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La prensa hondureña frente a la violencia

Este artículo fue escrito por Ana Arana y Daniela Guazo para Fundación MEPI. Esta es la tercera y última parte de una serie sobre la cobertura del crimen en Honduras. Lean la primera y segunda parte para más información.

Periodistas protestando en Honduras. Foto de Lilian Caballero compartida por Esther Vargas en Flickr bajo una licencia de Creative Commons (CC BY-NC-SA 2.0)

Periodistas protestando en Honduras. Foto de Lilian Caballero compartida por Esther Vargas en Flickr bajo una licencia de Creative Commons (CC BY-NC-SA 2.0)

Pocos entienden por qué la nota roja ha proliferado en el periodismo hondureño. Varios periodistas entrevistados mencionaron que era difícil escribir sobre la violencia en el país por la falta de información de las autoridades, escasa seguridad de los periodistas y el miedo a ser perseguido si se escribe con mucho detalle. “Hace unos años,” nos explicó otro periodista que cubre crimen en Tegucigalpa, “estaba de moda un bandido que se llamaba El Gato Negro. El individuo manejaba el narcomenudeo, pero si alguien lo identificaba en una nota, él iba al medio

Muchas redacciones han vedado el ingreso de sus periodistas a barrios violentos en San Pedro Sula y Tegucigalpa, en las comunidades pobres acosadas por pandillas juveniles. Igualmente, son inexistentes los viajes a los departamentos de Olancho, Atlántida, Puerto Cortés (la Mosquitia) y Colón, donde se mueve el narcotráfico, y las noticias de esos lugares solo aparecen en los apartados de noticias breves de los periódicos. “Es muy difícil cubrir sucesos en nuestro país. Los familiares no quieren hablar, y por seguridad muchas veces no hacemos seguimiento de notas,” explica un editor en Tegucigalpa.

El debate ha causado mucho revuelo en varios sectores que se quejan de la violencia gráfica en los medios. “Está relacionada con la falta de capacitación de los periodistas. Incluyen imágenes para vender más, sí entienden el impacto que tiene en los lectores tanta violencia, pero no les importa,” dice un miembro del Comisionado de Derechos Humanos en San Pedro Sula, que no quiso dar su nombre porque no estaba autorizado para hablar.

En una encuesta realizada por la compañía DLA Consulting Group en marzo de este año, cuatro de cada 10 personas encuestadas dijeron que al leer la prensa quedaban con “miedo, nervios y preocupación. ” Grupos de empresarios y líderes cívicos también se quejan de que los medios pintan una Honduras que no es real.

Este debate fue aprovechado por el Presidente Lobo, quien este año intento introducir legislación que regularía los medios y su cobertura de la violencia. Este edicto fue fuertemente criticado por los medios y grupos internacionales de protección a los periodistas. La propuesta del gobierno intentaría regular los contenidos en los medios, e incluir sanciones por transmitir violencia, exaltación del crimen, apología del delito y expresiones obscenas o cualquier atentado “contra la moral y las buenas costumbres”. En mayo, los directores de medios pactaron una autorregulación que promueve valores y evita imágenes que “incitan al vicio y a la violencia.” Sin embargo, el Presidente Lobo se sigue quejando de que algunos medios continúan lucrándose con la violencia.

Entre la espada y la pared

A mediados de julio de este año, partes de un cuerpo despedazado y parcialmente quemado flotaban en una pequeña laguna entre los cañaverales de San Pedro Sula. Era Aníbal Barrow, un comentarista de televisión que dos semanas atrás fue interceptado y obligado a salir de su vehículo por diez hombres fuertemente armados, quienes también secuestraron a su chofer y miembros de su familia, cuando circulaban por las calles de San Pedro Sula. La familia y el chofer fueron liberados.

Barrow era íntimo amigo del Presidente Lobo y era el segundo periodista con conocidos vínculos cercanos al mandatario que ha sido asesinado de forma violenta en menos de dos años. En mayo 2012, el también reconocido periodista, Ángel Alfredo Villatoro, fue secuestrado y su cuerpo apareció dos semanas después vestido con un uniforme del escuadrón especial Cobra de la policía nacional hondureña. No se sabe si la vestimenta era un mensaje o un comentario, ya que unos días antes del secuestro de Villatoro, la policía suspendió su escolta de seguridad.

La información seria y fidedigna sobre los asesinatos de periodistas es escasa y las motivaciones se sepultan entre suposiciones y opiniones, dice un editor. “A veces ahondamos demasiado en los casos, sin llegar a ningún punto.” Según otro periodista, parte del miedo de muchos colegas a buscar las razones de los asesinatos es que, como la mayoría de casos de violencia en el país, muchos tienen miedo de quiénes son los autores, y qué conexiones pueden existir entre sectores políticos, periodísticos y los cuerpos de seguridad con el crimen organizado.

Faltan comunicados especiales

Según periodistas y editores entrevistados en San Pedro Sula y Tegucigalpa, parte del problema de seguridad de los periodistas está conectado a una falta de información oficial de la policía y de otras entidades gubernamentales. Medicina forense, de acuerdo a periodistas, rehúsa dar detalles sobre víctimas, y las jefaturas de policía solo les proporcionan escuetos informes de prensa.

La falta de información de las entidades del gobierno tiene varias causas. Una es la colusión de miembros del gobierno y de sectores de la policía con el crimen organizado, como ha sido reportado por el Departamento de Estado de Estados Unidos desde el 2010. Muchos hondureños creen que los grupos de seguridad están envueltos en limpieza social y asesinatos de personas que les son incomodas al gobierno. Pero también existe una situación de seguridad complicada para los policías y otros funcionarios. Más de 120 agentes han muerto violentamente en los últimos tres años, de acuerdo a la oficina de Derechos humanos de Honduras e información policial.

Incluso altos oficiales del gobierno corren peligro si hablan mucho. En Diciembre de 2009, seis meses después del golpe contra Zelaya, el entonces zar de la drogas, Arístides González, fue asesinado en Tegucigalpa tras anunciar que el gobierno iba a actuar contra la existencia de pistas de aterrizaje en el departamento de Olancho. González había ordenado investigar a un grupo aliado con el cartel mexicano de Sinaloa. La orden de asesinarlo fue coordinada por un traficante local.

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