Martillo del Juez; imagen por Rumble Press, utilizada mediante una licencia CC BY 2.0.

Hace poco más de dos años, Cheryl Miller, empleada del Ministerio de Género, Juventud y Desarrollo Infantil de Trinidad y Tobago, sostuvo una fuerte discusión con una de sus superiores. Cuando se dio cuenta de lo sucedido, ya estaba siendo trasladada al Hospital siquiátrico St. Ann, a pesar de decir que «no estaba loca». En ese entonces, el incidente ocasionó un escándalo en la blogósfera, dada la preocupación de muchos por el modo desdeñoso en el que pueden pisotearse los derechos humanos fundamentales y por «nuestra vulnerabilidad ante los caprichos y antojos de cualquier organismo estatal que desee abusar de su poder».

Inmediatamente luego de ser liberada, Miller presentó una demanda por encarcelamiento ilegal. A inicios de junio el juez dictó una resolución por su caso: Miller recibirá TT $835,000 (poco más de US $130,000) por los daños y perjuicios ocasionados. La reacción de los medios sociales fue veloz. En Facebook, Rhoda Bharath comentó:

One of the greatest acts of bullying executed by members of the public service with the oversight of the line Minister.
I done talk.

Uno de los mayores actos de discriminación efectuados por miembros del servicio público bajo la mirada del Ministerio. He dicho.

Luego continuó:

Truly annoyed that we had to pay for Verna and her Perm Sec fucking up.
Really annoyed by that.
Always the electorate pays for the bullshit actions of the govt.
That $800k should have come directly from their pockets for their stupid, inhumane, bullying behaviour.

Verdaderamente molesta por tener que pagar por la metida de pata de Verna y su Secretario Permanente. Muy molesta por ello. El electorado siempre termina pagando por las acciones del gobierno. Esos $800k deberían haber salido directamente de sus bolsillos por su comportamiento estúpido, inhumano e intimidatorio.

Otra usuaria de Facebook, Tanya Carr, no entendía por qué el Juez declaró inocentes a los otros cuatro acusados en el juicio de Miller — el fiscal general, el Secretario Permanente y el Vicesecretario Permanente del Ministerio donde ella trabajaba, y la anterior Ministro de Asuntos de Género, Juventud y Desarrollo Infantil, Verna St Rose Greaves:

How exactly were the Minister, AG,PS and DPS not found liable in this case? When they orchrstrated [sic] this mess?

¿Cómo puede ser que la Ministro, el Fiscal, el Secretario Permanente y el Vicesecretario no fueron considerados responsables en este caso? Si ellos tramaron este desastre…

El blogger en la diáspora, Jumbie's Watch tampoco entendía cómo St. Rose-Greaves fue perdonada, dado que ella misma aceptó la responsabilidad públicamente. A pesar de esto, dijo que la sentencia fue «una victoria del Imperio de la Ley«.

El punto crucial del caso de Miller giraba en torno a la Sección 15 de la Ley de Salud Mental de Trinidad y Tobago, la cual estipula que «una persona que se encuentra deambulando en una autopista o en algún lugar público, quién por motivo de su apariencia, conducta o diálogo, da motivo suficiente a un oficial para creer que padece de alguna condición mental y que necesita cuidado y tratamiento en un hospital siquiátrico, debe ser detenida y llevada a dicho hospital para ser admitida y quedar bajo observación de acuerdo con lo estipulado en esta sección». El Juez dictaminó que la admisión de Miller en el Hospital St. Ann fue ilegal, dado que las oficinas del Ministerio no pueden ser consideradas un lugar público. Mientras tanto, el Ministerio de Salud, que fue declarado responsable, pretende presentar una apelación.