La nueva Constitución de Ecuador, que fue aprobada por un referéndum nacional en 2008, dice en su artículo 16 que todas las personas, individualmente o como grupo, tienen el derecho a la comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa. Sin embargo, la interpretación de este artículo en la forma de leyes ha creado cierta controversia. Muchos han empezado a debatir sobre el contenido de la nueva Ley de Comunicación, que es la primera de este tipo en Ecuador. Por un lado, el Gobierno pretende regular los medios de comunicación, en parte como respuesta a los frecuentes enfrentamientos entre los periodistas y la administración del Presidente Rafael Correa, quien ha sido crítico del papel de los medios de comunicación durante su primer mandato como Presidente. Correa ha calificado a los periodistas como «corruptos, mediocres y sinvergüenzas».

Los que se oponen a la propuesta de ley dicen que el Gobierno quiere silenciar las críticas y dicen que esto es un peligro para la libertad de expresión. El proyecto de la Ley Orgánica de la Comunicación, Libertad de Expresión y Acceso a la Información Pública [pdf] es un documento de 38 páginas y está siendo presentado y analizado por diferentes grupos en el país, incluidos los bloggers, pero en particular los medios de comunicación.

El Gobierno lanzó este video con ejemplos para responder a la pregunta: «¿Por qué los ciudadanos necesitan una Ley de Comunicación?»

La blogger Silvia de Lunas Azules por ejemplo, está de acuerdo con el Gobierno y piensa que los periodistas necesitan controles. Ella reflexiona sobre la profesión del periodista en el país:

En principio resulta hasta ameno constatar lo que muchas veces es ingenuidad de editores con poca preparación profesional y quizá ninguna experiencia en escribir textos, pero después termina siendo seriamente preocupante porque se comprende que nuestra prensa “profesional” no sólo es amateur, sino que muchas veces omite, agrega y selecciona intencionalmente, tendenciosamente, con designios que no son precisamente la entrega de información imparcial a los ciudadanos.

Una de las propuestas en la Ley es que sólo las personas que han obtenido títulos de periodismo serían capaces de ejercer la profesión. Ricardo Tello de Periodismo por Dentro ha vivido y comprobado lo que Lunas Azules ha comentado antes. Él pide a todos los periodistas que recuerden las leyes que rigen a los propios medios y no se conviertan en obstáculos para el ejercicio independiente de esta carrera. Sus opiniones contra las prácticas que él desaprueba le habían otorgado el apelativo de ‘enemigo del periodismo’, de acuerdo a un locutor de radio en Cuenca, una ciudad austral en Ecuador. Tello responde a su detractor y el por qué un periodista no necesariamente necesita tener un título en periodismo:

A pesar de ser profesor universitario, no reivindico la colegiatura o la obligatoriedad del título de periodista; el título solo es el primer paso de una formación profunda y permanente.

Y si eso me vuelve un enemigo de la prensa, pues me declaro enemigo del periodismo mediocre.

En el Ecuador, los medios de comunicación son considerados el cuarto poder, después de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema. Sin embargo, el Presidente Correa dice, «el poder tiene que ser regulado y controlado, es necesario un equilibrio de poder», cuando habla de los medios de comunicación y los periodistas en su país. Su posición ha provocado que muchas organizaciones latinoamericanas, incluyendo CIESPAL, expresen preocupación sobre el proyecto de Ley de Comunicaciones. Los grupos de oposición a la aprobación de esta Ley prefieren llamarla: Ley Mordaza. Frente a esto, Galo Benítez del Migrante Latino pregunta a sus lectores, «¿Ley Mordaza para quién?» y presenta algunas de las 11 observaciones formuladas por el CIESPAL, incluyendo la asignación de frecuencias en tres partes iguales: público, privado y comunitario, la prohibición de la concentración de frecuencias y los monopolios de los medios de comunicación y dar prioridad a la producción nacional y local. Sin embargo, Benítez también critica algunas figuras prominentes en los medios de comunicación ecuatorianos, asumiendo que no son los únicos que necesitan ser escuchados:

Quién ha dicho que solo los encopetados comunicadores como Carlos Vera , Bernardo Abad, Jorge Ortiz, Marcelo Dotti, Alfonso Espinoza de los Monteros, Gissela Bayona, entre otros, pueden hacer comunicación en el Ecuador. Son ellos los que se rasgan las vestiduras, no para dolerse del oyente o televidente, sino por que les preocupa el alcance de la ley que podría incomodar a la empresa privada a la que representan. Lo que fastidia a esta élite mediática es que haya una Ley que atente no a la libertad de expresión como tal, sino a la libertad de empresa privada, que se ve afectada con el alcance del proyecto de ley que pretende hacer ciertas reformas necesarias para democratizar parcialmente el derecho a la comunicación.

Otro de los componentes principales del proyecto de ley exigiría a los canales de TV incluir progresivamente al menos el 40% de la producción nacional en su programación diaria y a la radio al menos el 50% de la música producida, compuesta y/o interpretada en Ecuador. El país latinoamericano tiene más de 1500 frecuencias de radio, el 97% pertenecen a personas naturales y privadas. Un empresario de radio pueden acumular hasta 96 frecuencias en la anterior Ley de Comunicación ecuatoriana.

Para el Profesor Hoax, un comentarista en Ecuador sin Censura la propuesta a la que el asambleísta de Guayas, Rolando Pachana, ha promovido y contribuido, parece estar dedicada de alguna manera al ex presentador de TV, ahora político y el líder de la oposición a Correa junto al ex presidente Gutiérrez, Carlos Vera. La propuesta de Pachana dice que sólo los periodistas comunitarios no necesitan certificación.

Las universidades también han estado promoviendo debates en el seno de sus instituciones. Un ejemplo ha sido en la Universidad de Cuenca, donde el Presidente de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Comunicación dice que al tener que revelar las fuentes como propone la Ley, el periodismo está siendo impedido de hacer investigación y, en cierto modo, para aplicar la autocensura. Diana Medina piensa que esto es una Ley de Medios opuesta a lo que declaran:

Siempre han existido regulaciones, pero no se las ha cumplido a cabalidad. Esta no es una ley de comunicación, porque sólo regula el aspecto informativo, no aborda la comunicación institucional, organizacional… es una ley de medios. Creo que la propuesta no fue bien analizada en algunos puntos, al tener que revelar las fuentes no podríamos desarrollar trabajos de investigación, eso daría paso a la autocensura y ningún periodista querrá aplicar una labor de esta índole.