La crisis de la pequeña pesquería en América Latina

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Este artículo, escrito por Alejandro Camargo, fue publicado originalmente en el sitio web de NACLA (Congreso Norteamericano sobre América Latina). Alejandro Camargo postula a un doctorado en geografía en la Universidad de Syracuse y es investigador externo en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

La pesca es una actividad riesgosa en sí misma. Huracanes, tormentas y aguas turbulentas son un peligro constante para las miles de personas cuyas vidas dependen del agua. Aun así, las fuerzas políticas y económicas en diferentes niveles actualmente presentan una amenaza más dramática y de mayor alcance a la pesca de pequeña escala en los países del hemisferio sur. Estas fuerzas provocan constantemente conflictos territoriales que hacen de las aguas terrenos política y ecológicamente turbulentos en las cuales chocan muchos intereses y actores.

El 27 de enero de 2014, pescadores artesanales y habitantes de la ciudad chilena de Arica agitaban banderas negras y marcharon por la ciudad. Estaban “de duelo por el mar” luego de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya replanteara la frontera marítima entre Chile y Perú. Tras seis años de disputa entre los dos países por sus límites marítimos, la CIJ dictaminó a favor del Perú y le concedió cerca de 21,000 kilómetros cuadrados de territorio oceánico anteriormente reclamado por Chile. Sin embargo, la decisión de la CIJ estuvo seguida de agitación política que sacó a la luz otros problemas que los pescadores artesanales enfrentan hoy en día, como el monopolio de las empresas pesqueras, la escasez de pescado y la precariedad de las condiciones laborales. Como resultado, la situación de los pescadores de Arica se ha vuelto ilustrativa de una crisis mayor que también perjudica a la pesca artesanal en toda América Latina.

Para los pescadores de Arica, la decisión de la CIJ significó lo que muchos están llamando la “muerte” del mar, pues ya no tendrán a su disposición esa parte del territorio marítimo donde cientos de personas subsistieron por décadas. Aun así, esta disputa geopolítica no fue la única causa del descontento general en Arica. En una entrevista para Radio Universidad de Chile, Nelson Estrada, miembro del Consejo Nacional de Defensa de la Pesca, señaló que la verdadera preocupación además de la pérdida de territorio marítimo es la llamada «Ley Longueira» —un ley de reciente aprobación que favorece el monopolio de empresas pesqueras a gran escala. Según Estrada, las comunidades pesqueras de Arica están subordinadas al monopolio y control de precios establecidos por el Grupo Angelini, una empresa muy poderosa que también invierte mucho en minería, madera y gas natural.

Este tipo de conflicto entre pescadores artesanales y empresas pesqueras a gran escala ha provocado múltiples protestas más allá de Chile. En febrero de 2014, pescadores artesanales de Bahía Blanca, Argentina, denunciaron los efectos críticos de los arrastreros —grandes naves pesqueras comerciales que arrastran redes a través del agua, conocidos por perturbar los ecosistemas en el suelo marino— en la pesca a pequeña escala y la sostenibilidad de la fauna marina. El estado argentino resolvió a favor de los pescadores artesanales y revocó la licencia de dos grandes pesqueros de arrastreros. Sin embargo, al hacerlo, el estado desató una nueva huelga por parte de los trabajadores y sindicatos locales cuyas vidas dependen de la extracción de recursos de los pescadores arrastreros.

La competencia desigual e injusta entre los pescadores artesanales y las empresas extractoras a gran escala es parte de una compleja crisis donde la sostenibilidad ecológica del agua también está en riesgo. La expansión de las industrias a gran escala como la explotación petrolera, por ejemplo, se está convirtiendo en una fuente de contaminación de agua en territorios pesqueros. Ese es el caso de la empresa petrolera argentina Pluspetrol, que es responsable por la contaminación de ríos y la dramática contaminación del lago Shanshacocha en la Amazonía peruana.

Las aguas pesqueras amazónicas en el Perú también están sufriendo las consecuencias ambientales del cambio climático, deforestación y contaminación química relacionada con el narcotráfico. Como consecuencia de esto, la captura de peces ha disminuido en casi el 50 por ciento en la Amazonía peruana. Esta situación es particularmente alarmante, dado que la región amazónica reporta la mayor captura continental obtenida en América Latina.

La expansión de industrias a gran escala en territorios pesqueros y el deterioro ecológico de las aguas han desencadenado intensos conflictos entre industrias, comunidades pesqueras y el estado. Pescadores de la región Bío Bío, al sur de Chile, han entablado una batalla legal con Endesa —la mayor empresa eléctrica del país. Para los pescadores de Bío Bío, las operaciones de Endesa en la zona han causado daño considerable a los ecosistemas marinos y las aguas oceánicas. El estado chileno intervino y falló a favor de las comunidades pesqueras. Pero los pescadores locales siguen esperando rectificación por la crisis socio-ambiental que experimentaron por cuenta de Endesa.

La crisis económica, política y ecológica que los pescadores artesanales enfrentan hoy en día se agrava cuando los territorios pesqueros se convierten en escenarios de violencia y temor. Una serie de organizaciones de base han publicitado la desaparición, tortura y maltrato de pescadores pobres por parte de barcos de guerra estadounidenses en busca de drogas e inmigrantes ilegales en Ecuador. Según estas denuncias, la guerra internacional a las drogas y la inmigración ilegal emprendida por Estados Unidos se ha extendido a los territorios oceánicos, con lo que se creó una situación de inseguridad para muchos pescadores a pequeña escala. En una entrevista para Ecuadoradio, un pescador contó:

While fishing, my ship was destroyed by a North American frigate. Their intention was to destroy my ship. They said they were authorized to thoroughly inspect my ship. After six hours of inspection and destruction, they found nothing that can implicate me as the owner of the ship… they destroyed my boat, and we were in Ecuadorian waters! … and they found nothing. Many fishers have lost their boats…[while others have disappeared]… mothers and widows are suffering… we claim justice.

Mientras pescaba, una fragata norteamericana destruyó mi barco. Su intención era destruir mi barco. Dijeron que estaban autorizados a inspeccionar minuciosamente mi barco. Luego de seis horas de inspección y destrucción, no encontraron nada que me pudiera implicar como propietario del barco…  destruyeron mi barco ¡y estábamos en aguas ecuatorianas!… y no encontraron nada. Muchos pescadores han perdido sus barcos… [mientras otros han desaparecido]… hay madres y viudas sufriendo… pedimos justicia.

La reproducción de violencia y miedo en los territorios de pesca también ha sido la consecuencia de conflictos geopolíticos por fronteras marítimas. En noviembre de 2012, la CIJ falló a favor de Nicaragua, y le concedió cerca de 75,000 kilómetros cuadrados de mar que antes pertenecía a Colombia. Desde entonces, pequeños pescadores de San Andrés y del archipiélago Providencia en Colombia viven con constante temor de problemas cuando pescan en algunas zonas cerca de la frontera marítima. Según algunos pescadores, buzos nicaragüenses roban sus redes y la pesca de los pescadores colombianos, y también crean un ambiente de hostilidad e intimidación. Como consecuencia de esto, algunos pescadores colombianos han dejado de trabajar en esas zonas llenos de miedo y desconcierto.

Reconocer esta crisis multidimensional que hoy enfrentan los pequeños pescadores en América Latina tiene consecuencias en la forma que las instancias normativas, activistas y académicos entienden el sector pesquero. Primero, se suele ilustrar la crisis de la pesca a través de cifras y estadísticas que destacan el descenso de la pesca y el exceso de pesca. Una mirada más de cerca de las fuerzas económicas, políticas y ambientales que están detrás de esos números ofrecerán un análisis más crítico y integral del estado actual de la pesca en el mundo.

Segundo, los defensores de un consumo de alimentos con visión socio-ecológica por lo general ven el pescado como una alternativa al consumo “destructivo” de carne y pollo. Aunque la pesca tiene sus propias políticas, que también están marcadas por la injusticia, la violencia y la desigualdad.

Y tercero, se suele ver la pesca como un actividad económica independiente y autosuficiente. Pero el agua está íntimamente ligada a la tierra, lo que significa que muchas comunidades pesqueras también tienen cultivos y crían animales.

Desde esta perspectiva, podemos examinar mejor las conexiones entre la creciente presión sobre los recursos acuáticos y el deterioro de los derechos  de la tierra, y las maneras en que la crisis de la pesca agrava el problema de la soberanía alimentaria en áreas rurales de América Latina. Esto ofrecerá un entendimiento más atenuado del lugar de los pescadores en la transformación de sociedades agrarias, y un enfoque más crítico a la economía política de la pesca y de los recursos marítimos.

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