El blogger Sakiyama Nobuo [ja], un activista social que ha cubierto el área de la censura en la web en Japón por muchos años, a mediados de Enero respondió a una conversación iniciada por la colega blogger Minakata Tsukasa [ja] sobre el tema de la regulación de los sitios web denominados “perjudiciales” [ja]. La entrada del blog es larga y repleta de terminología legal, pero provee una visión general útil al estado actual de los controles legales sobre los contenidos de Internet en Japón, algo que podría llegar a ser útil en el futuro.

Él comienza diferenciando entre “ilegal” y “perjudicial”:

Este argumento es usado con frecuencia al delimitar cosas como “ilegal/perjudicial”, pero por supuesto, “ilegal” y “perjudicial” son conceptos completamente diferentes, y además de esto, sólo decir “ilegal” de una vez puede significar varias cosas distintas. Los fenómenos que ocurren actualmente son complejos, y si, mientras cada uno de estos se capta individualmente, no son considerados en conjunto, entonces los argumentos se vuelven muy extraños.

Luego acota que “ilegal” es menos ambiguo que “perjudicial”, y entonces comienza la discusión de la “Ley de Limitación de Responsabilidad del Proveedor” de Japón, de la que Minakata dice que cubre sitios ilegales. Sakiyama argumenta que de hecho no es tan simple:

La Ley de Limitación de Responsabilidad del Proveedor no va más allá de la responsabilidad social del proveedor del servicio. Para hacerlo simple, en el caso de problemas en asuntos civiles, como violaciones del copyright, difamación y violación de privacidad, si no saben nada [de lo que sucede], entonces no son responsables (y tampoco es su deber monitorear). Hasta si es basada en una petición en la que sí “bloquean la transmisión”, si el contenido parece ser lo que se denunció, y si las cosas se manejan con el debido proceso, entonces [el proveedor] no tiene responsabilidad por la pérdida de beneficios de aquellos que transmitían la información. Para un registro preciso o las directrices de la industria, diríjanse al sitio del consejo de proveedores con respecto a la Ley ISP. Asuntos con la ley criminal no son cubiertos por la Ley de Limitación de Responsabilidad del Proveedor.

Supongo, por la parte criminal, en términos de qué cosa podrían convertirse en problemas, la información ilegal en las Guías Operativas de la Línea Directa de Internet es la referencia, por el momento (aunque tengo el presentimiento que también es difícil decir qué cubre exactamente esto). Hay problemas con la clasificación de estas guías, pero por ahora, observando casos particulares, estas cosas están enumeradas: pornografía infantil, muestras públicas obscenas, violación de la ley que prohíbe la prostitución, violación de los reglamentos para los sitios de citas en línea, instigar al uso indebido de sustancias controladas, publicitar sustancias controladas, incitar [a la gente] a entregar su libreta de depósitos y cuentas de ahorro, e incitar [a la gente] a entregar anónimamente su teléfono móvil. Ya que hay violaciones importantes de intereses individuales protegidos por la ley, como la pornografía infantil, la mayoría son cosas consideradas como crímenes en los que se violan intereses sociales protegidos por la ley.

Incluso si la información es sospechosa de ser de una de estos clases, y el proveedor “bloquea la transmisión”, habrá algunos casos en los que acarreará problemas por haber violado los derechos de la persona que transmite la información. Desde el principio, en muchos casos es tratado como una provisión para defender el acuerdo vinculante del proveedor y el suscriptor de la posibilidad que este tipo de cosas se pudieran volver un problema. Para una discusión concreta, la presentación del abogado Mori Ryouji en el Seminario de 2006 avalado por la Asociación de Internet de Japón está disponible en la red (creo que Mori Ryouji ha presentado sus documentos y similares en reuniones académicas, pero no he ido tan lejos para comprobar esto).

Aún así, ya hasta se habla que “lo más seguro [de hacer] es borrar”, sólo porque el proveedor ignore esto, no significa que enfrentará cargos criminales. En cada caso en el que [el proveedor] haya sido interrogado acerca de la complicidad de un crimen (o, dependiendo de la situación, la persona sea directamente responsable del mismo), parece que había una situación en la que [el proveedor] estaba ligeramente más involucrado, o lo había admitido en el estado de las cosas (para referencia, vean la presentación ya mencionada del abogado Mori Ryouji). De verdad, no todos los sitios web domésticos que se juzguen como ilegales basados en los reportes enviados al Centro de Atención de Internet serán borrados realmente. Todos [los sitios] juzgados como ilegales por el Centro de Atención son reportados a la Agencia Nacional de Policía, pero a partir de allí, si la policía pasa a ocuparse del [sitio] “ilegal”, entonces como requisito previo deben primero realizar una investigación e identificar al sospechoso, referir el caso a la oficina del fiscal, y decidir la acción a tomar; si el caso no amerita llegar hasta aquí, entonces no pasa nada. Luego de la policía, si el sitio reportado y el proveedor son dejados a sus anchas, entonces hasta ahí llega el caso.

Luego señala que hasta ciertos tipos de pornografía infantil voluntaria, si es dejada en carteleras de anuncios, no necesariamente será retirada, y que mucho contenido “ilegal” es de hecho dejado en estas carteleras de anuncios como spam. Entonces continúa:

Por el momento, como pudieron ver [lo que ha sido resaltado] anteriormente, es un hecho que hay varios tipos de “información ilegal” en Internet, y en términos de números, muchos de estos, mientras que se reconoció que existen concretamente, son ignorados. En cierto sentido, la policía no tiene suficiente tiempo libre para llevar una investigación al respecto y eliminar la “información ilegal que no vale la pena”, y en el caso del proveedor también, si hay una premisa de proteger el secreto de comunicación y la libertad de expresión, serán cuidadosos de no restringir la transmisión de la información. Además, entre el alojamiento gratis o extremadamente barato o el alquiler de carteleras de anuncios en la “revolución de lo barato” (y no son pocos los gratuitos que no requieren información personal para el registro), hay una situación en la que, sin estar al tanto de ello, [la gente] se han vuelto “proveedores”, o han descuidado el sitio que crearon, u olvidaron su existencia; imagino que no son pocas las pequeñas corporaciones o individuos en esta situación que, antes de vigilar la restricción de la transmisión de la información, dirán que no tenían ningún conocimiento [de la situación], o dirán que no hay un sistema que reciba los reportes.

Sin embargo, sólo porque existan este tipo de casos, no significa, si se toma en consideración los derechos de los usuarios, que es algo muy simple enviar un reporte a un proveedor de servicio –que tiene un estatus más alto que la persona que establece la cartelera de anuncios, o la persona que ofrece el alquiler de la cartelera, o la persona que ofrece el alojamiento- y eliminar [el problema].

En este sentido, es justo decir que hay claramente una parte del marco de la “regulación de sitios ilegales” con un gran hoyo en ella. Hasta cierto grado, este tipo de hoyo es creado por los derechos humanos básicos asentados en la constitución. Esto se relaciona no sólo con el secreto de comunicación, sino con la libertad personal también. Hemos creado una sociedad en la que, desde que este tipo de cosas son reguladas adecuadamente por la aplicación de la ley nacional, las violaciones insignificantes de la ley son ignoradas siempre que no haya nada que se oponga seriamente a la justicia social; una sociedad que no crea un clima desfavorable.