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Taller de Vigilancia III: El mercado de la seguridad en línea en América Latina

GV Advocacy Este post es de GV Advocacy, un proyecto de Global Voices con su propio sitio web, en pro de la defensa de la libertad de expresion y contra la censura en internet. · Todos los posts

Este es el tercero de una serie de artículos que mapean los desafíos de la vigilacia global analizados en el Taller de Vigilancia de la EFF en Río de Janeiro, Brasil. Los anteriores artículos pueden leerse aquí y aquí.

Recientemente, escribimos acerca de cómo las compañías de todo el mundo se enfrentan a cada vez mayores presiones políticas y legales para ayudar a los gobiernos en sus esfuerzos de vigilancia y las muchas formas en que el sector privado desempeña un papel creciente en la vigilancia estatal. En diciembre de 2012, el Taller sobre La Vigilancia de Estado y Los Derechos Humanos [en] de EFF (Electronic Frontier Foundation) en Brasil amplió este debate y centró la atención en la privatización de la seguridad pública, las iniciativas de vigilancia financiadas por los estados, y la falta de investigación cuantificable en los mercados de seguridad de América Latina. Esto es lo que aprendimos:

Image by Alan Clever (CC BY 2.0)

Muchos países, especialmente en Centroamérica y Sudamérica, han sido testigos [en] de la privatización de las funciones de seguridad pública. Esto es particularmente cierto en aquellos países [en] con una historia de guerras internas y regímenes militares, y posterior democratización. En estos contextos, las operaciones de seguridad del Estado a veces han sido financiadas por los gobiernos (tanto internacionales como nacionales) [en] y delegadas a empresas del sector privado.

El investigador de estudios globales Otto Aragueta ha argumentado [en] de forma convincente que en Guatemala,

La transición a la democracia produjo una reforma institucional formal del sector de seguridad, la cual, a su vez, permitió que ex militares mantuvieran mecanismos informales de control a través del sector privado.

Por eso la proliferación de empresas que prestan servicios de seguridad ha aumentado junto a la transición a la democracia y la reforma del sector de seguridad estatal.

En el taller de EFF, la abogada de derechos humanos guatemalteca y autora de Global Voices, Renata Avila, [en] señaló que el problema no está sólo en la privatización de los servicios de seguridad, sino también en la falta de regulación de estas empresas privadas o la aplicación de la legislación vigente:

“Las empresas privadas de seguridad no tienen ninguna responsabilidad en este sentido. No hay un control sobre los datos invasivos que recogen: En cualquier área residencial o edificio, los guardas privados pueden pedir escanear su documentación. Pueden fotografiar su coche, e intentar registrar los lugares a donde usted va, a quién visita, y cualquier otro dato personal que puedan obtener. Con un sistema obligatorio de identificación biométrica -como el guatemalteco- combinado con los cientos de cámaras y más de dos mil empresas de seguridad privada almacenando y compartiendo datos, el futuro de la privacidad para activistas y ciudadanos en general se ve comprometido.

Otro peligro es que hay un cierto grado de respaldo popular, debido al alto nivel de criminalidad en varios países de Centroamérica. Los ciudadanos ven las tecnologías de vigilancia como una manera de luchar contra la delincuencia y razonan que ‘si no has hecho nada malo, entonces no tienes nada que ocultarle al Estado'. Sin embargo, hay una falta de evidencia basada en investigación que demuestre que los altos niveles de vigilancia conducen a una disminución de la delincuencia.”

Esta creciente demanda de servicios de seguridad privada ha atraído [en] a empresas de seguridad armadas con nuevas tecnologías de vigilancia [en] a la región, y está extendiendo [en] la industria de la seguridad [en] en Latinoamérica. Sin embargo, se han hecho pocos estudios sobre el impacto del mercado de la seguridad, incluyendo cómo se comparan los mercados de la seguridad entre distintos países, la cantidad de productos vendidos a gobiernos frente a particulares, y el impacto sobre las libertades civiles. Los participantes del Campamento de EFF señalaron la necesidad de nuevas investigaciones sobre la privatización de la seguridad pública y el impacto de los mercados de seguridad en América Latina y otros países.

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