Mientras la mayoría de los países latinoamericanos tienen gobiernos elegidos democráticamente, muchos aún fallan en el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la privacidad. A lo largo de la región, han habido múltiples escándalos que involucran a funcionarios del gobierno y agencias de inteligencia comprometidas en vigilancia ilegal de comunicaciones. Esto incluye numerosos ejemplos escalofriantes de cómo las tecnologías de intercepción están siendo mal utilizadas para espiar políticos, disidentes, jueces, organizaciones y activistas por los derechos humanos. Aunque las violaciones a la privacidad varían de país en país y el alcance total de la vigilancia gubernamental en la región sigue siendo ampliamente desconocida, datos recientemente descubiertos reúnen pistas de programas en la arquitectura de la vigilancia que yace bajo la superficie de sociedades aparentemente democráticas.

Estos sistemas de vigilancia manifiestan cómo la intercepción de la comunicación está siendo utilizada como herramienta política para identificar, controlar y sofocar a la disidencia. Su uso también resalta la falta de transparencia y rendición de cuentas que rodea a la penetrante vigilancia gubernamental en muchos países latinoamericanos.

En 2009, el escándalo de «Las Chuzadas» en Colombia reveló que miembros del servicio de inteligencia del país presuntamente realizó una amplia e ilegal vigilancia e intervención telefónica de políticos clave, jueces, disidentes y ONGs por los derechos humanos. El litigio acerca de la vigilancia está pendiente actualmente en los tribunales colombianos. En marzo de 2011, la Comisión Interamericana en Derechos Humanos abrió una investigación al rol de los funcionarios del Estado colombiano en la ejecución de este programa masivo de vigilancia.

Quizás el caso más severo de amplia vigilancia gubernamental tuvo lugar en Perú durante la presidencia de Alberto Fujimori. Fujimori, en prisión actualmente, fue sentenciado por vigilancia masiva ilegal de prominentes ciudadanos peruanos. Los fiscales peruanos hallaron que el ex Presidente ideó e implementó el «Plan Emilio» para realizar vigilancia nacional de políticos, ministros, periodistas y activistas. En 2010, la autoridades judiciales en Perú descubrieron a un ex empleado de inteligencia naval interceptando ilegalmente 52.947 correos electrónicos de periodistas y opositores políticos al gobierno de Fujimori entre 1999 y 2000. El caso aún debe ir a la corte.

Los cables diplomáticos filtrados de EE UU, publicados en el sitio web informante WikiLeaks, arrojaron luz sobre el programa de vigilancia de comunicaciones de la Drug Enforcement Administration (DEA) y cómo los gobiernos de Paraguay y Panamá presionaron al gobierno de Estados Unidos para permitir el uso de estas tecnologías para operaciones no relacionadas a investigaciones de narcóticos.

Según los cables, ambos países buscaron la cooperación de EE UU para expandir sus respectivas capacidades en el espionaje de comunicaciones móvles para beneficio político. En Paraguay, esta vigilancia fue realizada aparentemente para lidiar con la amenaza del grupo guerrillero de izquierda del Ejército del Pueblo Paraguayo. Un cable diplomático [en], con fecha del 18 de febrero de 2010, revela que un programa activo de espionaje de telefonía móvil conducido por la DEA para esfuerzos de lucha contra el narcotráfico en Paraguay comienza en 2009. Los cables también revelan que el gobierno paraguayo solicitó acceso al software utilizado por la DEA para desempeñar espionaje con otros propósitos. Los diplomáticos estadounidenses hasta advirtieron de la posibilidad de que estas tecnologías de vigilancia pudieran ser utilizadas para espionaje irrestricto y ventaja política:

El Embajador dejó claro que EE UU no tenía interés en involucrarse en el programa de intercepción si existía el potencial de su abuso para beneficio político, pero confirmó el interés estadounidense en cooperar en un programa de intercepción con salvaguardas, siempre y cuando esto incluyera la lucha contra el narcotráfico. Acotando que el personal actual del Ministerio del Interior es de confianza, el Embajador señaló que otros podrían abusar de esta tecnología en el futuro.

La Embajada de Estados Unidos se negó reiteradamente a las solicitudes del gobierno paraguayo para el acceso irrestricto a su software de vigilancia. De acuerdo al enviado de EE UU, el Ministro del Interior de Paraguay reveló que la principal prioridad de su gobierno «era capturar [al Ejército del Pueblo Paraguayo], lo que tenía que prevalecer en la lucha contra el narcotráfico». «La lucha contra las drogas es importante», dijo, «pero no hará tambalear nuestro gobierno. El [Ejército del Pueblo Paraguayo] sí podría».

Los cables también revelan la naturaleza de la «cooperación» entre la aplicación de la ley de EE UU y las compañías de telecomunicaciones paraguayas, ilustrando cómo EE UU influyó en actores otrora vacilantes:

TIGO (Millicom), uno de los principales proveedores de telefonía móvil de Paraguay, dijo al Embajador que aunque tenían sus dudas acerca de la decisión [del Gobierno de Paraguay] de avanzar con las políticas de vigilancia y programa de intercepción, sintieron que la inclusión de EE UU en el programa les facilitaría algo de ‘cobertura’.

A pesar de sus dudas, el equipo de la Embajada de EE UU concluyó que no podían negarse a cooperar indefinidamente sin amenazar la agenda más amplia de la DEA.

«Suba a bordo o será dejado atrás», se lee en el subtítulo del cable. «Si no apoyamos», continúa el cable, «el [Gobierno de Paraguay] nos verá como un obstáculo de prioridad clave, lo que podría comprometer nuestra relación más amplia y la capacidad de la DEA a seguir las pistas de la lucha contra el narcotráfico [sic]… Hemos navegado cuidadosamente esta situación sensible y políticamente bochornosa y esperamos poder avanzar rápidamente con el fin de sacar el mejor provecho».

En efecto, el gobierno estadounidense reconoció que su asistencia en la vigilancia probablemente sería mal utilizada en vigilancia política, pero continuó cooperando.

Una dinámica similar se desarrolló en Panamá. De acuerdo a un cable filtrado [en], con fecha del 22 de agosto de 2009, ‘Panama 000639’, el gobierno panameño, encabezado por el Presidente Ricardo Martinelli, solicitó repetidamente la asistencia técnica de EE UU para extender su capacidad de intervención telefónica. En julio de 2009, Martinelli envió un mensaje de BlackBerry a la Embajadora que decía, «Necesito ayuda con la grabación telefónica».

Además, Martinelli buscó la cooperación de la DEA para adquirir apoyo del gobierno de EE UU para su proyecto de intervención telefónica con fines políticos. Como el equipo de la Embajada reporta en los cables, Martinelli pensó que era injusto que la «DEA recolectara información pero que Panamá no se beneficiara de ella». En su comunicación con la Embajada, hizo referencia a varios grupos e individuos que él creía debían ser grabados y «claramente no hizo distinción entre legítimos objetivos de seguridad y enemigos políticos». Martinelli continuó diciendo que el gobierno estadounidense «debería darle [al Gobierno de Panamá] su propia capacidad de intervención independiente en ‘renta’ a cambio del uso de [sus] instalaciones».

Cuando el gobierno panameño amenazó con reducir su cooperación con el programa de vigilancia contra el narcotráfico, la Embajadora de EE UU en Panamá contra-amenazó con informar a sus superiores en Washington DC:

La Embajadora defendió convincentemente el programa de la DEA y señaló que los casos de investigación conjunta estaban sacando a los delincuentes de las calles de Panamá y convirtiéndolo en un país más seguro. […] Ella informaría inmediatamente a Washington [de su amenaza] y [todos verían] la reputación de Panamá cayendo dramáticamente en picada como socio confiable.

Aunque Martinelli se retractó, el gobierno panameño confirmó eventualmente que expandiría su programa de intervención telefónica por su cuenta y que ya se había reunido con los directores de las operadoras de telefonía móvil de Panamá para discutir los métodos de obtención de datos de llamadas. La Embajadora de EE UU alentó al gobierno panameño a «racionalizar» su proceso para obtener órdenes judiciales de emergencia para una intercepción legal, pero expresó preocupación en otro cable acerca de la presión política que socava la independencia del sistema judicial. Según los cables, Martinelli «reprendió» el consejo de la Embajadora por ser «muy legal».

Los funcionarios del gobierno estadounidense defendieron su propio programa de intervención en los cables, afirmando, «funciona bien y mantiene el estado de derecho [y] resistiría fácilmente el escrutinio público si saliera a la luz». En coordinación con las autoridades panameñas para cumplir con los requerimientos de recolección de EE UU, los funcionarios advirtieron «contra el peligro de que funcionarios locales intentaran comandar el programa para juegos políticos internos» e intentaron «conducir solamente programas limitados de intervención de aplicación de la ley en cooperación con entes legales panameños y autoridades judiciales, dirigidos únicamente hacia objetivos genuinos de cumplimiento de la ley, en un proceso administrado por un fiscal panameño y aprobado por un juez del Tribunal Supremo de Panamá».

La efectividad de las salvaguardias legales contra la intercepción de las comunicaciones depende de la sumisión del gobierno ante la ley nacional. Esta revelación demuestra que no podemos asumir que los gobiernos cumplirán siempre.

Otro cable, con fecha de 24 de diciembre de 2009, revela [en] que la decisión de EE UU de sacar el programa de intercepción Matador de la DEA del control del gobierno panameño fue recibido con resistencia y más amenazas, citando «una serie de obstáculos, incluyendo amenazas del Director del Consejo para la Seguridad Pública y la Defensa Nacional de expulsar a la DEA de Panamá y restringir los pagos a las unidades examinadas y, en general, el poco apoyo al movimiento de Martinelli y de los líderes veteranos [del gobierno]». La Embajadora de EE UU agregó que la Embajada seguía preocupada por los actuales esfuerzos del gobierno panameño en debilitar los controles judiciales sobre la vigilancia interna y socavar las libertades civles en un momento en el que las instituciones judiciales de Panamá estaban bajo asalto de la rama ejecutiva.

«Con el notoriamente corrupto sistema judicial de Panamá (evaluado como 103 de 133 por el Foro Económico Mundial)», afirmó, «No confiamos que el nuevo juez mantendrá los mismos parámetros y protecciones a las libertades civiles que el Tribunal Supremo de Panamá ha ejercido en su supervisión de Matador hasta la fecha». La Embajadora advirtió a sus colegas que el sistema de vigilancia de la DEA no debería ser utilizado para comprometer los valores democráticos en nombre de la seguridad.

La Embajadora concluyó instando al gobierno de EE UU a no enredarse en intervenciones telefónicas con fines políticos, aconsejando en contra de involucrarse en «actividades cuestionables» en Panamá:

El reciente escándalo [Las Chuzadas] en Colombia ilustra las catastróficas consecuencias de intervenciones con fines políticos y un escenario así podría desplegarse fácilmente en Panamá si el gobierno continúa en su curso de acción actual. Si no podemos garantizar con un alto nivel de confianza que el programa Matador no será mal utilizado para propósitos políticos, entonces preferimos suspender el programa.

Claramente, la Embajadora comprendió los peligros latentes planteados en el mal uso del sistema de vigilancia de la DEA y cómo podría ser utilizado para socavar la libertad de expresión y otros principios democráticos promovidos por la política estadounidense.

La vigilancia estatal también puede ser lograda a través de requerimientos de registro con nombre real para la compra de un teléfono móvil o la activación de una tarjeta SIM. En varios países, hay una tendencia emergente hacia la eliminación de la comunicación anónima. Perú, Brasil y México han adoptado regulaciones que obligan a las compañías de telecomunicación a recolectar e identificar la información de contacto de usuarios móviles pre-pago para su potencial uso posterior por entidades legales. Un anteproyecto similar está siendo discutido en Guatemala. Estas medidas buscan facilitar la identificación de criminales y atacar la supuesta amenaza a la seguridad creada por el tipo de cuenta de teléfono móvil que no requiere registro o la recolección de información personal detallada.

Estos regímenes de registro asestan un duro golpe a las comunicaciones anónimas; a los ciudadanos no sospechosos de algún delito se les niega el uso de celulares prepago anónimos para comunicarse. En algunos países como Perú y Brasil, estos requerimientos de identificación han sido extendidos a los cibercafés, el medio en el que una significativa porción de la población con escasos ingresos, accede a internet.

Para obtener un número móvil en México, a los ciudadanos se les exige que faciliten pruebas de su dirección actual, presenten un código único de identificación dado tanto a los ciudadanos como a los residentes de México, incluyan una foto válida de identificación y se sometan a escaneo de la huella digital. De acuerdo a la ley, las compañías de telefonía móvil mexicanas son responsables de alentar a los usuarios de sus 80 millones de dispositivos a inscribirse en el Registro Nacional de Usuarios de Teléfonos Móviles. En abril de 2011, Salvador Guerrero, una autoridad del Instituto para el Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, criticó al Registro Nacional de Usuarios de Teléfonos Móviles por fallar en la protección de los datos personales de ciudadanos mexicanos:

Durante el año pasado ha quedado claro que [el registro] no es capaz de cumplir la función para la que fue diseñado y que es prevenir la extorsión y el secuestro, este último se incrementó un ocho por ciento en 2010 respecto a 2009.

En algunos países, los requerimientos de registro están siendo extendidos más allá de los móviles a los cibercafés. En Perú, los cibercafés están obligados a registrar a los usuarios de sus instalaciones. Brasil adoptó una medida similar en abril de 2011. El promotor de la legislación brasilera, el Diputado Alex Sandro, dijo [pt] acerca de la medida que «Será como la telefonía prepago, que estableció un registro para la compra [de teléfonos prepago] y los crímenes que eran cometidos desde estos dispositivos persisten, pero disminuirán en gran medida debido a la posibilidad del rastreo». Pero este mandato viola el derecho a expresarse de forma anónima y dificulta su función crucial en el dircurso político y social de la gente.

La gente debería ser capaz de utilizar internet de forma anónima para compartir información delicada y expresar opiniones poco populares y controversiales sin temor a las rerepresalias. La tendencia de algunos funcionarios gubernamentales y agencias de corte legal a asociar anonimato con criminalidad es problemática. El anonimato es necesario para los ciudadanos comprometidos con la legítima oposición a políticas gubernamentales y para informantes que filtran información que aquellos en el poder preferirían borrar. Hay otras incontables situaciones donde el anonimato es vital y salva vidas: Para víctimas de la violencia, para los que han experimentado la discriminación por problemas de salud, sexualidad o género, sobrevivientes de abuso y más.

Casi todos los países latinoamericanos protegen el derecho a la privacidad en sus constituciones y un número de países ha firmado y/o ratificado el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la ONU. Pero muchos países aún no han promulgado una legislación integral para proteger los datos personales individuales, con excepción de Argentina, México, Chile, Perú y Uruguay.

Otros (incluyendo Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Guatemala) están actualmente considerando promulgar una exhaustiva ley de protección de datos o están actualizando sus débiles salvaguardas legales, como en el caso de Chile. Las exigencias de los gobiernos para la recolección y almacenamiento de más información, incluyendo datos biométricos en tarjetas nacionales de identificación o pasaportes, compromete la privacidad y seguridad de los individuos, creando bases de datos que tienen el potencial de ubicar y rastrear personas con un alto grado de precisión. Los planes para estos tipos de bases de datos están actualmente en marcha en varios países. Es necesaria una discusión seria acerca de las implicaciones políticas en programas encubiertos de vigilancia en Latinoamérica y su impacto en la privacidad de los ciudadanos y en los derechos a la libertad de expresión.

Este artículo se publicó originalmente en Index on Censorship [Índice de Censura; en].