Este post es parte de nuestra cobertura especial sobre derechos indígenas.

«Quieran o no quieran vamos construir este camino» anunció el presidente boliviano Evo Morales durante un discurso en la ciudad de Sacaba el 30 de junio de 2011, en referencia a un polémico proyecto de construcción de una nueva carretera que atravesará el Territorio Indígena y Parque Nacional de Isiboro Sécure (TIPNIS).

La planificación y posterior preparación de la construcción de la sección dos de la «carretera nacional» del país han sido muy criticadas por grupos indígenas cuyas tierras se verían afectadas. El proyecto pone en duda el compromiso de Morales con los derechos de los indígenas y la protección medioambiental, dos cuestiones que el primer presidente indígena de Bolivia había reclamado con orgullo como pilares de su administración.

Polémicos planes de construcción

Mapa del área de TIPNIS

Con un préstamo de 332 millones de dólares del vecino Brasil, Morales firmó una ley que supondría el inicio de la construcción de una carretera desde la ciudad de Villa Tunari hasta San Ignacio de Moxos en el departamento de Beni. El territorio no solo está protegido como reserva natural de gran biodiversidad, sino también como hogar de los miembros de las comunidades indígenas de moxos, yuracarés [en] y chimanes [en]. Isiboro Sécure fue declarado parque nacional en 1965 y nombrado territorio indígena en 1990.

En la XXIX Reunión de Corregidores (miembros del consejo) del TIPNIS, los participantes elaboraron una declaración respecto a su postura sobre el proyecto propuesto. Su resolución fue re-publicada en el blog Defendamos el TIPNIS, en el que los residentes «rechazan de manera concluyente y sin posibilidad de negociación la construcción de la carretera que iría de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos o de cualquier tramo de carretera que afecte a nuestro territorio, nuestro gran hogar», y afirma:

3. La decisión de la construcción de la carretera se ha tomado sin seguir los procedimientos técnicos y legales, sin un estudio de impacto ambiental previo, sin aplicar el derecho a consulta de los pueblos indígenas dentro del TIPNIS, transgrediendo la misma Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP) recientemente aprobada en sus artículos 30 y 343, además de transgredir las leyes que preservan el medio ambiente.

La falta de consulta con los grupos indígenas cuyas tierras y medios de subsistencia se verían directamente afectados es desconcertante para aquellos habituados a ver al presidente Morales como alguien que ha puesto los derechos e intereses de las comunidades indígenas entre las prioridades de su gobierno. El bloguero Pablo Andrés Rivero ha escrito sobre esto en numerosos posts, y menciona el concepto de autonomía indígena, cuya importancia aumentó en la Constitución aprobada en 2009. Rivero escribe [en]:

En este contexto, uno de los mayores cambios introducidos constitucionalmente es la Autonomía Indígena, una particular serie de criterios de autogobierno y toma de decisiones para que los pueblos indígenas decidan, directamente y con plena capacidad, sobre los recursos naturales y formas de desarrollo de acuerdo a sus tradiciones, historia y decisiones en las regiones en las que viven desde hace siglos.

[…] El gobierno, conviene recordarlo, no está ya controlado por élites blanco-mestizas. En su lugar, gobierna Evo Morales, un indígena, que llegó al poder reclamando el devolver a los indígenas su dignidad de una vez por todas, el asegurar que todos vivimos en equilibrio con la naturaleza y respetando las decisiones de la gente o, como decía en sus discursos «gobernar obedeciendo a la gente».

La decisión y determinación mostrada por Morales de seguir adelante y construir la carretera a pesar de la oposición también contradice su posición en el panorama internacional como defensor del medio ambiente. En las Naciones Unidas, Morales promovió resoluciones [en, es] que fomentarían «un enfoque holístico respecto del desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza; y un intercambio de experiencias nacionales en lo que respecta a criterios e indicadores para medir el desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza.»

Su pleno apoyo a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra que tuvo lugar a comienzos de 2010 puede llevar también a confusión; sus acciones en lo que concierne a la construcción de la carretera son incompatibles con estas posiciones internacionales sobre la protección del medio ambiente. Rivero añade:

Morales ha recorrido el mundo defendiendo -y regodeándose- de la decisión de Bolivia de vivir en armonía con la Pachamama, publicitando su Ley de Derechos de la «Madre Tierra» y pidiendo acciones efectivas -y una compensación económica para los países pobres- de los países industrializados contra el cambio climático.

Obra hecha con una plantilla, encontrada en las calles de Cochabamba. Fotografiado por Patricia Vargas y utilizada con permiso.

El gobierno defiende su proyecto afirmando que estas comunidades están demasiado aisladas, y que la carretera traería consigo más desarrollo y una «mayor presencia del Estado», lo que fomentaría un mejor acceso a la salud, la educación y el comercio. Sin embargo, la carretera también supone mayor accesibilidad para los que realizan actividades ilegales que podrían dañar aun más el medio ambiente y amenazar la forma de vida de las comunidades indígenas.

Hay estudios que muestran que la carretera podría causar un 65% de deforestación en las próximas dos décadas, debido a la tala ilegal y a la deforestación, que ya suponen un problema en muchas de estas áreas.

Otros críticos predicen que el crecimiento de las plantaciones de coca ilegal de nuevos colonos de la zona supondría también un incremento del tráfico de drogas. El ex-Viceministro de Tierras de la administración de Morales, Alejandro Almáraz dijo que la carretera supone mayores oportunidades para «un avasallamiento masivo y descontrolado del negocio de la coca ilegal, esto es arrasador, devastador para las comunidades indígenas y para la naturaleza porque esos cultivos de coca se implantan donde antes había monte».

Y aquí es donde el apoyo de Morales a los residentes de la parte meridional del TIPNIS parece encontrarse con un conflicto de intereses. Muchos de los colonos están «ya envueltos en negocios de tierras con los cocaleros«, como apunta el respetado antropólogo Xavier Albo. El comienzo de Morales en la política fue su trabajo sindical con los cultivadores de coca, donde mantiene su posición de presidente de las Seis Federaciones de Productores de Coca.

El gobierno de Bolivia afirma que las comunidades indígenas están bajo la influencia de ONG europeas que presionan a las grupos para que pidan dinero. Sin embargo, (@hormigoazul) cree que la oposición no es una maniobra política:

El problema del #TIPNIS no es esencialismo ecologista, ni protección de ni intervencionismo tipo ONG, ni jugada política de la oposición.

La resistencia de grupos indígenas es una causa apoyada por mucha gente de las ciudades, como afirma Majo Ferrel (@lamajoferrel):

El proyecto carreterro V.Tunari a S.I.Moxos no solamente es cuestionado por los del TIPNIS tb por gran parte de la sociedad civil !!!

Como resultado de esta oposición, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) está organizando una marcha nacional que comenzará el 2 de agosto, y que irá desde Villa Tunari hasta la sede del gobierno en la capital, La Paz. Han recibido el apoyo del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasusy (CONAMAQ).
Este post es parte de nuestra cobertura especial sobre derechos indígenas.