xstrata Tintaya pasó factura el 4 de junio en horas de la mañana cuando la congresista oficialista Verónika Mendoza, renunció al Partido Nacionalista Peruano y a la bancada de Gana Perú. La congresista publicó dos cartas al respecto en su blog, una de ellas la tituló «Me sumo a todos aquellos que siguen creyendo que otro país es posible, con solidaridad, justicia y paz social«, y entre otras cosas menciona:

Hemos pasado de la promesa de un Ollanta Humala que declara en la plaza Dos de Mayo el día de su elección que “su único jefe es y será el pueblo peruano” y que se compromete a realizar cambios profundos, a un gobierno que continúa el modelo neoliberal. Un modelo primario exportador que no genera desarrollo intercultural y democrático, ni mercados locales articulados, que mantiene la precarización del trabajo y que defiende los intereses de los grupos de poder económicos, entre los que destacan los intereses de las industrias extractivas, las cuales imponen sus proyectos sin licencia social y afectan gravemente ecosistemas valiosos.

Durante los sucesos de Espinar la congresista Mendoza tuvo una participación activa, ya sea pidiendo calma y diálogo, o luego, la renuncia del primer ministro, Óscar Valdés, por la “equivocada” estrategia en Espinar. Pero también se vio envuelta en la controversia al conocerse que ella habría alarmado al alcalde de Mollohuanca con un informe perteneciente a otro proyecto minero y no a Tintaya. Esta denuncia ocasionó que la Comisión de Ética del Parlamento planteara una investigación de oficio a la legisladora.

Respecto a este entredicho con los informes de contaminación, la congresista declaró que no se trata de un “problema de informes”, además rechazó las afirmaciones de que no hay contaminación y ningunean las demandas de la población. En ese sentido, hoy además de las cartas mencionadas, también difundió vía Facebook el siguiente video «que aclara la sarta de mentiras montada por algunos medios»:

Pero la cosa no quedó ahí, pues en horas de la tarde se conoció que otros dos congresistas del frente oficialista Gana Perú, Javier Diez Canseco y Rosa Mavila, también presentaron sus cartas de renuncia a la bancada de gobierno. El texto se dio a conocer luego y entre los motivos para la renuncia indica:

Los que habían sido derrotados en las elecciones pasaron a cogobernar y a imponer sus criterios autoritarios y de subordinación a los grandes grupos de poder económico, en espacios decisivos, contradiciendo lo prometido al país

Parece que esta renuncia ya venía meditándose hace días, pues en su columna de hoy en el diario La República, el congresista Diez Canseco mencionaba:

Van 12 muertos en conflictos sociales en este gobierno. Lamentable, inaceptable. Expresión de falta de atención y prevención, incapacidad de diálogo e incumplimiento de compromisos y esperanzas frustradas, que crean terreno propicio para violentistas de uno y otro lado. […] No es posible ser cómplice ni compartir este manejo que genera gran malestar entre sus votantes y descompone los bloques que lo llevaron a la victoria.

Como se puede apreciar, los sucesos de Espinar no han hecho si no evidenciar las diferencias que ya se habían venido gestando al interior del partido de gobierno, iniciadas con el viraje presidencial hacia tendencias más pragmáticas y de inspiración de derechas, y acrecentadas con la posición del gobierno frente a casos como los de Conga y ahora Espinar.

La crisis se había acentuado desde que el bloque de congresistas oficialistas del Cusco, región a la que pertenece Espinar, fuera enfático en pedir la renuncia del Primer Ministro por su actuación en el conflicto. A este bloque pertenecía la congresista Mendoza. Según informes podrían ser hasta seis los congresistas que se retiren de la bancada de gobierno. Por su parte el oficialismo ha minimizado estas renuncias.

Mientras tanto Óscar Mollohuanca, el alcalde de Espinar, luego de ser detenido y trasladado al Cusco para declarar ante la Dirincri, enfrenta cargos por disturbios, secuestro, daños y coacción. Posteriormente Mollohuanca fue trasladado a Ica por medidas de seguridad, ya que unas 500 personas habían estado haciendo vigilia frente al Palacio de Justicia en el Cusco y varios jueces y fiscales habían recibido amenazas al respecto.

El día sábado, 2 de junio, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, en base al pedido del Ministerio Público ordenó cinco meses de prisión preventiva para el alcalde de Espinar, quien podría ser condenado hasta a ocho años de prisión. Los alcaldes del Cusco han calificado de «abusivo» e «irregular» el proceso de detención y encarcelamiento de su similar de Espinar, y que es una «muestra de autoritarismo».

Cabe indicar que el Poder Judicial dispuso que los procesos que se tramiten en Cusco (Espinar) y Cajamarca (Conga), por delitos relacionados a la convulsión social, se remitirán a las sedes del Juzgado o Sala Superior de los Distritos Judiciales Ica y Lambayeque, respectivamente, medida que también ha provocado controversia.

Sobre toda esta situación reflexionaba hace unos días el ex ministro Juan Sheput en su blog, indicando que el gobierno sufre de una crisis de credibilidad:

Hemos vuelto a las épocas de dudas y detenciones arbitarias. En horas de la mañana en Ideele Radio se denunciaba la detención de pacíficos dirigentes sociales a los cuáles se les habría sembrado pruebas falsas, cartuchos de balas y dinamita, con el objeto de detenerlos. Si así fuera pues habríamos retrocedido a prácticas fujimontesinistas […] Oscar Valdés debe irse. Los que lo defienden se niegan a ver la realidad de una incompetencia y afán militarista que hoy se convierte en el principal enemigo de la inversión. El gran problema es que como van las cosas el clima de violencia social se puede generalizar por todo el país por culpa exclusivamente del gobierno del presidente Humala.

Silvio Rendón del Gran Combo Club, basándose en uno de los Wikileaks que reveló un cable por el que se pedía información a las embajadas norteamericanas sobre una lista de países e industrias que los EE.UU. consideraban críticas para su seguridad nacional, percibe una injerencia norteamericana en la dureza de la represión a los conflictos sociales relacionados con la minería:

Es decir, hay una huelga de trabajadores en Yanacocha, una protesta que limita la actividad de Xstrata en Ancash, un bloqueo contra la minera San Rafael en Puno, etc., y en la embajada de los Estados Unidos se ponen nerviosos porque interpretan que estas protestas afectan su “seguridad nacional”. La embajadora comienza a presionar al gobierno peruano a que acabe con las protestas. La voluntad de los ciudadanos peruanos no cuenta ni para el gobierno de los Estados Unidos y, lamentablemente, tampoco para el gobierno peruano, representante más de los poderes fácticos que del poder que emana de la ciudadanía.

Mientras tanto el Presidente Humala sigue guardando silencio sobre estos temas, y tácitamente mantiene su respaldo al Primer Ministro Valdés, pero ya se habla de que el alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, sería el primer preso político del gobierno, cosa que puede perjudicar no sólo su imagen si no la del país.