Reforma de transparencia en México, ¿retroceso en nombre de la seguridad?

Los diputados de los Estados Unidos Mexicanos aprobaron reformas al texto constitucional en materia de acceso a la información pública y el órgano garante de este derecho, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Las reformas otorgan más facultades al IFAI, pero también permiten que sus resoluciones puedan ser combatidas legalmente alegando amenazas a la seguridad nacional.

Varias organizaciones civiles han calificado estas reformas como un retroceso para el país en materia de transparencia y rendición de cuentas.

En México, el acceso a la información pública es un derecho fundamental que desde diciembre de 2002 está garantizado por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). En ese contexto y de manera gratuita, cualquier persona (sin necesidad de acreditar su ciudadanía) puede acceder a documentos que poseen las entidades gubernamentales y que son de su interés.

Comisionados IFAI

Comisionados del IFAI en reunión de pleno. Foto tomada del blog del autor.

La reforma aprobada el 23 de agosto de 2013 por los diputados fue altamente anticipada y comentada por organismos especializados en el tema, así como por el público en general (en menor medida).

Antes de la votación en la Cámara de Diputados, Fundar publicó un comunicado donde las organizaciones México Infórmate y el Colectivo por la Transparencia mostraban su preocupación por el dictamen emitido por los diputados. En su opinión, el dictamen «limita el derecho al acceso a la información» y además:

representa un revés a la máxima protección del derecho de acceso a la información y una contradicción del compromiso del Estado Mexicano con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos

En particular este es uno de los puntos que más preocupa a las organizaciones ya mencionadas, según el texto que difundió Fundar:

Se aprobó un dictamen que propone que algunos titulares de entidades públicas — el Consejero Jurídico, el Procurador General de la República, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Presidente del Banco de México –, puedan impugnar las resoluciones del órgano garante del derecho de acceso a la información, bajo supuestos que consideramos demasiado amplios y generales: literalmente, “la seguridad, la estabilidad económica y la protección de derechos humanos”. Esto significa que, en la práctica, el acceso a la información para el ciudadano perderá su calidad de expedito, además de que se judicializa un derecho humano y se contradice el reconocimiento expreso de la especialización y autonomía del órgano garante para dirimir las controversias que se susciten en esta materia.

De igual forma, la organización Article 19 expresó su interés en que las resoluciones del órgano garante sean inatacables para las autoridades:

No obstante, la reforma al texto constitucional, en los términos que fue aprobada por los diputados, prevé que un funcionario tenga la facultad de impugnar por la vía judicial las resoluciones del órgano garante, el IFAI.

Al respecto se pronunció el usuario Javier Peralta (@jjperaltamoreno):

La experta en el tema Issa Luna Pla (@ilunapla), explicó que dicha medida es equiparable a permitir que el Poder Ejecutivo clasifique información como reservada “por decreto” o de manera unilateral:

Sue Blanco (@lamayorblanco) cuestionó así que se aleguen cuestiones de seguridad nacional para limitar a la transparencia:

Ante la incertidumbre que el tema ha generado entre el público en general, acentuada por las interpretaciones ambiguas que los medios tradicionales de comunicación han dado a la noticia, usuarios como Mario Martínez (@mromtz) expresaron su confusión:

Los legisladores aprovecharon la ocasión para lanzar triunfalismos. Blanca Jiménez C (@BlancaJC) ensalzó la labor de su grupo parlamentario:

En esa misma línea, el diputado Manlio F. Beltrones (@MFBeltrones) señaló:

Y agregó:

El derecho de acceso a la información en México, así como su órgano garante, generalmente son utilizados como ejemplo a seguir en muchas naciones centro y sudamericanas. Ante la reforma aprobada por los diputados y lo que se agregue o modifique en las demás secuelas del proceso legislativo (incluyendo la aprobación, en su caso, por la mayoría de las legislaturas locales), la ciudadanía y la opinión pública internacional se mantendrán a la expectativa de conocer la redacción definitiva que tendrá el texto constitucional ya reformado, así como los pormenores de las leyes que de esta reforma se deriven.

En ese orden de ideas, la discusión seguirá enriqueciéndose en las próximas semanas.

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