Manifestanttes en el parque Gezi. Foto de Nevit Dilmen. (CC BY-SA 3.0 Unported)

La plaza Taksim ha sido ocupada por manifestantes desde el pasado mayo, en un movimiento que comenzó como un esfuerzo por proteger uno de los parques de la ciudad, pero que devino en una movilización mayor contra la cada vez más autoritaria actitud del partido gobernante.

El primer ministro Ergogan y AKP, el partido gobernante, han empleado diversas herramientas para silenciar a la oposición. El 15 de junio la policía comenzó a usar gas lacrimógeno y cañones de agua [en] para desalojar el enorme campamento del parque. Pero este esfuerzo extendió los episodios de violencia física y brutalidad policial al mundo digital, donde el control de información y la intimidación a medios va en aumento.

Desde que comenzaron las protestas, docenas de usuarios de medios digitales turcos han sido detenidos con cargos que van desde la incitación a manifestarse a la difusión de propaganda [en] e información falsa [en], a insulto a funcionarios del gobierno [en]. Docenas de usuarios de Twitter han sido arrestados supuestamente por publicar imágenes de brutalidad policial [en] a pesar que el pretexto legal de estas detenciones no está claro. Una resolución reciente en un tribunal de Ankara ordenó la detención de 22 manifestantes bajo cargos relacionados con el terrorismo [en].

El primer ministro Erdogan dio a conocer su punto de vista sobre las redes sociales cuando las describió como «la peor amenaza para la sociedad» [eng] en una rueda de prensa en junio. No sirve de nada que del propio Erdongan se diga que mantiene una cuenta de Twitter con más de tres millones de seguidores y 2000 tuits [en] (algunos turcos se preguntan si la cuenta sin confirmar es realmente suya o de un simpatizante no autorizado). Mientras el gobierno turco ha limitado [en] hasta ahora, si la hubiera [en], la participación en la manipulación del acceso a las redes sociales, las autoridades parecen deseosas de adoptar nuevas medidas.

Raíces en los medios tradicionales

A pesar que las actuales circunstancias parecen estar poniendo a prueba los límites de la estrategia política de información en Turquía, el país posee una larga tradición de prácticas y de política de información restrictiva. En 2013 Turquía ocupaba el puesto 154 de 166 [eng] en el Informe Anual de Reporteros sin Fronteras sobre Libertad de Información en el mundo, debido en parte al hecho que desde 1992 18 periodistas han sido asesinados [en], 14 de ellos impunemente. Como respuesta a la cobertura de las protestas, las autoridades han multado [en], detenido [en] e incluso golpeado a periodistas [en]. La censura insitucional también ha predominado: en el momento en que los choques entre manifestantes y policía se intensificaban, los activistas se dieron cuenta de que CNN Turk [en] emitía un documental sobre pingüinos mientras CNN Internacional [en] cubría en directo los sucesos de la plaza Taksim.

Apodada «la mayor prisión del mundo para periodistas» [en] por Reporteros Sin Fronteras, Turquía ha sido especialmente agresiva a la hora de arrestar a periodistas kurdos bajo la ley antiterrorista turca [en] conocida como Terörle Mücadele Yasası.

Controlando la expresión digital

En el 2012 el 45% de la población turca [en] tenía acceso regular a Internet. El primer proveedor de Internet del país, Türk Telekom (TT), [en] anteriormente un monopolio bajo control gubernamental, fue privatizado en 2005 pero en 2007 conservaba una cuota de mercado del 95% [en]. Türk Telekom además controla la única red dorsal comercial del país.

La ley 5651 de Internet [tr], aprobada en 2007, prohibe contenido digital [eng] en ocho categorías, incluyendo prostitución, abuso sexual infantil, la mediación en el consumo de drogas y crímenes (o insultos) contra Ataturk [en]. La ley autoriza al Tribunal Supremo de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (TIB) bloquear una página web cuando exista «sospecha adecuada» de que alberga contenido ilegal. En 2011, el Comisionado de Derechos Humanos [en] del Consejo de Europa informó que el 80% del contenido bloqueado en Turquía se debía a decisiones de este tribunal [en], con el 20% restante siendo bloqueado como resultado de las órdenes del sistema judicial tradicional turco. Sólo en 2009 casi 200 decisiones judiciales encontraron injustificables las decisiones de bloquear páginas webs del TIB porque estaban fuera del ámbito de actuación de la ley 5651. La ley también ha sido criticada por autorizar el desmantelamiento de sitios enteros cuando sólo una pequeña parte de su contenido viola la ley.

Entre 2008 y 2010 YoutTube fue bloqueado en su totalidad bajo la ley 5651 por vídeos concretos que incurrían en la categoría de «crímenes contra Atatürk». Durante este periodo YouTube siguió siendo el décimo sitio más visitado [eng] en Turquía con los usuarios accediendo a través de proxies (programas que realizan acciones en representación de otros). La prohibición fue levantada finalmente cuando YouTube eliminó los vídeos en cuestión y cumplió la legislación turca. Sitios como Blogspot, Metacafe, Wix y otros han pasado por suplicios similares en Turquía en los últimos años. Se estima que 31.000 páginas webs están bloqueadas [eng] en el país.

En diciembre de 2012 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó [en] que Turquía había violado el derecho de sus ciudadanos a la libertad de expresión al bloquear Google Sites [en]. Mientras Turquía justificaba la prohibición en base a que se alojaban páginas que violaban la ley 5651, el TEDH halló que la ley turca no tenía en cuenta «el bloqueo a gran escala de acceso» a un proveedor de alojamiento como Google Sites. Además, Google Sites no había sido informado que estaba albergando contenido «ilegal».

En 2011 Turquía propuso una sistema obligatorio de filtrado online [en] descrito como un intento de proteger a menores y familias. Este nuevo sistema, apodado Güvenli İnternet o Internet Seguro, bloquearía culaquier página web que contuviera palabras clave de una lista de 138 términos [en] considerados inapropiados por la autoridad de telecomunicaciones BTK. El plan fue recibido con protestas [en] y una reacción negativa forzando al gobierno a reevaluar el sistema y ofrecerlo finalmente como un servicio opcional. Mientras sólo 22.000 turcos entre 11 millones de usuarios de Internet [en] se han apuntado hasta ahora, los detractores del Güvenli İnternet lo critican duramente como una forma de censura, disfrazada de intento de proteger a niños [en] y familias de «contenido inaceptable».

Nuevas políticas podrían restringir más las redes sociales

Mientras las protestas continúan, el gobierno turco está trabajando para emplear las herramientas legales ya a su disposición para aumentar el control sobre la actividad en las redes sociales. Binali Yildirim, ministro de Transporte y Comunicaciones, ha pedido a Twitter establecer una delegación en el país [en]. Legalmente, esto podría proporcionar al gobierno turco una mayor capacidad para obtener de la compañía los datos de los usuarios. Pero estas peticiones ho han recibido una calurosa respuesta por parte de Twitter, que ha desarrollado toda una reputación por proteger los datos de los usuarios [en] a pesar de los requerimientos del gobierno. Minetras Twitter ha «rechazado» [en] las peticiones del gobierno turco sobre datos de usuarios y cooperación general, el ministro Yildirim declaraba que Facebook había respondido «positivamente» [en]. Poco después, Facebook publicaba una «Hoja de Verificación» [eng] en la negaba cualquier cooperación con los funcionarios turcos.

El ministro de Interior turco Muammer Güler dijo a los periodistas que “la cuestión (de las redes sociales) necesita una regulación aparte” [en] y el  viceprimer ministro Bozdag afirmó que el gobierno no tenía intención de colocar una prohibición total [en] sobre las redes sociales, pero manifestaba el deseo de ilegalizar las cuentas «falsas» [en]. Fuentes han confirmado que el ministro de Justicia está investigando y redactando borradores legales en la materia [en].

El experto en nuevos medios de la Universidad Bilgi de Estambul, Ozgur Uckan, señaló que [en] «censurar medios en Internet supone un reto tecnológico y esa puede ser la razón por la que las autoridades están hablando de criminalizar cierto contenido en un intento de intimidar a los usuarios y animarles a ejercer la autocensura».

Mientras los detalles de estas nuevas leyes [en] aún no se conocen, es probable que tengan algún impacto en las actividades tanto de periodistas como de activistas en el país, sobretodo en tiempos de crecientes protestas y disidencia.

Greg Epstein realiza prácticas en Global Voices Advocacy y la Electronic Frontier Foundation. Este artículo se encuentra también disponible en la página web de EFF [en].