El reportaje de Ana Aranha en Vidas em Trânsito [pt], sobre el impacto de las grandes obras en la región amazónica de Rio Madeira, Rondonia, es parte de la cobertura especial #AmazôniaPública [pt] de la Agencia Pública, que será publicada en una serie de cinco artículos en Global Voices Online.

En la primera parte de esta serie vimos cómo el pueblo de pescadores de Jaci Paraná se vio afectado por las obras de la central hidroeléctrica de Jirau en el río Madeira, Rondonia. Con 68 puntos de prostitución y el hervidero formado cada vez que los trabajadores cobran el sueldo de la central, el caos social que se apoderó del pueblo está directamente vinculado con la explosión demográfica de la región.

Para una obra de la envergadura de la central de Jirau (con un valor estimado de 15 millones de R$), el proyecto está obligado a realizar inversiones con las que equipar la estructura pública local. La idea es que se construyan equipamientos de servicio público para absorber el crecimiento de la demanda, como escuelas, centros de salud y puestos policiales. Son las llamadas «acciones de compensación social».

Al igual que Jirau, la central hidroeléctrica de Santo Antônio [en], en construcción en el mismo río Madeira, tiene obligaciones similares. La diferencia es que Santo Antônio atrajo a más gente a la capital Porto Velho y a su región. En Jaci, el impacto de Santo Antônio recayó en la retirada de los ribereños que vivían en los barrios inundados. En este caso, la central construyó casas en otro barrio o les indemnizó.

Para absorber el aumento poblacional generado por la proximidad con Jirau, Jaci Paraná debería haber recibido al menos 20 millones de R$ de Energia Sustentável do Brasil, empresa responsable de Jirau, que tiene a la multinacional de origen francés GDF Suez como su mayor accionista. Con ese dinero se comprometieron a construir escuelas, un centro de salud, un destacamento de guardas forestales, un sistema de captación, tratamiento y abastecimiento de agua y a asfaltar las calles.

Las familias de pescadores de Jaci viven sin infraestructuras entre los caminos de la antigua vía férrea Madeira-Mamoré Foto: Marcelo Min

Esos equipamientos deberían haber estado preparados antes de la llegada de los miles de trabajadores. Sin embargo, mientras que ellos hacen horas extras para acelerar la construcción de la central, que debe entrar en funcionamiento a principios de 2013, las obras de compensación social quedaron en el papel. Lo único que entregó la empresa en Jaci fueron cuatro kilómetros de caminos asfaltados, cunetas y reformas en dos escuelas, además de financiar campañas puntuales, como para la prevención de la malaria y contra la explotación sexual infantil.

Para Angela Fortes, consejera titular de Porto Velho, municipio al que le corresponde la gestión de Jaci, estas acciones no responden a la demanda creada ni de lejos.

Quando as usinas foram anunciadas, prometeram novas escolas e hospitais. Criaram aquela expectativa no povo. Depois que as usinas chegaram, temos escolas com salas lotadas e centenas de crianças sem matrícula.

Entre 2007 y 2008, la demanda de nuevas matrículas en Porto Velho saltó de 1,5 mil a 4 mil. Angela estima que ahora, en Jaci y en otros pueblos de la región, hay cerca de cien alumnos sin plaza.

Parte de la responsabilidad del retraso en recibir ese dinero es del gobierno de Rondonia y de la prefectura de Porto Velho. Según el plan firmado por la empresa, ellos son los responsables de indicar cómo debe realizarse la inversión en equipamiento público. La prefectura de Porto Velho administró 65 millones de R$ de Santo Antônio y 91 millones de R$ de Jirau. Por las manos del gobierno estatal pasaron 75 millones de R$ de Santo Antônio y 67 millones de R$ de Jirau.

Sin embargo, la actual prefectura de Porto Velho no priorizó la absorción de la demanda creada por la obra. «Siempre estuve en contra de la construcción de nuevas escuelas en Jaci. Ellos querían, pero yo no nunca lo permití», afirmó el secretario municipal Pedro Beber, jefe de la Oficina Extraordinaria de Programas Especiales, responsable de la gestión municipal de ese presupuesto:

Os trabalhadores estão indo embora, e ficaríamos com um elefante branco.

Beber defiende que la mejor opción para Jaci es esperar a que pase el revuelo y centrarse en infraestructuras para los que se quedarán después de la obra. Quita importancia al hecho de que algunos alumnos se quedaran sin matrícula este año y en 2011.

Em um ou dois anos, tudo vai se acomodar.

En uno o dos años, todo se asentará.

El Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) es el organismo responsable de supervisar las acciones de forma centralizada. En teoría, si el plan de inversión acordado con la empresa no se cumplió, esta entidad tiene poder para conseguir las licencias medioambientales para la siguiente fase de la obra. Sin embargo, en la práctica, las licencias medioambientales se aprueban aun cuando los técnicos detectan problemas graves, principalmente en las acciones dirigidas a la población local.

Así sucedió con la construcción de la Unidad de Atención Rápida (UAR), cuya construcción serviría para suplir la demanda de atención de urgencias en Jaci. Esa era una de las obras más esperadas por los vecinos, ya que los 15 000 habitantes solo cuentan con un centro de salud. La obra debería ejecutarse con recursos de Jirau, en asociación con la prefectura. En noviembre de 2011, durante la inspección de las acciones de compensación social de Santo Antônio, los técnicos de Ibama se dieron cuenta de que las obras estaban abandonadas. El descubrimiento fue remitido a Brasilia, la capital, en un informe [pt] que recomendaba una acta de infracción contra la empresa Energia Sustentável.

Casi un año después, en octubre de 2012, la empresa obtuvo la licencia [pt] para comenzar a operar sus turbinas. Las obras de la UAR se retomaron, pero sin previsión de finalización.