[Todos los enlaces dirigen a páginas web en portugués, salvo que se indique lo contrario]

La nueva ley 12.485/11, aprobada en setiembre del pasado año por la presidenta de Brasil Dilma Rousseff y que establece un nuevo marco para regular la televisión de pago, ha generado polémica entre las cadenas de televisión por satélite, los abonados y los productores independientes.

Según esta ley, las televisiones privadas tendrán que destinar cada semana 3 horas y media de su horario de máxima audiencia a programas producidos en Brasil. La ley fue aprobada en un intento de diversificar la programación y de consolidar la televisión nacional.

Sin embargo, la cadena de televisión por satélite SKY, la más importante de Latinoamérica, se ha manifestado en contra de estas reformas.

La compañía puso en marcha recientemente la campaña «O Seu Controle Remoto Está Nas Mãos da ANCINE» («Su control remoto está en manos de ANCINE«, la Agencia Nacional del Cine de Brasil). El objetivo principal es conseguir que 40 millones de brasileños, actualmente abonados a la televisión de pago, apoyen la Acción Directa de Inconstitucionalidad que ha solicitado SKY.

"Hámster intentando comprender el funcionamiento de un control remoto". Imagen de blackpawn. (CC BY-NC-SA 2.0)

SKY ha reclamado que:

A ANCINE está regulamento a lei 12.485/11, trazendo diversas regras, ora incoerentes, ora ilegais e inconstitucionais, afetando diretamente o direito dos consumidores e a liberdade de expressão e comunicação, prejudicando um setor que há anos investe no Brasil, sem qualquer dinheiro público e que vem crescendo de maneira espetacular.

SKY ha manifestado que, si esta ley sale adelante, los abonos a las televisiones de pago se encarecerán, se emitirá menos contenido deportivo e informativo y al final será ANCINE quien decida las programaciones, y no los profesionales del sector. La campaña también incluye un vídeo en el que aparecen conocidos jugadores de voleibol y baloncesto, cuyos equipos están patrocinados por ANCINE, mostrando su desacuerdo con la ley.

ANCINE se ha defendido de las acusaciones afirmando que:

A Lei 12.485/2011 destrava a concorrência no setor de TV paga ao permitir que as concessionárias de telefonia utilizem suas redes para fornecer serviços de TV paga. Permite, assim, que mais brasileiros tenham acesso aos serviços de televisão por assinatura e a outros serviços (…) por um preço cada vez menor.

También señalan que:

Um dos principais objetivos da Lei 12.485/2011 é aumentar a produção e a circulação de conteúdo audiovisual brasileiro, diversificado e de qualidade, gerando emprego, renda, royalties, mais profissionalismo e o fortalecimento da cultura nacional.

Varios profesionales de la industria televisiva y abonados a la televisión de pago se han posicionado en contra de la campaña. Jandira Feghali, presidenta del Frente Parlamentario para la Defensa de la Cultura, afirmó que:

A campanha promovida pela Sky é francamente uma disputa por reserva de mercado, camuflada pelo argumento da intervenção estatal no direito de opção do cidadão à programação. A lei não impede que seja ofertada programação estrangeira, mas conforme citei, garante espaço para as manifestações culturais brasileiras.

Por su parte, el Foro Nacional para la Democratización de la Comunicación (FNPDC), declaró que la campaña no considera los deportes y los informativos como contenido nacional.

Não é verdade. A lei considera sim esses conteúdos como nacionais, mas não impõe cotas de veiculação de esportes. Os canais de esportes não entram na conta das cotas, não têm obrigações de cotas e continuam sendo ofertados normalmente sem qualquer alteração.

Otra cuestión importante es el hecho de que ANCINE, y por tanto el Estado, podrán regular la programación nacional, lo que va en contra de lo establecido en la Constitución. Newton Cannito, director de cine y escritor, deja claro en un artículo escrito para la web CulturaeMercado que:

É apenas uma lei que diz que algo como 30 minutos diário deve ser de conteúdo nacional. É pouco para caramba. E a Ancine não escolhe qual conteúdo será. A TV escolhe. E todo o resto é “controlado” apenas pelo interesse comercial e é natural e saudável que seja assim. O Estado não vai ter esse poder todo.

En la sección de comentarios del artículo, algunos internautas dudan que la ley realmente suponga un paso adelante hacia la libertad de expresión. Fernanda, por ejemplo, escribe:

Não quero parecer grossa, mas, quem disse que o público de TV paga quer conteúdo nacional? (…) Eu não vou entrar no mérito de que tipo de programa cada um gosta de assistir, pois seria uma discussão interminável, mas dizer que essa lei reflete liberdade é mentira. Liberdade é pagar por um serviço e acessá-lo da forma que gostaria. Se eu quiser ver conteúdo internacional, eu vejo, se eu não quiser, mudo para um canal nacional.

La televisión de pago ha crecido rápidamente en Brasil. Tanto que, según la Asociación Brasileña  de Televisión de Pago (ABTA), el sector en 2011 ganó 14.600 millones de reales brasileños (8.580 mil millones de dólares americanos)  y creó más de 90.000 puestos de trabajo, directa o indirectamente. En el último cuatrimestre de 2011, 12 millones de personas estaban suscritas a la televisión de pago, cifra que no ha dejado de aumentar desde entonces. Para los profesionales de la industria, este crecimiento representa una oportunidad para generar aún más empleo y para la creación de una identidad nacional en la televisión de pago, donde no hasta ahora no tenía mucha relevancia.

Algunos programas han utilizado medios de comunicación en internet para publicitarse, y con ello esperan mejorar sus producciones. Tal es el caso de la serie 3%, una de las ganadoras de un concurso organizado por el Ministerio de Cultura con el fin de promover la producción de series de ficción en televisión. 3% se desarrolla en un mundo surrealista, donde la competencia laboral forma parte de un cruel proceso de selección. Sólo el 3% de los jóvenes lo supera con éxito después de vivir situaciones extremas de humillación, miedo, angustia e inseguridad. (Subtítulos en inglés)

Se emprendió una consulta pública hasta el 3 de marzo de 2012 sobre la Acción Directa de Inconstitucionalidad que SKY ha puesto en marcha.