Estas preguntas establecen el marco general del debate en Consent of the Networked: The Worldwide Struggle For Internet Freedom [en], un nuevo libro escrito por Rebecca McKinnon, co-fundadora de Global Voices [en] (y co-autora del bimensual Netizen Report [en] en GV Advocacy).

Un esfuerzo exhaustivo y oportuno, es también una llamada a la acción para que cada bloguero o usuario de Twitter o Facebook y, especialmente, los ciberactivistas en general, encaren de forma colectiva la acuciante cuestión sobre cómo la tecnología debería ser gobernada para apoyar los derechos y las libertades de los ciudadanos de todo el mundo. Mediante un análisis riguroso y un tono positivo, el mensaje final es implicarnos en una contienda en la que todos tenemos el poder y la capacidad para influir (aún de forma pequeña), tan solo si intentamos entender las complejas fuerzas en funcionamiento, y cómo podemos contribuir a moldearlas.

El libro, que se divide en cinco secciones principales (Trastornos; Control 2.0; Los desafíos de la Democracia; Soberanos del Ciberespacio; ¿Qué debemos hacer?, abarca una serie de eventos acaecidos en la década precedente y está bien actualizado, con partes dedicadas a la Primavera Árabe y a la capacidad de control del Gobierno Egipcio, la privacidad y el control en las democracias occidentales, y la irrupción del “Facebookistan” y del “Googledom”. El correspondiente sitio web del libro ofrece actualizaciones recientes, así como más recursos [en].

La red de Global Voices se menciona aquí y allá, con citas y referencias directas. Por ejemplo, el prefacio del libro trata sucintamente sobre la incepción, el crecimiento y el papel crucial en sucesos recientes:

Cuando las protestas entraron en erupción en Túnez a finales del 2010 y las manifestaciones se extendieron por Oriente Medio y África del Norte a inicios del 2011, los colaboradores de Global Voices trabajaron a contra reloj para difundir información sobre qué estaba pasando, en múltiples idiomas, en nuestro mismo sitio web, además de en Twitter, Facebook y otras plataformas de medios de comunicación social.

La primera parte del libro se centra en las interconexiones entre la tecnología, la sociedad y los negocios que han alentado el desarrollo de Internet hasta hoy y, a su vez, dado lugar a los “fondos digitales” que incluyen prácticas innovadoras, activismo digital, y la capacitación social. Este es un entorno apasionante que, no obstante, encuentra oposición, definida como “Control 2.0”: cuan opacas e irresponsables relaciones con compañias de Internet y telecomunicaciones permiten a los gobiernos autoritarios controlar y manipular a los ciudadanos.”

China representa aquí un caso de estudio primario, sobre la que se describe al detalle su refinado sistema de represión y los desarrollos recientes para sostener el control autoritario, en el que, sin embargo, se permiten, “…niveles elevados de debates enérgicos e incluso polémicos y deliberaciones en línea, dentro de ciertos límites.”

Tras describir situaciones similares (o peores) en países como Irán, Pakistán y Siria, el foco de atención vira a las democracias de Occidente — que, por desgracia, se muestran favorables a imitar regímenes autoritarios, aunque sea de forma sutil e insidiosa. Es decir, las compañías de tecnología están asentando relaciones igualmente opacas e irresponsables con agencias gubernamentales, y no cumplen con “tomar responsabilidad respecto a su poder sobre las vidas políticas de los ciudadanos, ni con ser diligentes en el ejercicio de dicho poder.”

Imagen © Shutterstock.com

Los diferentes casos aquí debatidos incluyen WikiLeaks, reclamaciones a la privacidad de Facebook, la “Gran Manzana” de Apple, y Net Neutrality, junto a la contínua batalla entre la propiedad intelectual vs. la libertad de expresión e intercambio (véase la iniciativa global contra SOPA-PIPA, y la reciente' censura selectiva‘ anunciada por Twitter). Además, se afrontan asuntos menos conocidos, como una propuesta surgida en 2011 de crear un “único ciberespacio europeo” que bloquearía “contenidos ílicitos” ante las fronteras europeas.

Finalmente, la última sección del libro trata de responder a la pregunta “¿Qué debemos hacer?”, y sugiere provomer un Internet centrado en los ciberciudadanos. En esta parte se exploran los esfuerzos de algunos gobiernos, unas pocas compañías, y un número creciente de ciudadanos concienciados en confrontar las amenazas a la libertad en el ciberespacio mediante iniciativas y movimientos novedosos. Entre las propuestas, se incluyen: potenciar la transparencia corporativa; desarrollar procedimientos para el compromiso corporativo con los usuarios, clientes y demás partes interesadas; y construir un entorno informativo más guiado por los ciudadanos.

En última instancia, esta lucha por la libertad de Internet [en] está librándose aquí y ahora — en los países Árabes, en Ásia Oriental e incluso en las naciones occidentales. Es una lucha común, y depende de cada uno de nosotros, como ciberciudadanos y ciudadanos del mundo, controlar el estado de la problemática y asegurarnos que Internet continúe siendo un motor de libertad de expresión y liberación política — y no una herramienta para la alienación, la censura y la represión.

Escrito por Bernardo Parrella · Traducido por Veronica Sabalete · Ver post original [en] · Comentarios (1)
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Todos los enlaces en inglés a menos que se indique lo contrario.

El 19 de enero fue un momento decisivo para la comunidad global de Internet. Los efectos del apagón masivo online en protesta del proyecto de ley de la lista negra de Internet en Estados Unidos, SOPA y PIPA (H.R. 3261 y S. 968), se sintieron en todo el mundo ya que un incontable número de páginas Web, incluyendo Google, Wikipedia, Mozilla, Reddit, BoingBoing, Flickr, Wired, y muchas otras, se unieron a la protesta global contra las leyes de copyright generalistas y mal redactadas que romperían la arquitectura fundamental de Internet. Citando [pdf] el histórico Informe del relator especial de las Naciones Unidad sobre la libertad de expresión y opinión del año pasado: “…las medidas de censura nunca deberían ser delegadas a una entidad  privada, y [..] nadie debería ser responsable de contenido de Internet del que no son autores…”. La oposición masiva tanto de empresas como de particulares en todo el mundo demuestra lo mucho que estas leyes, y leyes similares, dañarían los negocios y la innovación, y aún más importante, restringirían la libertad de expresión en internet.

Pero SOPA y PIPA están realmente en la punta del iceberg. Las mismas fuerzas detrás de estas leyes estadounidenses han continuado presionando a otros países a aprobar leyes similares, así como negociando en secreto acuerdos comerciales internacionales que obligarían a los países signatarios a adaptarse a los mismos estándares. El Acuerdo comercial anti-falsificación (ACTA), el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), la Ley Doring (Mexico), la Ley Sinde (España), la Ley Hadopi (Francia), por citar solo unos ejemplos. Miembros del lobby de la industria del copyright como la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA) y la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) están dedicando una gran cantidad de recursos a que los países aprueben leyes para el refuerzo del copyright, que son intrínsecamente defectuosas. Lo que resulta son leyes que invaden la soberanía nacional, sobrepasan los principios tradicionales de la jurisdicción, perjudican a la innovación, y finalmente violan los derechos de los usuarios.

Los activistas y organizaciones que luchan por las libertades civiles digitales a nivel internacional vieron en el día de acción en internet una oportunidad de oro para enseñar a sus miembros los efectos que esas leyes tendrían en las páginas Web en sus países y el futuro del Internet libre y abierto. Reconociendo el denominador común entre la imposición generalizada y los defectos técnicos que corren por estas propuestas de ley, las siguientes organizaciones han tomado una posición contra los intentos de intereses especiales de censurar a los ciudadanos y destruir la innovación para preservar el modelo de negocio de la industria del entretenimiento

EE.UU. difunde medidas de observancia de IP a través de acuerdos internacionales secretos y amenazas de sanciones comerciales

En los últimos años los miembros de grupos de presión de las industrias de copyright más importantes han buscado un mayor poder para reforzar sus derechos de autor en todo el mundo con motivo de preservar sus modelos de negocio. Estos intentos se han estado llevando a cabo en una serie de foros internacionales como la cumbre del G8, acuerdos comerciales transnacionales como el ACTA y TPP, y el Proceso Anual Especial 301, un informe con niveles de “listas de vigilancia” de países con leyes de propiedad intelectual y políticas de aplicación supuestamente deficientes.Como ya han señalado Grupos de Interés Público de EE.UU. y Académicos de la UE, SOPA incluye una disposición destinada a afianzar aún más la influencia de los titulares de derechos de las IP de EE.UU. en las leyes y políticas de otros países. Mientras que el camino de SOPA y PIPA sin duda podría tener consecuencias de larga duración para todas las sociedades y economías del mundo, esperamos que la enorme atención que han recibido estos dos proyectos de ley de lista negra de Internet sensibilice la conciencia internacional sobre el impacto de estas propuestas de refuerzo de copyright que pretenden imponer los titulares de derechos de las IP de EE.UU en todo el mundo.

La Quadrature Du Net, una organización de apoyo con sede en Francia, afirmó:

Esta Web se oscurece hoy en protesta por las leyes para la detención de la piratería en Internet (SOPA)  y para la protección de IP (PIPA) que estan siendo discutidas en el Congreso de los EE.UU., así como el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA), que se debate actualmente en el Parlamento Europeo. Estas iniciativas se suman a un intento global para censurar Internet en nombre de los derechos de autor.

La Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic (CIPPIC),un grupo de apoyo con sede en Canadá declaró:

[SOPA y PIPA] son un ejemplo más de los daños que pueden resultar de un programa para IP muy agresivo, sin barreras, e impulsado por EE.UU. Impone estándares más restrictivos sobre los intermediarios extranjeros que las empresas de Internet de EE.UU. a través de su reglamento DMCA de notificación de infracción para la eliminación de contenidos.

El grupo chileno de apoyo a los derechos digitales, Derechos Digitales, también enmarca su posición en contra de SOPA a la luz de los regímenes internacionales de refuerzo de la extralimitación de derechos de autor:

Así que, mientras muchos de nosotros hablamos en contra de la propuesta de ley de EE.UU., los gobiernos de Chile, Perú, Nueva Zelanda, Australia, Brunei, Singapur, Malasia y los Estados Unidos se están moviendo rápidamente en un nuevo acuerdo internacional que reproduce una de las mayores amenazas de SOPA : la censura de las páginas Web de Internet de las posibles infracciones de copyright dando poderes policiales a los proveedores de servicios de Internet. (Lea aquí y aquí [ambos enlaces en español])

Markus Beckedahl, presidente de Digitale Gesellschaft, un grupo alemán de Derechos del Usuario, explicó a la opinión pública alemana:

Si solo la mitad del proyecto de ley entra en vigor esto va a tener un enorme impacto negativo en Internet. ACTA, PIPA y SOPA son de naturaleza similar: las industrias de la música y el cine tratan de destruir la red de rodaja a rodaja - la llamada táctica del salami.

Más información aquí, aquí, aquí, y aquí (en alemán)

SOPA y PIPA alterarían la soberanía nacional y perjudicarían a las economías locales

En los países donde los legisladores están debatiendo la necesidad de propuestas para bloquear páginas Web, la adopción de SOPA o PIPA creará una mayor presión para emular la ley de EE.UU., independientemente de cualquier prueba de su eficacia o conveniencia. Lo más desconcertante para los individuos y las empresas más allá de EE.UU. es la forma en que SOPA y PIPA podrían anular efectivamente las leyes nacionales de sus países e imponer normas más restrictivas a los intermediarios de Internet que las que imponen a las empresas estadounidenses.

50 organizaciones de derechos humanos de todo el mundo firmaron una carta al líder de la mayoría del Senado de los EE.UU., Harry Reid, en oposición a PIPA, destacando sus serias preocupaciones acerca de la jurisdicción y la libertad de expresión:

[…] La creación de un mecanismo que requiera que un representante de una página Web haga su aparición en un tribunal de los EE.UU. con el fin de defenderse de una acusación de infracción tendría un impacto desproporcionado para las comunidades online más pequeñas y la compañías emprendedoras con sede en el extranjero que no tienen capacidad para abordar preocupaciones en los Estados Unidos.

Open Rights Group con sede en el Reino Unido también hizo hincapié en las debidas implicaciones de las acciones judiciales de estos proyectos de ley de lista negra de Internet más allá de EE.UU.:

Hay dos razones por las que Open Rights Group está apoyando una protesta contra las leyes de EE.UU. En primer lugar, las definiciones y la redacción generalizada de los proyectos de ley ponen en riesgo a cualquier página Web de ser investigada por las autoridades de EE.UU. En segundo lugar, aquí en el Reino Unido nos enfrentamos a muchos problemas con estos proyectos de ley relacionados con los derechos de autor: medidas de aplicación inadecuada, en particular el bloqueo de páginas Web; definiciones y redacción excesivamente generalizadas o ambiguas; y deficiencias en las acciones y compensaciones judiciales.

Michael Geist, un destacado académico de derecho canadiense especializado en las libertades civiles digitales y los derechos de autor, puso su atención en el impacto que SOPA podría tener en Canadá y sus paralelismos con el ACTA y TPP:

Mientras se propone SOPA ante la legislación de EE.UU., ya tiene implicaciones para todos los canadienses, incluidas las disposiciones que tratan todas las direcciones IP de Canadá como si estuvieran sujetas a la jurisdicción de EE.UU. Por otra parte, Canadá se enfrenta a la misma impacable campaña de cabildeo de los derechos de autor. Entre las muy criticadas normas de bloqueo digital que se encuentran en proyecto de ley C-11 del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación y la propuesta para ampliar el plazo de protección de derechos de autor en la Asociación Trans Pacífico, la política de derechos de autor de Canadá está cada vez más determinada por los mismos grupos que promueven la ley SOPA.

Global Voices Online, una comunidad internacional de bloggers de todo el mundo, dijo a sus lectores:

[PIPA / SOPA] elevarían el coste de la participación de [los medios de comunicación social y otras páginas generadas por los usuarios] para todos los usuarios del mundo, y podría forzar al cierre de muchos proyectos de medios de comunicación social, especialmente las páginas Web y empresas más pequeñas.

OpenMedia.ca, un grupo de apoyo con sede en Canadá, advirtió:

Al igual que los usuarios de Internet y los innovadores en internet de Canadá, tenemos mucho que perder si se aprueba la ley SOPA. SOPA podría cambiar fundamentalmente Internet en los EE.UU., Canadá, y el resto del mundo. […] Digan al primer ministro, Stephen Harper, y a Gary Doer (Embajador de Canadá en los EE.UU.) que los canadienses están en contra de SOPA.

Amenaza a los derechos humanos y al acceso a la información a nivel mundial

La mayoría de las críticas acerca de SOPA y PIPA se han centrado en la manera en la que los proyectos de ley establecerían la censura masivo en internet y, destruirían el Internet que conocemos en nombre de la observancia de la propiedad intelectual. Estos proyectos de ley harían posible que los EE.UU. tuvieran acceso a cualquier página Web del extranjero y proporcionarían a las empresas y otras entidades privadas nuevos poderes para censurar páginas Web de todo el mundo con órdenes judiciales que reducirían los nombres de dominio, los procesadores de pagos, y los anunciantes.

Internet Governance Caucus, una coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil y personas de todo el mundo que participan en el Foro de Gobernanza de Internet de la ONU reafirmó las implicaciones para la libertad de expresión de la legislación de la lista negra de Internet:

Hemos tomado la decisión de unirnos al apagón en protesta por la censura arbitraria en Internet que viola los derechos de las personas que utilizan Internet responsablemente. Observamos con preocupación el aumento de los mecanismos de la censura en varias partes del mundo incluyendo pero sin limitarse a las Directrices para Intermediarios (Intermediary Guideline Rules, IGR) de la India, y a la Ley para la detención de la piratería en Internet (SOPA) y la Ley de Protección de IP (PIPA) de Estados Unidos. Los mecanismos de censura de cualquier país afectan a los usuarios de Internet en todo el mundo.

Amnistía Internacional, una organización reconocida a nivel mundial que lucha contra las injusticias y promociona los derechos humanos, señaló que “[PIPA y SOPA] crearían un incentivo de mercado de gran alcance y sin precedentes de censurar el contenido generado por el usuario. Su paso sería una clara señal para los países de todo el mundo de que está bien sacrificar algunos derechos en nombre de algún otro bien”.

Greenpeace, una organización mundial para el medio ambiente, denunció con firmeza las leyes:

Si SOPA / PIPA se convierten en ley, las páginas Web como Greenpeace.org podrían cerrarse simplemente porque alguno de nuestros objetivos corporativos presenta una reclamación de que sus derechos de propiedad intelectual han sido violados. Sin requerir prueba alguna, ni audiencia en el tribunal.

Article 19, una organización internacional para la libertad de expresión, declaró:

[PIPA/SOPA] ahogarán la libertad de expresión, la innovación, y socavarán la seguridad en Internet, todo para beneficio de los estudios de Hollywood.

El apagón del miércoles 19 de enero supone una nueva era para el movimiento de libertad civil digital mundial. A través de blogs, tuiteos y posts, miles de organizaciones, activistas y personas realmente lo convirtieron en el éxito que fue. Esto solo ha sido una muestra del gran apoyo que tuvo lugar. Aquí están algunas otras organizaciones, grupos, activistas e incluso partidos políticos que participaron en este día tan importante para el futuro de Internet:

• Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (Internacional)
• Asociación de Internautas (España) informó que cientos de páginas Web españolas, incluyendo la suya, se unieron al apagón en solidaridad con sus homólogos estadounidenses.
• BytesforAll (Paquistán)
• CenterforTechnologyandSociety, Fundacao GetulioVargas (Brasil) aquí, aquí y aquí.
• European Digital Rights (28 miembros de organizaciones para los derechos privados y digitales en Europa)
• FundaciónVía Libre (Argentina)
• Global Voices Advocacy (Internacional)
• GreenPeace (Chile)
• Izquierda Verde (Holanda) - partido político ecologista
• Los Verdes (Alemania) - partido político ecologista
• Sociedad de Internet India Chennai
• Nupef (Brasil)
• Partidos Pirata de Reino Unido, España, Argentina, Suecia y Canadá, entre otros.
• Revista do Terceiro Setor (RETS), Brasil
• Reporteros Sin Fronteras (RSF)

Escrito por Katitza Rodriguez · Traducido por Ana Domínguez Rodríguez · Ver post original [en] · Comentarios (1)
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Portada del libro. Diseño por Patricia Fiuza.

Basándose en los debates actuales en cinco de las economías más fuertes de la región–Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México–todos los cuales cuentan con altas tasas de penetración de Internet [en] para América Latina, los colaboradores dibujan un boceto de la legislación, las decisiones judiciales y políticas que afectan a la libre expresión y la privacidad en línea. Escribe Eduardo Bertoni, editor de libros y director ejecutivo de CELE:

El debate global sobre la regulación en Internet ha evolucionado desde aquella pregunta inicial acerca de si es necesaria y deseable alguna regulación en la red. […] Los artículos de esta publicación abordan [estos temas] no con la idea de arribar a soluciones últimas, sino con la intención de plantear algunas de las cuestiones legales involucradas en estos temas y pensar el efecto que pueden tener estas políticas sobre la libertad de expresión.

Los autores del libro instan a los formuladores de políticas a que utilicen los instrumentos internacionales y regionales–tales como la la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos–como fuentes cruciales de principios rectores en la elaboración de políticas para la era digital.

Las tres preguntas fundamentales que subyacen en gran parte del análisis y la discusion en el texto son:

• Cuando los usuarios de Internet publican contenido, almacenan información personal, y buscan información en la red, ¿cuáles son sus derechos y responsabilidades?
• ¿Cómo pueden los gobiernos proteger los derechos de los ciudadanos a la privacidad y la libertad de expresión y a la vez sostener leyes sobre difamación y derechos de autor, y asegurar que los agentes de la ley puede llevar a cabo sus legítimas investigaciones criminales en línea?
• ¿Qué papel juegan los intermediarios de internet– proveedores de servicios de Internet (ISPs), motores de búsqueda, plataformas para contenido generado por usuarios, tales como YouTube o WordPress, en la ejecución de las política gubernamentales?

Numerosos debates acerca de la regulación de Internet en América Latina se centran en violaciones de derechos de autor y las amenazas a la honra y reputación (también conocida como la difamación). Muchos tribunales de la región toman en serio estas infracciones (tanto en línea como fuera de Internet), y algunos legisladores sostienen que estos justifican la aplicación de regulaciones más estrictas sobre la actividad de Internet.

En Colombia, la propuesta Ley Lleras (actualmente archivada) permitiría a un propietario de derechos de autor exigir a los ISPs que eliminen contenido vulnerado, un proceso conocido como “notificación y desmontaje”. Bajo la ley actual de Colombia, los ISPs solo están obligado a eliminar contenido si reciben un mandato judicial. Pero la Ley Lleras eliminaría este requisito, dejando a los ISPs la responsibilidad de determinar si las solicitudes de desmontaje son válidas.

Arte por Tomaz Garzia. CC BY-NC 2.5

Los motores de búsqueda también se han considerado responsables de proveer acceso a contenido difamatorio. En Argentina, la cantante Virginia da Cunha presentó una demanda por difamación contra Google y Yahoo! Argentina, después que las compañías habían rechazado la solicitud de Da Cunha de filtrar (eliminar) los resultados de búsqueda por su nombre que llevaban a contenido sexual explícito. Un juez inicialmente falló a favor de la cantante, pero más adelante, un tribunal de apelaciones revocó la decisión.

Los autores contribuyentes Claudio Ruiz y Juan Carlos Lara, de la ONG chilena Derechos Digitales, advierten que bajo la Ley Lleras, es probable que los ISPs cumplirían con la mayoría de las solicitudes de desmontaje antes de examinar a fondo su validez, ya que la alternativa podría dejarlos vulnerables a la acción judicial. El caso da Cunha podría haber llevado a un resultado similar, donde los motores de búsqueda accederían a los pedidos de filtrar los resultados, para no arriesgarse el castigo. Estos ejemplos ilustran la necesidad de proteger a los intermediarios de la responsabilidad por el contenido creado por sus usuarios.

La jurista brasileña Joana Varon y sus coautores, todos investigadores en el Centro do Tecnologia e Sociedade [pt], hablan de estos asuntos en un capítulo sobre el filtrado de contenido. Aunque hay poca evidencia que los gobiernos de América Latina (con la excepción de Cuba y Venezuela) se dedican al filtrado extensivo, los legisladores han considerado diversos mandatos de filtrado para combatir violaciones de derechos de autor y difamación en línea. Sin embargo, los autores observan que hay un problema con este enfoque:

…[las] técnicas de filtrado no son precisas…es casi imposible bloquear solo un determinado contenido sin afectar otros…[A]demás, muchos de esos mecanismos utilizados para regular y censurar información son cada vez más sofisticados, utilizando…muchas camadas de control que generalmente están escondidas del usuario común, quien probablemente ni se dará cuenta de que la información a la que accede ha sido objeto de filtrado.

Otros colaboradores incluyen al académico de la Universidad de los Andes, Lorenzo Villegas, quien describe los desafíos de la protección de datos personales en la era digital, y Eduardo Bertoni, quien habla del tema de la jurisdicción en casos de difamación cuando él que publica el contenido difamatorio se encuentra en una jurisdicción y la parte ofendida se encuentra en otra. Hacia una Internet libre de censura también presenta artículos de la profesora de derecho de la Universidad George Washington Dawn Nunziato [en], Alberto Cerda de Derechos Digitales, y el jurista Hiram Meléndez Juarbe de la Universidad de Puerto Rico.

Cynthia M. Wong, James X. Dempsey, y Ellery Roberts Biddle del Centro para la Democracia y la Tecnología [en] son coautores del último capítulo del libro, que coloca los debates actuales sobre diseño de políticas en América Latina dentro del más amplio contexto internacional. Anotan que los temas que se debaten en América Latina son muy similares a los planteados en otras partes del mundo, una convergencia que no es de extrañar dada la naturaleza global del medio.

Los diseñadores de políticas en todo el mundo se enfrentan a los problemas de la libertad de expresión, privacidad, protección de los derechos de autor, difamación, y el poder del gobierno pero los enfoques varian bastante de una región a otra, y de un país a otro. Algunos se han vuelto hacia la represión poniendo en peligro no solo los derechos humanos, pero también la innovacion económica y el desarrollo humano. Como demuestra el libro, los deseñadores de las políticas latinoamericanas han recurrido a Europa y los EE.UU. al debatir estos temas. Pero también tienen la ventaja única de trabajar en una región donde de país a país, las relaciones son generalmente amables, y los legisladores a menudo son capaces de “tomar prestadas” las soluciones políticas de un país y aplicarlas en otro.

Hacia una Internet libre de censura tiene como objetivo tomar ventaja de esta dinámica de cooperación mediante el inicio de nuevas conversaciones, colaboraciones e iniciativas de políticas que ayuden a proteger y fortalecer la expresión en línea libre, la libertad de información y la privacidad en toda América Latina.

Escrito por Ellery Biddle · Traducido por Betsy Galbreath · Ver post original [en] · Comentarios (0)
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Escrito por Fred Petrossian · Traducido por Gabriela Garcia Calderon Orbe · Ver post original [en] · Comentarios (0)
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Escrito por Fred Petrossian · Traducido por Gabriela Garcia Calderon Orbe · Ver post original [en] · Comentarios (0)
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'Juego de niños' compartido por John Flanagan en Flickr (CC BY 2.0)

‘Era la víspera de Navidad, en toda la empresa, los hackers se miraban los unos a los otros y decían: “¡w00t! Faltan solo dos días para el 28c3″.

El Chaos Communications Congress [en] es la reunión anual del Chaos Computer Club [en] de Alemania, uno de los más antiguos colectivos de hackers en el mundo. Se celebra en Berlin cada año en plena temporada de fiestas, entre Navidad y la víspera de año nuevo, un tiempo en el que solo los dedicados y obsesivos informáticos europeos dejarían de lado a su familia y amigos para pasar cuatro días en un centro de conferencias con hackers y geeks similares a ellos.

El programa es una mezcla de charlas técnicas realizadas por expertos en seguridad y software libre que hablan acerca de los derechos en línea y el hacktivismo. Asimismo es conocido por abordar nuevos temas de vital importancia en el mundo entero. Además de las charlas, este espacio permite a los clubes informáticos y a los hackspaces europeos mostrar sus  proyectos actuales, así como talleres para trabajar en nuevas herramientas y proyectos y sirve como laboratorio de descubrimiento para productos como los basados en la plataforma electrónica Arduino, la impresión 3D e incluso el lock-picking o uso de la ganzúa.

Este año fue el congreso N°28 del Chaos Communications Congress (28c3 abreviado) y es la tercera vez que asisto. Esto es lo que más destaco:

Roger Dingledine y Jacob Applebaum sobre TOR

Para mi, esta charla ilustra el rol central que está desempeñando la comunidad de hackers actualmente en los acontecimientos mundiales. La conferencia comenzó con una charla de Evgeny Morozov [en] acerca de los peligros de la vigilancia digital en la red, sin embargo, la charla del  día siguiente, que se centró en las experiencias de la comunidad TOR [en] con las infraestructuras de control de las redes nacionales, fue la que llamó la atención de los participantes de 28c3 en contra de la vigilancia como un concepto y una tecnología, tanto en sociedades libres como en sociedades oprimidas. Las alusiones demagógicas e informales acerca de las vulnerabilidades técnicas de tecnologías de censura de los estados fueron moderados por la habilidad evidente de este par y su considerada actitud ética . Excelente.

La defensa de los teléfonos móviles

Hace dos años, en 26c3, Karsten Nohl [en] anunció que el protocolo de cifrado GSM había sido descifrado. Este año, explicó de manera detallada cómo los operadores de red deben asegurar sus redes cuando actualizan la codificación, y solicitó la ayuda de la comunidad para que lo ayuden a seguir el desempeño efectivo de los operadores. Asimismo, presentó un nuevo proyecto, CatcherCatcher, que realizará un seguimiento de la actividad de los IMSI catchers [en] por parte de los usuarios de teléfonos móbiles. Se cree que los IMSI catchers están siendo cada vez más utilizados por los servicios policiales para rastrear a las personas a través de sus teléfonos móviles.

La guerra que se viene en la computación de propósito general

(El video tiene subtítulos en castellano, hacer click en CC)

Una charla experta a cargo de Cory Doctorow [en] que le recordó al congreso que los “dispositivos de información” (como los iPads, Kindles y demás) son simplemente computadoras completamente funcionales con spyware instalados en ellos: “Todos los intentos por controlar las computadoras convergen hacia rootkits y todos los intentos por controlar  la red convergen hacia la vigilancia”.

Claves soberanas

Peter Eckersley [en] de EFF propone una manera de reparar el sistema de Autoridad de Certificación violado.

¿Hacia un ciberespacio europeo seguro e único?

Una charla maravillosamente construida por Suso Baleato [en] con referencia a la retórica usada por los legisladores europeos que socavan la libertad en Internet con el carácter del nuevo activismo en la red que al final yo arruino haciendo un pregunta estúpida que nadie entendió.

Caminado por el pasillo

Hablando con los demás participantes durante la conferencia y fuera de ella, descubrí cosas muy interesantes: el Open Source Next Generation Multicopter [en]; el Hackerbus [en] y el Code Hero [en].

Escrito por Becky Hogge · Traducido por Karina Villegas · Ver post original [en] · Comentarios (0)
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El viernes 27 de enero, Twitter anunció en una entrada de blog [en] que estaba lanzando un sistema que permitiría a la compañía desmontar contenido de cada país por separado, en lugar de desmontarlo de todo el sistema completo de Twitter. En internet inmediatamente surgieron los alegatos de censura, las teorías de conspiración acerca de los inversionistas sauditas [en] de Twitter y el filtrado automatizado del contenido [en] y llamaron a una protesta [en] el sábado 28. Hay que aclarar algo: Existe una confusión generalizada sobre la nueva política de Twitter y sus implicaciones sobre la libertad de expresión en todo el mundo.

Dejemos una cosa aparte: Twitter ya desmonta [en] algunos tuiteos y lo ha hecho durante años. Todas las otras plataformas comerciales que conocemos eliminan contenido, como mínimo en respuesta a órdenes judiciales válidas. Twitter elimina algunos tuiteos porque se presume sean abuso o spam, mientras que otros son removidos en conformidad con órdenes judiciales o notificaciones de la DMCA [Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital]. Hasta ahora, cuando Twitter ha desmontado contenido, ha tenido que hacerlo de forma global. Por ejemplo, si Twitter ha recibido una orden judicial de desmontar un tuiteo difamatorio hacia Ataturk -que es ilegal bajo las leyes turcas- la única forma de acatarla sería eliminándolo para todos. Ahora Twitter tiene la capacidad de dar de baja al tuiteo para las personas con direcciones IP que indiquen que están en Turquía y lo deja para todos los demás. En este momento, podemos esperar que Twitter cumpla órdenes judiciales de países donde tienen oficinas y empleados, una lista que incluye al Reino Unido, Irlanda, Japón y, muy pronto, Alemania.

La creciente necesidad de Twitter de eliminar contenido llega como consecuencia de su crecimiento en nuevos países, con diferentes leyes que deben seguir o riesgos a que sus empleados locales sean arrestados o confinados a prisión o acciones similares. Al abrir oficinas y mudar empleados a nuevos países, Twitter aumenta los riesgos de su compromiso con la libertad de expresión. Como todas las compañías (y todas las personas) Twitter está atado a las leyes de los países en los que opera, lo que resulta en más normas que acatar y también leyes que inevitablemente se contradicen unas a otras. Twitter pudo haber reducido su necesidad de ser instrumento de censura gubernamental manteniendo sus recursos y su personal dentro de las fronteras de Estados Unidos, donde existe la protección legal como la CDA 230 [en, Sección 230 de la Ley de Decencia en las Telecomunicaciones] y los puertos seguros de la DMCA (que sí requieren desmontaje, pero también otorgan una vía, aunque pésima, para la republicación).

Twitter está tratando de mitigar estos problemas bloqueando el acceso al contenido sólo para las personas provenientes de direcciones IP en el país que busca censurar dicho contenido. Eso es bueno. Por ahora, el efecto general es menos censura en lugar de mayor censura, ya que solían dar de baja a las cosas para todos los usuarios. Pero la gente ha expresado preocupaciones del tipo “si lo construyes, ellos vendrán” -si construyes una herramienta para la censura de cada Estado, los estados comenzarán a utilizarla. Debemos permanecer atentos ante este resultado.

Mientras tanto, Twitter está dando dos pasos adicionales para asegurarse que los usuarios sepan que la censura ha sucedido. Primero, están notificando a los usuarios cuando buscan ese contenido. Segundo, están enviando las notificaciones que reciben del Proyecto Chilling Effects [en, efectos intimidantes], el cual publica las órdenes, creando un archivo. Nota: EFF es uno de los asociados del proyecto Chilling Effects. Hasta ahora, de sitios web muy grandes, solamente Google y Wikipedia son así de transparentes acerca de lo que dan de baja o bloquean y por qué. Cuando Facebook desmonta una publicación, no hay en absoluto una notificación pública. A través de Chilling Effects, los usuarios pueden rastrear exactamente qué clase de contenido se le está pidiendo a Twitter que censure o desmonte y cómo sucedió tal cosa.

Entonces ¿qué deberían hacer los usuarios de Twitter? Mantener la honestidad de Twitter. Primero, prestar atención a las notificaciones que envía Twitter y al archivo que está siendo creado en Chilling Effects. Si Twitter comienza a acatar órdenes judiciales de India para que desmonte tuiteos que son ofensivos a los dioses hindúes o que criquen al rey en Tailandia, queremos saberlo inmediatamente. Además, los proyectos de transparencia como Chilling Effects permiten a los activistas hacer seguimiento a la censura en todo el mundo, que es el primer paso para presionar a los países a que defiendan la libertad de expresión y detengan la censura gubernamental.

¿Qué más? Eludir la censura. Twitter aún no ha bloqueado tuiteos utilizando este nuevo sistema, pero cuando lo haga, ese tuiteo no desaparecerá -habrá un mensaje informando que el contenido ha sido bloqueado debido a la ubicación geográfica. Afortunadamente, la ubicación geográfica es fácil de cambiar en internet. Pueden usar un proxy o un nodo de salida en Tor [en] ubicado en otro país. Read Write Web también sugiere [en] que, para evitar la censura por país, simplemente cambien el país seleccionado en el perfil.

Escrito por Eva Galperin · Traducido por Adriana Gutiérrez · Ver post original [en] · Comentarios (1)
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Hace seis años que la Unión Europea aprobó la controvertida directiva sobre la retención de datos. Ideada por la UE y muy criticada por poderosos lobbies del gobierno de Estados Unidos y el Reino Unido, esta ley de vigilancia en masa obliga a los proveedores de Internet a recoger y retener los datos relativos al tráfico que revelan quién se comunica con quién por correo electrónico, teléfono, o a través de mensajes de texto, incluyendo la duración de dicha comunicación y la ubicación de los usuarios. Estos datos se proporcionan a menudo a las autoridades con fines policiales. Los europeos también han criticado esta directiva que, año tras año, ha inspirado algunas de las mayores protestas callejeras contra [en] la vigilancia excesiva.

La Comisión Europea ha empezado a preparar [en] la defensa de este controvertido plan de vigilancia en masa, aunque hasta ahora ha sido incapaz de demostrar que la directiva sea necesaria o proporcional. Para que la directiva sea legal en la UE, toda limitación del derecho a la privacidad debe [en] ser “necesaria” para alcanzar un objetivo de interés general y “proporcional” a dicho objetivo. Esto es muy importante para garantizar que el gobierno no adopte medidas drásticas para solucionar un problema que se podría resolver de una manera que perjudicara en menos medida las libertades civiles. Sin embargo, la Comisión ha defendido [en] que todos los usos de los datos recogidos ilustran la “validez” de la directiva. Esto no cumple con el estándar legal. En lugar de eso, la Comisión debería proporcionar pruebas [en] de que ante la falta de una ley de retención obligatoria de datos, los datos de tráfico que determinarían la investigación de un “delito grave” no estarían disponibles para las autoridades.

A pesar de los esfuerzos de la Comisión Europea por mantener la directiva tal y como está, una carta filtrada [en] confirma que no le está resultando fácil encontrar pruebas de la “necesidad” de un plan de retención de datos en la Unión Europea. Además, no se le está dando la suficiente importancia al hecho de que no exista ningún sistema de supervisión que permita a los ciudadanos controlar el impacto del programa sobre sus derechos de privacidad. Quizá, el dato más inquietante, corroborado por la carta, es que los proveedores del servicio ya han estado almacenando mensajes instantáneos, chats, cargas y descargas. Este tipo de recopilación de datos no está incluido en la directiva. Por otra parte, la carta señala que actores “no identificados” buscan ampliar los usos de la directiva para que incluya el enjuiciamiento de la violación de los derechos de autor y las “descargas ilegales”. Ya que este no es un delito grave, no está incluido en la directiva.

Ante esta filtración, la iniciativa europea de Derechos Digitales (EDRI) declaró [en]: “El documento filtrado muestra que la Comisión, a pesar que no puede probar ni la necesidad ni la proporcionalidad de la directiva sobre la retención de datos, sigue apoyándola.” Dicha carta también reveló que la Comisión Europea está evaluando la posibilidad de enmendar la directiva y ha encargado un estudio de la preservación de datos en la UE y en todo el mundo. De acuerdo con la carta, este estudio estará completo en mayo de 2012.

Acabar con la retención de datos: Desafíos Constitucionales

Los tribunales constitucionales han empezado a adquirir relevancia a la hora de juzgar la legalidad de este plan de vigilancia en masa. En una decisión aclamada por defensores privados, el Tribunal Constitucional checo declaró [en] en marzo de 2011 que la ley checa de retención de datos no era constitucional. Anteriormente, ese mismo mes, el mismo Tribunal asestó un golpe importante [en] a la retención de datos al anular parte del Código Procesal Penal que habría permitido el acceso de las fuerzas de la ley a los datos almacenados voluntariamente por los operadores. Lo que es más importante, el Tribunal checo utilizó un lenguaje muy convincente para expresar la importancia de la protección de datos referentes al tráfico. El Tribunal declaró que la recopilación de datos de tráfico y de datos de comunicación daban garantías legales idénticas, ya que ambas tienen la misma “intensidad de interferencia.”

No podríamos estar más de acuerdo. Los datos de esta naturaleza requieren más protección, no que se tenga un acceso completo a ellos. La gente no debería tener que preocuparse sobre si un tipo de información privada está menos protegida que otra. Jan Vobořil, de Iuridicum Remedium [en], que lideró la denuncia contra la ley checa de retención de datos, dijo a la EFF:

Yo creo que ambas decisiones ayudarán a garantizar que la nueva legislación mantenga las mismas restricciones que existen a la hora de pinchar el teléfono, como por ejemplo que se garantice a los ciudadanos la privacidad de los datos cuando el gobierno acceda a ellos, la obligación de informar a los usuarios sobre el uso de sus datos, etcétera.

Otros tribunales de varios países miembros de la UE también se han pronunciado sobre la ilegimitidad de las leyes de retención de datos. En 2009, el Tribunal Constitucional rumano rechazó [en] la imposición de un amplio programa de retención de datos en desarrollo. El Tribunal subrayó que la retención obligatoria de datos anula la presunción de inocencia de manera que se considera a todos los rumanos como potenciales sospechosos. A pesar de la decisión de este tribunal, un nuevo borrador de proyecto de ley sobre la retención de datos se introdujo [en] en el Parlamento, pero el Senado la rechazó finalmente a finales de 2011.

En marzo de 2010, un Tribunal alemán declaró [en] anticonstitucional la ley alemana de retención de datos. El Tribunal ordenó que se eliminaran todos los datos almacenados y afirmó que la retención de datos podía “provocar la amenazadora sensación de estar siendo observado, lo que puede disminuir la percepción objetiva de los derechos básicos de la persona en muchos sentidos.” La demanda la interpusieron 34,000 ciudadanos [en] a través de la iniciativa de AK Vorrat [de], el grupo de trabajo alemán que lucha contra la retención de datos.

En Irlanda, el Tribunal está consultando [en] el caso que cuestiona la legalidad de la directiva europea al Tribunal de Justicia de la UE gracias a la denuncia de Digital Rights Ireland [en]. El Tribunal irlandés afirmó la importancia de definir “los límites legales legítimos de las técnicas de vigilancia empleadas por los gobiernos”, y subrayó que “sin las garantías legales suficientes, el potencial para que tengan lugar ciertos abusos e invasiones de la intimidad es innegable.” Los Tribunales de Chipre y Bulgaria [en] también han declarado anticonstitucional su ley sobre la retención obligatoria de datos.

La directiva europea sobre la retención de datos obliga a los países miembros de la UE a incorporarla a sus respectivas leyes. Por suerte, muchos países miembros todavía no lo han hecho. La República Checa, Alemania, Grecia, Rumanía y Suecia no han aprobado esta legislación, a pesar de la insistencia [en] de la Comisión Europea. En Austria, la ley de protección de datos entrará en vigor [en] en abril de 2012.  AK Vorrat Austria [en] planea emplear todos los medios legales para cuestionar la legalidad de la directiva europea. Además, ha enviado una petición al Parlamento austriaco pidiendo [en] al gobierno que luche contra esta medida en la UE y que revise toda la legislación anti-terrorista existente. (Si eres austriaco, firma la petición en zeichnemit.at.) En Eslovaquia, la ONG European Information Society Institute [en] se opone a la ley eslovaca sobre la aplicación de la retención de datos.

Al mismo tiempo, numerosas organizaciones de la sociedad civil están desarrollando campañas contra esta ley opresiva. La EDRI [en], junto con la EFF y AK Vorrat [de], ha luchado para revocar esta directiva europea y para defender la recopilación selectiva de datos. La EDRI ya ha mencionado [en] con anterioridad que Deutsche Telekom, una compañía de telecomunicaciones alemana, utilizaba ilegalmente los datos de tráfico de comunicaciones y de ubicación para espiar a alrededor de 60 personas, entre los que se incluían periodistas, directivos y líderes de sindicatos. También informaron que dos grandes agencias de inteligencia de Polonia usaba los datos de sus suscriptores para revelar de manera ilegal las fuentes de información de los periodistas sin ninguna supervisión judicial. Estos son sólo algunos ejemplos en los que las políticas de retención de datos han amenazado directamente los derechos de expresión y de privacidad de las personas.

Esta directiva es una amenaza para la privacidad y el anonimato en Internet y se ha demostrado que constituye una violación de los derechos de privacidad de 500 millones de europeos. La EFF, junto con la EDRI, continuará luchando por la revocación de la directiva y a favor de una recopilación selectiva de datos de tráfico.

La retención obligatoria de datos en Estados Unidos

Dos proyectos de ley introducidos [en] en el Congreso de EEUU en 2009 habrían hecho que todos los proveedores de Internet y los operadores de puntos de acceso a redes WiFi tuvieran que guardar un historial de los usuarios de internet durante al menos dos años para facilitar las investigaciones policiales. Ninguno de los dos pasó a ser una ley. Algunos legisladores y oficiales del orden sostienen, sin embargo, que la retención obligatoria de datos es necesaria para investigar la pornografía infantil online y otros crímenes cometidos por Internet. En enero de 2011, el Subcomité de Crimen, Terrorismo y Seguridad Interna de la Cámara de Representantes de EEUU celebró una audiencia [en] en la que se debatió si el Congreso debía aprobar la legislación que obligaría a los proveedores de internet y telecomunicaciones a registrar los datos de tráfico de los usuarios. En mayo de 2011, la H.R. 1981 [en], que requeriría la retención de dichos datos de tráfico, se introdujo en la Cámara de Representantes. Este proyecto de ley sigue debatiéndose y constituye una amenaza para la privacidad y el anonimato de todos los americanos. La EFF se ha unido a varias organizaciones de consumidores y a las que luchan por las libertades civiles oponiéndose públicamente [en] a la H.R. 1981. Únete a la EFF y ayúdanos a acabar con este proyecto de ley antes que lo aprueben. Ponte en contacto con tu representante [en].

Katitza Rodriguez [en] es la directora del departamento de Derechos Internacionales en la Electronic Frontier Foundation[en]. @txitua

Escrito por Katitza Rodriguez · Traducido por Candelaria Reymundo · Ver post original [en] · Comentarios (0)
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Escrito por Oiwan Lam · Traducido por Siân Sinnott · Ver post original [en] · Comentarios (0)
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Sin embargo, la lucha está lejos de haber terminado. Aunque el New York Times informó [en] que el comunicado de la Casa Blanca “mata cualquiera de las versiones de la legislación,” el Senado sigue animado a llevar PIPA a la mesa de discusión la próxima semana, y podemos esperar que los autores de SOPA en el Congreso traten de revivir la legislación - al menos que les llegue el mensaje de que esas iniciativas deben parar, ahora.  Así que echemos un vistazo a las peligrosas cláusulas en los proyectos de ley de listas negras que violarían los propios principios de la Casa Blanca al dañar la libertad de expresión, seguridad de Internet, e innovación en línea:

La Cláusula Anti-elusión

Además de perseguir a sitios que supuestamente estén involucrados directamente en una violación de derechos de autor, una propuesta de SOPA permitiría al gobierno elegir como blanco a sitios que simplemente provean información que pueda ayudar a los usuarios a eludir los mecanismos de censura de las leyes. Esta cláusula podría no sólo ser una restricción inconstitucional a la protección de la expresión, si no que también dañaría fuertemente la innovación en línea. Y contrariamente a los dichos de los partidarios de SOPA, la cláusula - al menos de la forma en que fue propuesta hasta ahora - aplica a todos los sitios web, incluso aquellos fuera de Estados Unidos.

Un experto en la Primer Enmienda, Marvin Ammori señaló [en], “La redacción es sumamente vaga, pero parece que todas estas compañías deben monitorear sus sitios buscando cualquier posible anti-elusión para no quedar expuestos a acciones judiciales que les ‘ordenen’ a dejar de proveer ‘su producto o servicio.’ Esto significa que los sitios de redes sociales como Facebook o YouTube—básicamente cualquier sitio con contenido generado por los usuarios—tendrían que vigilar sus propios sitios, imponiendo fuertes cargas de costos a innumerables empresas de Internet. Esto es exactamente el por qué los inversores han expresado masivamente [en] que no invertirán en emprendimientos en línea si PIPA y SOPA son aprobados. Los sitios web serían forzados a bloquear desde cualquier posteo sobre añadiduras a los buscadores hecho por un usuario, como DeSopa [en], hasta una simple lista de direcciones IP de sitios previamente bloqueados.

Tal vez sea peor, EFF ha detallado cómo esta provisión [en] también podría poner en jaque a la comunidad de fuente abierta de software. Esto incluye organizaciones que han sido fundadas por el Departamento de Estado para crear software que ayude a activistas pro-democracia a esquivar los mecanismos de censura de regímenes autoritarios. Irónicamente, SOPA no sólo instituiría las mismas prácticas que estos gobiernos, sino que también haría ilegales [en] las herramientas usadas por activistas para burlar la censura en países como Irán y China.

La Cláusula “Vigilante”

Otra peligrosa cláusula en PIPA y SOPA que no ha recibido suficiente atención es la provisión “vigilante”, que otorgaría una amplia inmunidad a los proveedores de servicios si sobre-bloquean a usuarios inocentes o bloquean sitios voluntariamente con ninguna supervisión judicial del todo. El estándar de inmunidad es increíblemente bajo y el potencial de abuso altísimo. Los intermediarios sólo necesitan actuar “de buena fe” y basar su decisión en “evidencia creíble” para recibir inmunidad.

Como lo señalamos hace meses [en], esta cláusula permitiría que el MPAA y RIAA crearan listas negras de sitios que desean censurar. Los intermediarios se encontrarían bajo la presión de actuar para evitar órdenes judiciales, creando un vehículo para que las corporaciones censuren sitios—incluso aquellos en Estados Unidos—sin ninguna supervisión legal. Y como Conocimiento Público lo ha resaltado [en], esta provisión no sólo puede ser usada para reclamos sin fundamento de derechos de autor que están protegidos por un razonable uso, si no que las grandes corporaciones pueden aprovecharse de esto para frenar a sus competidores emergentes y así dar la vuelta a las leyes anti-monopolio:

Por ejemplo, el proveedor de Internet podría bloquear requerimientos de DNS para un sitio que ofrece videos en línea que compita con sus ofertas de cable basado en “evidencia creíble” que el sitio estaba, en su propia estimación, promoviendo su uso para acciones ilegales… Mientras la enmienda requiere que la acción sea tomada de buena fe, el sitio bloqueado ahora tendrá que soportar la carga de probar su inocencia o la mala fe de su acusador para ser desbloqueado.

Derecho Corporativo de Acción

PIPA y SOPA también permite a los titulares de derechos de autor obtener una orden judicial para evitar que sitios extranjeros accedan a procesadores de pago y anunciantes. Como hemos subrayado contínuamente [en], los titulares de derechos de autor ya pueden remover material ilegal de la red bajo la norma de notificación y dada de baja de DMCA. Desafortunadamente, hemos visto [en] que se ha abusado del poder una y otra vez [en]. Sin embargo los autores de PIPA y SOPA quieren dar a los dueños de los derechos incluso más poder, permitiendo esencialmente que puedan bajar sitios completos en lugar de quitar contenido ilegal específico.

Mientras esta cláusula sólo afecta a los sitios extranjeros, también influye a los derechos de expresión libre de los norteamericanos. Como Marvin Ammori explicó [en], “El caso fundamental de Lamont v. Postmaster [en] deja claro que los norteamericanos tienen el derecho en la Primera Enmienda de leer y escuchar discursos extranjeros, incluso si los extranjeros no cuentan con un derecho de libre expresión como la Primera Enmienda.” Si la historia sirve de guía - y tememos que así sea - veremos jugosos reclamos de masivas bajas de legítimos y protegidos discursos.

Poderes Extendidos para el Fiscal General

PIPA y SOPA también le darían al Fiscal General la nueva autoridad de bloquear servicios de nombre de dominios, una cláusula que ha sido universalmente criticada tanto por expertos de seguridad en Internet como estudiosos de la Primera Enmienda. Incluso los autores de las leyes de listas negras están ahora públicamente dudando [en] sobre esta espantosa provisión. Pero incluso sin ella, esta sección forzaría a que muchos intermediarios se conviertan en policía de Internet al poner la responsabilidad de censura en sus hombros, cuando usualmente son terceros inocentes.

El Fiscal General también estaría empoderado para des listar sitios de los buscadores, lo cual lo dijo Eric Schmidt [en], Presidente de Google,  ”criminalizaría enlazar y la estructura fundamental de Internet en sí misma.”  Lo mismo aplica para los procesadores de pago y anunciantes.

Estas son sólo algunas de las graves cláusulas en PIPA y SOPA que cambiarían drásticamente la forma en que usamos Internet (para peor), y castigarían a millones de inocentes usuarios [en] quienes ni siquiera habían pensado en violar derechos de autor. Como el co-fundador de Reddit, Alexis Ohanian, explicó [en] PIPA y SOPA son “el equivalente a estar enojado y tratar de tomar acciones en contra de Ford sólo porque un Mustang fue usado en un robo de banco.” Estos proyectos de ley deben ser frenados si deseamos proteger la libre expresión e innovación en la red.

Por favor toma acción ahora y diga [en] a sus representantes en el congreso que te opones a las leyes de listas negras.

Posteo cruzado [en] con la Fundación de la Frontera Electrónica.

Escrito por Trevor Timm · Traducido por Elizabeth Rivera · Ver post original [en] · Comentarios (1)
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