Italia: Complicaciones al hacer «legales» a los trabajadores ilegales

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El 16 de julio de 2012, el gobierno de Monti aprobó un decreto legislativo para permitir en forma condicional la regularización de miles de trabajadores ilegales mediante una declaración de su empleador.

Desafortunadamente, varios meses más tarde, los resultados de esta amnistía con condiciones han sido inferiores a lo esperado. El video a continuación, publicado en el sitio web de la asociación Naga, explica las condiciones y el proceso de aplicación establecido por el decreto:

Mientras tanto, una columna de «il professionista risolve» [el profesional resuelve] en Tgcom24.it valoraba de esta manera la iniciativa:

Poco più di 134.000 le istanze inviate, meno della metà del potenziale pubblico interessato, che si è ipotizzato oscilli tra i 300.000 e i 500.000 soggetti.

Un poco más de 134.000 pedidos fueron enviados, menos de la mitad del potencial público interesado, lo que se estima que oscila entre 300.000 y 500.000 sujetos.

Las condiciones impuestas impidieron que se consigan los resultados esperados. El sindicato CGIL [es] de Lecco, Lombardía, detalló algunos ejemplos del proceso y las condiciones establecidas por la ley:

L’emersione può riguardare un rapporto di lavoro dipendente di qualsiasi settore, a tempo pieno, e per il solo lavoro domestico, anche a tempo parziale. Il rapporto di lavoro deve essere in corso almeno dal 9 maggio 2012.
Il datore di lavoro dovrà pagare la somma di €1.000 alla presentazione della domanda. Alla firma del contratto dovrà quindi dimostrare di avere versato contributi e retribuzione per almeno 6 mesi. Sono esclusi i datori di lavoro condannati per tratta o sfruttamento di prostituzione e minori, per aver dato lavoro a immigrati irregolari, per caporalato, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

La regularización puede aplicarse al empleo en cualquier sector, a tiempo completo, y solamente para el trabajo doméstico, también a tiempo parcial. El empleado debe haber comenzado la actividad a partir de, al menos, el 9 de mayo de 2012.

El empleador deberá pagar la suma de €1.000 al presentar la declaración. Al firmar el contrato deberá entonces demostrar haber realizado contribuciones y recibido retribuciones durante al menos 6 meses. Están excluidos los empleadores condenados por trata o explotación de prostitutas o menores, aquellos que le hayan dado trabajo a los inmigrantes ilegales, los que participaron de la mafia y aquellos que favorecieron la inmigración clandestina.

Louis Benjamin Ndong, en una publicación del blog de la colectividad «Alzo La Mano Adesso» [Ahora alzo la mano], declara que:

Se da un lato questa regolarizzazione darà la possibilità a molte persone di uscire dalla propria condizione di invisibilità, conseguendo un riconoscimento anche da parte della società istituzionalizzata che finora l’aveva negato, dall’altro costituirà un nuovo ed ennesimo limbo per i tanti immigrati che, privi degli adeguati strumenti, quale un reale contratto di lavoro, si affideranno nelle mani di truffatori e venditori di bugie dell’ultima ora. Purtroppo la legge in questione, concepita in primo luogo per fare cassa, non possiede i vincoli necessari per arginare questo rischio …

Por un lado esta regularización dará la posibilidad a muchas personas de salir de la condición de invisibilidad, consiguiendo un reconocimiento también por parte de la sociedad institucionalizada, que hasta ahora las negaba; pero por otro lado constituirá otro nuevo limbo para tantos inmigrantes que, privados de los instrumentos adecuados, como ser un contrato real de trabajo, se pondrán en manos de estafadores y vendedores de mentiras de la última hora. Por lo tanto la ley en cuestión, concebida en primer lugar para llenar las arcas del estado, no posee el vínculo necesario para detener este riesgo…

Manifestación en Brescia, Lombardía, el 6 de Noviembre de 2012. Foto de Zic Photo en Flickr, bajo la licencia de Creative Commons.

Como escribe Marco Massaroni en el sitio de periodismo ciudadano FaiNotizia:

La disposizione transitoria, prevista dal decreto sulla regolarizzazione si è  presentata non priva di criteri restrittivi, controversie e difficoltà.
Da subito si sono espresse preoccupazioni sul fatto che questa regolarizzazione possa aprire spazi a numerose truffe, poichè in un Paese con centinaia di migliaia di irregolari è facile trovarne tanti disposti a pagare, anche a caro prezzo, la promessa di un permesso di soggiorno.

La disposición transitoria, tal como está establecido en la ley de la regularización, no se priva de criterios restrictivos, controversias y dificultades. De repente hay una preocupación expresa por el hecho de que esta regularización pueda abrir espacios a numerosos estafadores, porque en un país con centenares de miles de irregularidades es fácil encontrar muchos dispuestos a pagar, aún a un precio caro, la promesa de un permiso de residencia.

Una publicación en el sitio web Meltingpot señala:

I prezzi lievitano e dai 3.500/4.000 euro di media della scorsa procedura, sono passati a 5.000/8.000 euro per accedere a questa emersione.     

Un mercato dei diritti di soggiorno che nessuno vuole fermare e che anzi, proprio grazie alle scelte del Governo, trova sempre più spazio.

Eppure lo sanno tutti. Basta mettere il naso nei luoghi di incontro dei migranti nelle diverse città per scoprire questo o quel commercialista offrire emersioni facili a caro prezzo, questo o quel procacciatore che promette, dietro il pagamento di lauti compensi, di farti avere il tanto sperato permesso di soggiorno.

Los precios subieron, y de los €3.500/4.000 que costaba antes pasó a costar €5.000/8.000 para acceder a esta iniciativa.

Un mercado del derecho de residencia que ninguno quiere parar y que así, gracias a la decisiones tomadas por el Gobierno, encuentra siempre más espacio.

Lo saben todos. Basta con meter las narices en los lugares de encuentro de los inmigrantes en las distintas ciudades para descubrir que tal o cual comerciante ofrece iniciativas fáciles a precios altos, que tal o cualquier agente promete, tras el pago de generosas sumas, hacerte tener el tan esperado permiso de permanencia.

Pubblicogiornale.it subió este video que muestra un encuentro entre un inmigrante y un agente que cobra €5.000 para poner en orden los papeles. Y otro video de  expone también sus caras.

La credibilidad de los resultados de esta amnistía son cuestionados abiertamente. Massimiliano Zani, el organizador de CNA World Rimini explica por qué, desde su punto de vista, esta amnistía debería ser considerada una oportunidad perdida:

Intanto è da rilevare che non è assolutamente credibile la corrispondenza degli invii, rispetto all'attività svolta.

Basta il dato dei lavoratori provenienti dal Marocco, tradizionalmente assenti dal settore domestico; su un totale di 15.600 domande, ne sono state inviate ben 12.600 per lavori di colf o badante; lo stesso dicasi per il Bangladesh, Pakistan, Egitto, Senegal, Tunisia, ecc. Viene spontanea una domanda: se da questi Paesi non sono mai giunti lavoratori che si impiegavano nel settore domestico, come mai le domande sono concentrate in quell’area di attività? La risposta è evidente: infatti il costo per una richiesta relativa a colf e badante non supera i 2.000 euro (tra una tantum e contributi previdenziali), mentre in settori come l’edilizia, il commercio, o l’ agricoltura il costo può essere tra due a quattro volte maggiore.

En tanto, es de señalar que no es absolutamente creíble la correspondencia de los envíos, respecto a la actividad llevada a cabo por los empleados.

Basta el dato de los trabajadores provenientes de Marruecos, tradicionalmente ausentes en el sector doméstico; de un total de 15.600 solicitudes, solo se enviaron 12.600 para trabajos de mucama o cuidador; lo mismo en los caso para Bangladesh, Pakistán, Egipto, Senegal, Túnez, etc. Espontáneamente surge una pregunta: si de estos países no vinieron los trabajadores que se empleaban en el sector doméstico, ¿cómo es que la demanda está concentrada en ese área de actividad? La respuesta es evidente: de hecho, el costo por una solicitud para una la mucama o un cuidador no supera los €2.000 (luego de un pago único y una contribución para la seguridad social), mientras que en los sectores como la construcción, el comercio o la agricultura el costo puede ser dos o hasta cuatro veces mayor.

Y continúa explicando como ciertos empleadores evitan la ley declarando que sus empleados trabajan como servicio doméstico o cuidadores:

Ecco dunque che molti datori hanno optato di spendere al massimo euro 2.000, come previsto per l’emersione di una colf o badante a tempo parziale, rispetto ai €3/8.000 per l’emersione di un lavoratore a tempo pieno di ogni altro settore; ovviamente appena ottenuto il permesso di soggiorno, si potrà migrare in altro contratto di lavoro con lo stesso o con altro datore. Un altro elemento che ha influito sul modesto risultato è costituito dalla dimostrazione di essere stati presenti sul territorio italiano ininterrottamente, dal 31 dicembre 2011, con attestazione di un “organismo pubblico”.

Así es entonces que muchos empleadores han optado por gastar como mucho €2.000, tal como es previsto por la solicitud de una mucama o cuidador a tiempo parcial, respecto de €3.000/8.000 por la emisión de un trabajador a tiempo completo de cualquier otro sector; obviamente apenas obtengan el permiso de residencia, podrán migrar a otro contrato de trabajo con el mismo empleador o con uno distinto. Otro elemento que ha influido a este modesto resultado tiene que ver con la demostración de permanencia en el territorio italiano de forma ininterrumpida desde el 31 de diciembre de 2011 con la atestiguación de un «organismo público».

¿Cómo puede cumplirse con este último requisito cuando un inmigrante ilegal, por la naturaleza de su situación, corre el riesgo de ir preso si es descubierto? De hecho, Antonio Maria Ricci señala en su blog:

Il reato è previsto nel  DLG 286/98 del 2009 detto pacchetto sicurezza Maroni.

Si articola in due parti: articolo 10 bis che istituisce il reato di clandestinità perseguibile penalmente con ammenda e/o reclusione e articolo 14 che prevede la sanzione amministrativa che comporta l’espulsione.

El delito está previsto en el decreto presidencial 286/98 del 2009, conocido como el paquete de seguridad Maroni.
Se articula en dos partes: artículo 10 bis que instruye el delito de clandestinidad con pena de deportación y/o reclusión y el artículo 14 que prevé la sanción administrativa que implica la expulsión.

Para simplificar este requisito, se adoptaron las siguientes medidas, de acuerdo a lo detallado en el blog ItAliena:

Saranno accettati, sempre se di data antecedente al 31 dicembre 2011: certificato di iscrizione scolastica del figlio del lavoratore straniero, tessere nominative dei mezzi pubblici, sanzioni stradali o amministrative o multe di ogni genere, titolarità di schede telefoniche di compagnie italiane (Tim, Wind, Vodafone, 3, ecc…), documenti rilasciati dai centri di accoglienza o ricoveri anche se religiosi o del privato sociale, documentazione rilasciata da ambasciate o consolati in Italia.

Se aceptarán, siempre que daten antes del 31 de diciembre de 2011: certificado de inscripción escolar del hijo del trabajador extranjero, tasa nominativa de los medios públicos, sanciones en la carretera o administrativas, o multas de cualquier tipo, titularidad de tarjetas telefónicas de compañías italianas (Tim, Wind, Vodafone, 3, etc.), documentos relacionados con centros o refugios, ya sean religiosos o privados, documentación expedida por embajadas o consulados en Italia.

Hay un solo problema: como inmigrantes ilegales, ¿pueden obtener cualquier contrato?

Para dar una idea del terror de los inmigrantes ilegales ante la posibilidad de ver que todos los sacrificios hechos desde que abandonaron su país natal para conseguir llegar a Italia se vean perdidos, Maruan comparte la historia de Blessed, la joven hija de un inmigrante ilegal de Nigeria, en la página web Anolf – Giovani di 2° Generazione [Los jóvenes de la 2da. generación] en una publicación titulada: La storia di Blessed, clandestina prodigio promossa con tutti dieci [La historia de Blessed, inmigrante ilegal primera en su clase]:

La sua pagella è l'unica rimasta a scuola, affissa in bacheca ma non ancora ritirata dai genitori, che la maestra sta provando a contattare da giorni. Se è vero che la legge italiana garantisce il diritto-dovere dei figli di immigrati di essere iscritti alla scuola dell'obbligo, indipendentemente dalla regolarità della propria posizione e da quella dei genitori (articolo 45 del DPR n. 394/1999), non c'è norma che tenga di fronte al terrore dei genitori di essere espulsi.

Su boletín es el único que quedó en la escuela, pegado en la cartelera, ya que todavía no fue retirada por sus padres, a quienes la maestra estuvo tratando de contactar por días. Si es verdad que la ley italiana garantiza el derecho-obligación de los hijos de los inmigrantes de ser inscriptos en la escuela obligatoria, independientemente de su situación migratoria o la de sus padres (artículo 45 del decreto presidencial número 394/1999), no hay regla que haga frente al terror de los padres a ser deportados.

Otro requerimiento relevante es la obligación de pagar €1.000 por trabajador y otros costos que se le deben al Tesoro y al INPS [Instituto Nacional de la Seguridad Social] por seis meses. Estos deben ser pagados por el empleador pero, en realidad, recayeron sobre el trabajador. El sitio francés bayediouf.seneweb.com calcula que, solo teniendo en cuenta los 6.296 senegaleses afectados, el importe total de alrededor de €12.056.918 y agrega [fr]:

Ce montant de quasi 8 Milliards CFa est le chiffre déboursé par nos compatriotes et en attendant la convocation pour le contrat de séjour et successivement le permis de séjour. En cas de rejet les sommes ne seront pas remboursées.

Esta suma de casi 8 millones de francos CFA de África Occidental es la suma pagada por nuestros compatriotas mientras esperan que se expidan los permisos de residencia provisional y, eventualmente, el permiso de residencia permanente. En el caso de que este les sea denegado, el dinero no será devuelto.

En los últimos años, bajo la influencia de la derecha, el gobierno italiano acumuló un verdadero arsenal de medidas judiciales xenofóbicas. Mientras tanto, de acuerdo con un reporte hecho por el gobierno de Berlusconi, entre 2010 y 2020 Italia debería registrar una disminución de la población en edad activa de entre un 5,5% y un 7,9%. Se necesitarán, entonces, más inmigrantes. Entre 2011 y 2015, se necesitarían alrededor de 100.000 inmigrantes, mientras que desde 2016 a 2020, se prevé que este número aumente hasta 260.000.

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