El miércoles 23 de enero del 2013 el Tribunal Constitucional de Colombia declaró inconstitucionales los artículos 13 y 14 de la Ley 1520, mejor conocida como ley Lleras 2.0, puesto que «violaban los derechos fundamentales de expresión y comunicación.» La ley propuesta estipula sanciones por las infracciones a los derechos de autor en línea de acuerdo con el Tratado de libre comercio firmado entre Colombia y los EE. UU.

Contra-los derechos de autor. Por Marco Gomes (CC BY 2.0)

La Corte consideró que el artículo 13, que prohibió la emisión de señales de TV sin permiso expreso de los propietarios de derechos de contenido, y el artículo 14, que hace ilegal la eliminación del DRM (Gestión digital de Derechos) – la tecnología utilizada para bloquear el acceso a contenido digital con derechos de autor – y el hacer copias privadas de contenido incluso legalmente adquirido, constituyen una violación de los derechos fundamentales a la educación, la información y la igualdad.

Asimismo, la Corte declaró que el proceso de aprobación de la ley fue defectuoso por razones formales, ya que debería haber sido tratada como una ley estatutaria y no una normal, lo que hace nulo el resto de la ley.

Este resultado es consecuencia de una demanda presentada por el senador Jorge Robledo ante el Tribunal Constitucional hace casi un año. Sostuvo que la ley restringió el uso de Internet para transmitir información y prohibió la emisión de señales de TV, lo que limita sin justificación, los derechos de los ciudadanos a acceder y divulgar información.

Es también el resultado de una movilización de los internautas y organizaciones de derechos civiles. Desde que la ley fue aprobada por el Parlamento, en mayo, una campaña de «intervenciones ciudadanas» y protestas expresaron su indignación contra la ley.

Sin embargo, luego del anuncio del rechazo de la Ley Lleras 2,0 por la Corte Constitucional, en la blogósfera había un ambiente de celebración. El bloguero @pazpena, de la ONG Derechos digitales estaba feliz. Escribió:

un resultado feliz para toda la sociedad civil que se movilizó y para los representantes que supieron escuchar sus demandas.

Ahora, el Ejecutivo deberá redactar un nuevo proyecto de ley sobre propiedad intelectual con el fin de cumplir con los requisitos del acuerdo de libre comercio firmado entre Colombia y Estados Unidos, que una vez más, tendrá que ser aprobado por el Tribunal Constitucional antes de convertirse en ley.

La batalla no ha terminado aún.