El ministro de Cultura con el presidente y el director general de AEDE. Foto de eldiario.es, con licencia CC BY SA 3.0

El consejo de ministros del día 14 de febrero aprobó presentar ante el Parlamento español el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual, LPI, con la que pretende luchar contra la piratería en Internet, restringiendo de paso el uso de enlaces y citas de publicaciones mediante la imposición de la llamada «tasa Google» a las webs que las utilicen.

La nueva LPI modifica el artículo 32.2 de la actual ley, instituyendo la obligatoriedad de pagar una «compensación» a los medios de comunicación por utilizar fragmentos de sus contenidos. Como informa 20minutos.es:

El proyecto aprobado este viernes autoriza con carácter general «el uso de fragmentos no significativos» de noticias, artículos de opinión o de contenidos de entretenimiento sin autorización por parte de los titulares de derechos pero concede a los autores «un derecho irrenunciable» de compensación.

Esta medida, afectaría en principio a los agregadores de noticias como Google News, Menéame o Flipboard. La tasa sería recaudada por CEDRO, una entidad de gestión de derechos de autor cuyos principales socios son los grupos de comunicación más importantes del país, como Prisa, Zeta o Planeta, y que después repartiría lo recaudado equitativamente entre sus socios. Según explica David Maeztu en su blog «Del derecho y las normas», este canon se aplicaría:

(…) no sólo a los contenidos que ponen en las webs los medios de comunicación «tradicionales» (prensa, radio, televisión) si no a cualquier «sitio web de actualización periódica».

Esto debe incluir cualquier blog, revista electrónica, etc, que se actualice con contenidos nuevos. (…) Por lo tanto, cualquier blogger tendría derecho a cobrar de la web a la que sea agregado.

Y es un derecho irrenunciable (…) por lo que aunque uses una licencia Creative Commons el sitio que te agrega tendrá que pagar a la entidad de gestión en tu nombre. (…) aunque no estés asociado y lógicamente, al no estar asociado no te pagará nada y lo repartirá entre sus otros socios.

Los representantes de los grandes grupos de comunicación se han mostrado muy satisfechos con la medida, que ven como una justa compensación de la pérdida de lectores y dinero que vienen experimentando en los últimos años. En un comunicado, el presidente de AEDE –asociación que reúne a los principales medios de comunicación del país, los mismos que conforman la gestora CEDRO–, dijo:

La modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, que incluye el derecho de compensación por parte de los agregadores, es el paso más importante que ha dado un gobierno en España para la protección de la prensa. Estoy seguro de que este camino que se acaba de abrir será seguido por el resto de países de Europa.

Sin embargo, la inmensa mayoría de medios en línea, blogueros e internautas son de la opinión de que con esta medida, los medios tradicionales están «mordiendo la mano que les da de comer», puesto que un importante segmento del tráfico hacia sus webs proviene de los agregadores de noticias. Ignacio Escolar, director de eldiario.es, dice en su blog:

Estar en Google es opcional. Poner en tu periódico los botones de Twitter, o de Facebook, o de Menéame, también es voluntario. Nadie obliga a ningún diario a ser «robado» por un agregador de noticias o un buscador que enlace a sus artículos. Al contrario: es bastante sencillo desaparecer de Google, pero ninguno de los medios de comunicación que estos días celebran el nuevo canon digital querría salir de allí.

De hecho, todos los medios que defienden la tasa Google colocan en sus páginas botones para que el lector pueda enviar los enlaces correspondientes a las distintas redes sociales y agregadores, como se ve en esta captura de pantalla del diario El Mundo publicada por Carlos Herrero en su blog, donde se puede leer un texto que critica «la absoluta impunidad con que los agregadores de noticias se vienen enriqueciendo a costa del trabajo ajeno», justo al lado de los botones mencionados:

J.R. Mora en «LPI, impuesto de cita» opina:

Nunca se ha leído, comentado, debatido y difundido tanto  lo que se publica en los medios como ahora, la prensa en internet está viviendo una nueva juventud gracias a redes sociales, blogs y agregadores, y se arriesgan a que esto cambie y también lo pierdan. (…) Otro rescate, ahora a la industria de los medios.

Enrique Dans, profesor del IE Business School y doctor en Sistemas de Información, va aún más lejos en su blog, y opina que con esta medida, el gobierno quiere comprar la sumisión de los grandes medios:

el gobierno, obsesionado con el tratamiento de los medios de comunicación y preocupado por las próximas citas electorales, ha decidido tomar por asalto las posiciones que no controlaba: mediante el reparto de la jugosa tarta de la publicidad institucional y poniendo encima de la mesa la citada modificación de la ley, ha conseguido ya modificaciones en las cúpulas de los principales diarios que le habían resultado hostiles: tras los cambios en la dirección de La Vanguardia y El Mundo, suena ahora el relevo en El País, completando un movimiento en las cabeceras tradicionales que estaba en realidad planificado desde antes incluso de que el Partido Popular llegase al poder.

La web de AEDE, inoperativa a consecuencia de un ataque DoS de Anonymous, que colgó en su página principal un mensaje llamando al «Boicot en la Red a los medios de AEDE». Foto de alt1040.com con licencia CC BY-NC 2.5

El agregador Menéame, principal perjudicado por la nueva ley, ha emitido un comunicado en el que expresa su oposición a la tasa, hace un repaso del tráfico que proporciona a los grandes medios y afirma que de aprobarse la LPI, tendrá que elegir entre «bloquear los enlaces a periódicos locales, irnos de España, o cerrar». Mientras tanto, los usuarios del agregador han comenzado su propia «guerra» contra los medios de AEDE, votando negativamente sus noticias para alejarlas de los primeros puestos, a la vez que el colectivo Anonymous hackeaba la web de dicha asociación.

Tampoco apoyan la LPI populares diarios en línea como 20minutos.es y eldiario.es, que se ha mostrado particularmente crítico con la tasa. Legislaciones similares ya se han intentado aplicar sin éxito en otros países como Alemania, Francia o Bélgica, donde que los medios tradicionales estuvieron «castigados» sin aparecer en Google durante seis años hasta que renunciaron a cobrar el canon.