Manifestantes en Dacca, Bangladesh. Foto de Rajiv Ashrafi, vía Flickr. (CC BY-NC-SA 2.0)

Con furiosas protestas desde el comienzo de la primavera, la persecución a blogueros en Bangladesh ha llegado a un máximo histórico este año. Muchos dicen que blogueros y activistas han sido arrestados y detenidos bajo condiciones que quedan fuera de las limitaciones legales. Pero ahora la ley se pone al día.

A finales de agosto, el Ministerio de Justicia paquistaní aprobó enmiendas a la Ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) [eng] que subvierten el debido proceso, aumentan las sanciones penales por violaciones de la ley y practicamente avalan los arrestos y detenciones arbitrarias sin orden judicial de presuntos infractores. Sin lugar a dudas, la Ley de TIC original presentaba un montón de problemas respecto a los derechos de los cibernautas ─ y las nuevas enmiendas no harán sino exacerbar estos problemas.

Aprobada rápidamente en el 2006 por el régimen anterior (ahora en la oposición), durante las últimas semanas de su último mandato en el poder, la ley aborda diversas formas de hackeo, violación de datos, interferencia con sistemas informáticos y hardware, y los «delitos cometidos utilizando un ordenador», además de determinados tipos de expresión en Internet. La sección 57 de la ley tipifica como delito «la publicación de información falsa, obscena o difamante en forma electrónica»:

Si cualquier persona publica o transmite deliberadamente u ocasiona la publicación o transmisión en un sitio web o en forma electrónica de cualquier material que sea falso y obsceno o su efecto es tal que tiende a depravar y corromper a personas que es probable, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes, que lean, vean o escuchen la materia contenida o incorporada en el mismo, o que ocasione el deterioro o cree la posibilidad de deterioro del orden público, perjudique la imagen del Estado o de la persona o cause perjuicios o puede perjudicar las creencias religiosas o instigar contra una persona u organización, esta actividad será considerada como un delito.

Las referencias a perjudicar la «imagen del Estado» y causar el «deterioro» del orden público parecen diseñadas para atacar a las voces que critican al gobierno. En virtud de estos vagos términos, las autoridades podrían fácilmente condenar a cualquier persona por el simple hecho de hablar en contra de la política del gobierno o tratar de informar sobre las actividades corruptas del gobierno. El experto en derecho constitucional Shahdeen Malik [en] describió la Sección 57 como «ridícula» y dijo que si no es eliminada de la ley, llevaría al país «hacia la Edad Media».

La ley también estipula específicamente que los crímenes cometidos en línea serán castigados con mayor severidad que los que tienen lugar fuera de línea.

Las enmiendas a la Ley [en], que se realizaron a finales de agosto por decreto presidencial (evitando la necesidad de la aprobación del Parlamento), hacen que la ley sea aún más preocupante. Una enmienda otorga a las fuerzas del orden poder sin límites contra los acusados, permitiendo a los agentes de investigación desempeñar el rol de jurado y verdugo: los agentes pueden detener a un sospechoso sin orden judicial [en], o ninguna otra forma de aprobación judicial, y mantener a esa persona en detención por un período indefinido sin fianza. La enmienda no ofrece pautas sobre la capacidad de los agentes de investigación y ningún recurso por aplicación indebida de la ley o acoso a la víctima.

La otra enmienda significativa hará las secciones 54, 56, 57 y 61 (daño a sistemas informáticos, piratería, publicación de contenido falso, violación de acceso) «no susceptibles de fianza y no atribuibles» [en]. Se fija una pena mínima de 7 años de cárcel por estos delitos y aumenta el máximo a catorce años en lugar de los 10 originales. Cabe destacar que el castigo sigue siendo idéntico para todos los tipos de delitos en línea, que van desde delitos relacionados con el ejercicio de la libre expresión a las principales infracciones de seguridad.

Estas enmiendas también ponen a la ley en conflicto con la Ley de Derecho a la Información [en] del país. Promulgada en 2009, esta ley reconoce la libertad de expresión como uno de los derechos básicos de los ciudadanos y fomenta la divulgación proactiva por organismos gubernamentales y no gubernamentales para garantizar la transparencia y reducir la corrupción.

En resumen, la ley parece haber sido escrita, y ahora afinada, para satisfacer las necesidades políticas de actores gubernamentales que desean conservar amplio poder sobre las voces críticas de la sociedad. Muchos temen que la ley podría ser utilizada para detener a detractores del gobierno por períodos indefinidos sin fianza, dando un poder casi absoluto a los organismos de investigación y dejando a los ciudadanos de a pie con muy pocas posibilidades de recurso.

Rezwan colaboró ​​en la investigación para este artículo desde Dacca.