Puerto Rico se prepara para escoger a sus legisladores, alcaldes y al gobernador hoy, 6 de noviembre en las elecciones. Pero estas elecciones tendrán algo diferente a las anteriores. Junto con las elecciones se celebrará también un plebiscito sobre el estatus político de la Isla.
El problema de estatus de Puerto Rico es ya un problema centenario. Desde la invasión de la Isla en 1898 por Estados Unidos al final de la Guerra Hispanoamericana, Puerto Rico ha estado sujeto a la voluntad del Congreso estadounidense. En 1952 Puerto Rico logra cierto nivel de autonomía sobre asuntos internos y económicos con el llamado Estado Libre Asociado [1] (ELA), que se traduce al inglés en documentos oficiales como Commonwealth [2] (mancomunidad). Aunque este estatus —que es el estatus actual de Puerto Rico— fue una mejoría sobre el tipo de gobierno que sustituyó (el gobernador era designado por el presidente y los miembros de su gabinete confirmados por el Senado de Estados Unidos), no ha provisto para el pleno desarrollo de Puerto Rico.
La Isla tiene representación en el Congreso, un Comisionado Residente que no tiene derecho al voto. Los puertorriqueños tampoco tienen derecho a votar por el presidente, a pesar de que candidatos presidenciales de los partidos Republicano y Demócrata de Estados Unidos celebran primarias en la Isla y recaudan fondos de los residentes de Puerto Rico para hacer sus campañas. La Isla, además, está sujeta a las Leyes de Cabotaje, que establecen que Puerto Rico puede utilizar únicamente la marina mercante estadounidense para hacer comercio, contribuyendo así a encarecer el costo de vida por ser de las marinas mercantes más caras del mundo.
Para el pueblo de Puerto Rico, los plebiscitos de estatus no son nada nuevo. A través de su historia política, se han celebrado tres [3]: en 1967, 1993 y 1998. Ninguno ha logrado concretizar un cambio en la relación actual con los Estados Unidos. Las razones para ello son muchas y complejas y, al parecer, este plebiscito no será la excepción. El Dr. Héctor Pesquera, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano [4] (MINH) dijo [5] sobre el plebiscito:
Para el independentismo, la consulta que se llevará a cabo sobre preferencias de status el próximo 6 de noviembre es un palo embarrao por las dos puntas. Por donde quiera que lo cojas, te embarras.
[6]Logo del Partido Nuevo Progresista. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
El plebiscito fue propuesto por el gobernador Luis Fortuño del Partido Nuevo Progresista [7] (PNP), que busca conseguir la anexión de Puerto Rico como el estado 51, e irónicamente, es también impulsado por el Partido Independentista Puertorriqueño [8] (PIP). El plebiscito ha recibido muchas críticas desde el principio. Entre ellas, está la manera en que se ha diseñado la consulta, la cual consiste de dos preguntas. La primera de ellas pregunta si se el elector está de acuerdo con mantener la relación actual con los Estados Unidos. En la segunda pregunta se le pide al elector que, independientemente de si contestó SÍ o NO a la primera pregunta, que escoja entre las tres alternativas de estatus que se presentan: estadidad (anexión), independencia o el ELA soberano (también conocido en la Isla como libre asociación [9]).
De más está decir que la forma en que la consulta está diseñada presenta serios problemas al momento de interpretar los resultados, pues existe la posibilidad de que gane el SÍ junto con una de las tres alternativas al estatus actual. Es necesario añadir que las definiciones de estas alternativas fueron redactadas unilateralmente por
[10]Logo del Partido Popular Democrático. Imagen tomada de pr.kalipedia.com.
el PNP, lo que ha provocado que el principal partido opositor, el Partido Popular Democrático [11] (PPD), que es defensor del ELA tal y como está, haya hecho un llamado a contestar que SÍ en la primera pregunta y dejar la segunda en blanco como gesto de rechazo a la consulta propuesta por el gobernador Fortuño y por no sentirse representado por la definición del ELA soberano que aparecerá en la consulta. Algunos dentro del PNP han expresado reservas con la consulta, pues recuerdan el fracaso de los plebiscitos de 1993 y 1998, que fueron impulsados por el PNP. En adición a esto, el plebiscito no deja de ser una mera consulta que no impone legalmente ningún tipo de acción al Congreso, independientemente de cuáles sean los resultados. En el blog Raciocinio, ljvillanueva pregunta [12]:
A parte [sic] de ser bastante confuso, hay que preguntar cual será el efecto de este plebiscito si, por ejemplo, gana la estadidad. ¿El Congreso de los EEUU le hará caso a este resultado?
[13]Logo del Partido Independentista Puertorriqueño. Imagen tomada de pr.kalipedia.com.
El sentimiento generalizado es que en última instancia, no importa qué alternativa de estatus prevalezca en el plebiscito, el Congreso no le dará importancia a los resultados por no ser una consulta que cuente con su aval. Fermín L. Arraiza Navas de Red Betances opina [14] que:
Dadas las circunstancias muy particulares del caso de Puerto Rico, así como la falta de voluntad del Congreso estadounidense de propiciar un proceso verdaderamente descolonizador, la única alternativa viable con garantías mínimas es propiciar que la controversia sea referida ante la Corte Internacional de Justicia, no como un asunto de derechos civiles, según ha sido planteado por el Dr. Pedro Rosselló [ex gobernador de Puerto Rico] ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (O.E.A.), sino como el derecho colectivo de nuestro pueblo a existir y ser reconocido internacionalmente por la comunidad de naciones como entidad jurídica capaz de participar en las decisiones internacionales que afectan nuestro futuro político, económico, social y cultural.
Carlos Pabón, escribiendo para la revista digital 80 grados, considera [15] que estas consultas de estatus realmente no valen la pena y lo que hacen es obstaculizar la discusión de asuntos verdaderamente urgentes para Puerto Rico:
El status es una suerte de black hole que se traga todo en el espacio político de la isla. Esto a pesar de que consistentemente las encuestas de opinión indican que la mayoría de los electores no consideran el status un asunto crucial o prioritario. En estas encuestas de preferencias, el status siempre queda relegado ante asuntos como la criminalidad, el narcotráfico, la salud, la educación y otros. Es el paradigma del status uno de los factores fundamentales que obstaculiza proyectos democráticos alternos; y la discusión de temas de vital importancia y extrema urgencia.
Luego añade:
El siglo XX se acabó, pero en la isla el debate político sigue centrado en las alternativas político-jurídicas –independencia, autonomía, anexión– del siglo XIX, como si éstas tuvieran plena vigencia en el mundo globalizado contemporáneo. […] De ahí la terrible miseria y el achatamiento del horizonte e imaginario político en Puerto Rico. Habría que preguntarse: ¿qué alternativas proponen las fórmulas tradicionales del status, en tanto imaginarios políticos anclados en el siglo XIX, al mundo del siglo XXI?