Captura de pantalla del video explicativo de 7iber sobre la ley de telecomunicaciones. Usado con permiso.

La versión original de este artículo fue publicada en el blog LaSilkee (Inalámbrico) de 7iber.

En los últimos dos años, Jordania ha instituido una serie de leyes que reprimen los derechos a la libre expresión y el acceso a la información y socavan las metas del gobierno de convertir a Jordania en un centro regional para las nuevas empresas y la industria de las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación). Mientras que las actualizaciones a la Ley de Prensa y Publicación en el 2012 no fueron las primeras restricciones legales al discurso en línea [en], se han convertido en una amenaza inmediata para el internet libre y los derechos humanos [en]. La ley enmendada ahora requiere la concesión de licencias a páginas electrónicas que «publiquen contenido sobre Jordania» y hace a los editores en jefe legalmente responsables por los comentarios publicados. Esto conllevó al bloqueo de 300 páginas [en] en junio del año pasado. En mayo de 2014 las autoridades aprobaron una nueva Ley Antiterrorismo [en], que incrimina cualquier acto de expresión digital que parezca expresar apoyo a «grupos terroristas», pero no ofrece una clara definición de lo que constituye «apoyo» y «terrorismo».   

La última adición a este marco legislativo es una serie de enmiendas propuestas a la Ley de Telecomunicaciones, que está esperando para ser discutida en el Parlamento. 

De ser aprobadas, las enmiendas podrían tener un impacto de multiples capas en la experiencia del usuario y la creatividad digital de las industrias. El proyecto de Ley de Telecomunicaciones ordena a las compañías de telecomunicaciones bloquear centralmente el contenido pornográfico en línea, a pesar de los paquetes de servicios de internet «seguros» (filtrado por usuario) que estos proveedores ofrecen. Centralizar el filtro en línea podría concederle al gobierno una especie de «custodia moral» sobre los usuarios de internet jordanos, dictando que contenido deben o no acceder. La decisión también podría afectar el acceso a contenidos perfectamente legales, como sitios web que discuten la anatomía humana o educación sexual, dos temas que son difíciles de aprender en Jordania, salvo por el internet. 

La ley también dejaría a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones a cargo de emitir las órdenes de bloqueo contra cualquier contenido «violatorio». En un país que ya practica censura sobre las publicaciones impresas y las películas por referencias «inmorales» y con «poca ética» que violan el «código público», la definición de «contenido violatorio» está destinado a ser sujeto de la interpretación administrativa de la Comisión. Para agregarle sal a la herida, las enmiendas propuestas requieren que las compañías de telecomunicaciones suspendan el servicio de internet del usuario, si este encontrara la manera de acceder a contenido «inmoral». Los proveedores de servicio de Internet enfrentaran penalizaciones sino cumplen con las órdenes de suspender el servicio a personas individuales.   

Las enmiendas permiten que «autoridades especializadas» puedan acceder a la información de un usuario con un mandato judicial. Mientras que un mandato judicial puede sonar compatible con proteger el derecho a la privacidad, en Jordania muchas entidades ejecutivas tienen autoridad judicial y por ende pueden emitir órdenes judiciales, incluyendo la inteligencia, el gobernador y el departamento de policía.   

Decir que la responsabilidad no ha sido debidamente considerada en el proyecto de ley es un eufemismo. La ley otorga a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones el derecho de juzgar y emitir sanciones a infractores, pero también le da a la Comisión la autoridad legislativa para desarrollar regulaciones y determinar penalidades para las infracciones. Esto es una importante violación al principio constitucional de gobierno: separación de los poderes legislativo y judicial. Para empeorar las cosas, los ingresos provenientes de las sanciones son destinados al presupuesto de la Comisión. La ley también confunde la gobernanza mediante la ampliación de la jurisdicción de la CRT para regular el contenido audiovisual, que ya posee su propio marco normativo y entidad en el país. 

Actualmente, la ley está esperando aprobación en el Departamento Legislativo y de Opinión para alcanzar la formulación legal. De acuerdo con el acostumbrado ciclo de vida de la formulación de leyes, el Departamento Legislativo y de Opinión aceptó comentarios de los ciudadanos sobre el proyecto de ley hasta el 8 de mayo, para tomarlos en cuenta antes de retornarlo al gabinete, que a su vez lo entregará a las dos cámaras del Parlamento. 

7iber [en] produjo el siguiente video para explicar cómo las enmiendas afectan al usuario jordano. En árabe, con subtítulos en inglés.