Camboya: Demolición de casas en Borei Keila

El problema de los desahucios forzosos [en] empeora en Camboya, al mismo tiempo que crece la insatisfacción ciudadana con los planes de reubicación. Aunque la expropiación de tierras es un problema a escala nacional, se hace más evidente en áreas urbanas. De hecho, los vecinos de Monivong Hospital, Sombok Chap, Dey Kraham, Group 78, Borei Keila, y Boeung Kak han sido ya desahuciados de sus hogares.

Uno de los últimos episodios de desahucios forzosos, que acaparó la atención del mundo entero, tuvo lugar en Borei Keila [en], ubicado enfrente del instituto de secundaria Bak Tuok, en el centro de Phnom Penh. Esta comunidad es el hogar de aproximadamente 1776 familias, 86 de ellas con miembros seropositivos.

Un comunicado de prensa emitido [en] por la organización de derechos humanos Licadho proporciona una breve historia de la lucha de los vecinos de la comunidad para hacer valer sus derechos de tierra y vivienda:

Demolition in Borei Keila. Photo from blog of Faine Greenwood

Demolición en Borei Keila. Foto del blog de Faine Greenwood

Los primeros habitantes que se asentaron en este terreno, que era utilizado antes para el entrenamiento de la policía, lo hicieron en 1992.

A principios del 2003, a Borei Keila se le propuso un plan de reparto de tierras que permitía a una empresa privada emplear parte del lugar con fines comerciales mientras dispusiera un alojamiento alternativo para los vecinos en los terrenos restantes. La idea fue bien acogida, porque más que ser desahuciados, los vecinos recibirían una compensación por sus terrenos en forma de apartamentos en edificios de nueva construcción.

En junio del 2003, el primer ministro Hun Sen autorizó una concesión social de tierras de aproximadamente 4,6 hectáreas en Borei Keila (un 30% del total de las 14,12 hectáreas de superfície con las que cuenta este terreno). El gobierno contrató al gigante de la construcción Phanimex con el fin de levantar 10 edificios de apartamentos para los vecinos en dos hectáreas del terreno, obteniendo la constructora la propiedad de las 2,6 hectáreas restantes para sus fines comerciales.

En mayo del 2007, el municipio de Phnom Penh había adjudicado apartamentos a solo 335 familias, entre ellas a 14 afectadas por el virus VIH. Las más de 100 familias restantes, cuyas casas habían sido demolidas con el fin de dejar espacio para la construcción de las nuevas viviendas, fueron abandonadas a su suerte, viviendo bajo lonas en condiciones miserables.

En junio del 2009, 20 familias de la comunidad, afectadas por el VIH, fueron obligadas a abandonar sus casas y reubicadas en Tuol Sambo, en el pueblo Khan Dangkor, a unos 20 kilómetros a las afueras de la capital. Este episodio fue duramente condenado por las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, ya que el lugar donde se reubicó a los vecinos era inhabitable. Además, los portadores de VIH fueron aislados en un lugar remoto de la zona, lo que les hizo aun más vulnerables a la discriminación y estigmatización social.

Este caso fue ampliamente documentado por el portal de derechos humanos Sithi [en].

Phan Imex, la empresa contratada por el gobierno para construir diez edificios a los vecinos, sólo llevó a cabo la construcción de ocho, dejando a unas 300 familias de Borei Keila excluidas del acuerdo original. El mes pasado, la compañía derribó las casas de estos vecinos «excluidos»» con la ayuda de las fuerzas armadas. La demolición y dispersión se tornó violenta.

Inmediatamente después del incidente, fue hecho público un comunicado conjunto por parte de numerosas organizaciones sociales que condenaban [en] duramente la violenta destrucción de esas viviendas:

La demolición de estas casas deja en evidencia, otra vez, un triste cambio de dirección en un proyecto que fue promovido en un principio como una alternativa al desahucio y a la reubicación fuera de la ciudad de las personas pobres de Phnom Penh.

El comunicado acusa a la policía [en] de no hacer nada para impedir la violenta demolición de las casas:

La demolición fue realizada por empleados y trabajadores pagados por Phanimex con una excavadora, que aplastaba las casas antes que sus habitantes pudieran recoger sus pertenencias. El proceso fue supervisado por más de 100 elementos policiales que arrestaron y detuvieron a ocho representantes vecinales, incluido un menor, que fue retenido por el jefe de policía y tres escoltas y trasladado a un lugar desconocido. La policía también empleó gas lacrimógeno y munición real con los vecinos de Borey Keila.

Observadores de derechos humanos que se encontraban en el lugar aseguran que los trabajadores usaron un martillo neumático para perforar una gran roca que se encontraba entorno a los agentes de policía, quienes después tomaron estas piedras y las lanzaron contra los vecinos. Algunos fueron también atacados con palos. Al menos 12 personas resultaron heridas (algunas de ellas graves), entre ellas un policía.

Human Rights Watch informó de que más de 64 personas resultaron heridas y ocho vecinos detenidos:

«Las fuerzas de seguridad del Estado que estaban presentes emplearon gas lacrimógeno y pelotas de goma contra los vecinos y ambos bandos se lanzaron piedras, palos y botellas. Más de 64 personas fueron heridas, segun se informa. Las autoridades arrestaron al menos a ocho vecinos, uno de ellos fue puesto en libertad bajo fianza el 18 de enero, mientras que los otros siete continúan detenidos. A estos ocho vecinos, incluidos dos niños, se les acusa de los delitos contenidos en el artículo 218 («actos de violencia intencionados con circunstancias agravantes») y en el artículo 504 («obstrucción de los agentes oficiales con circunstancias agravantes») del código penal camboyano.

Tras la dispersión, se han realizado una serie de protestas pacíficas por la comunidad reivindicando la intervención de agentes del gobierno nacional. Quieren que el gobierno detenga las demoliciones y ponga en libertad a los manifestantes detenidos. También se envió una carta [en] al primer ministro camboyano, instando al líder a resolver el asunto de Borei Keila.

A principios de este mes, cerca de 100 vecinos de Borei Keila y 5o de Beoung Kak que se manifestaban en Monivong Boulevard fueron bloqueados por más de 100 policías antidisturbios y tuvo lugar un violento enfrentamiento. Testigos vieron como la policía metía a seis mujeres en un furgón policial, de acuerdo con un artículo publicado en el periódico Cambodia Daily.

Las seis manifestantes arrestadas fueron puestas en libertad tras una noche detenidas. El ayuntamiento justificó el arresto de las manifestantes:

El ayuntamiento de Phnom Penh no pudo sino responder con una medida adecuada para mantener la seguridad pública y el orden entre la población de Phnom Penh, para ello las leyes pueden ser convenientemente reforzadas como principio de que la ley pueda ser aplicada.

El apoderamiento de la tierra también ha alentado el aumento del activismo en muchas comunidades rurales y urbanas. En un primer momento, los activistas que luchan por los derechos de la tierra, organizaron el rally ‘Avatar’ para oponerse al proyecto que pretendía destruir un área forestal. El asunto también provocó que numerosos grupos denunciaran el sufrimiento vivido por mujeres [en] y niños durante los desahucios.

Esto proporcionó a las mujeres una plataforma donde pudieron hablar abiertamente sobre el sufrimiento que supusieron los desahucios forzosos y constituyó un llamamiento a los agentes oficiales para que tomasen decisiones inmediatas acerca del presente escándalo de los desahucios forzosos y la expropiación de tierras en el país.

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