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Filipinas: Una activista antiminera arrestada por una publicación en Facebook

El arresto de una activista antiminera de 62 años en Filipinas por una publicación en Facebook sembró el miedo ante las drásticas medidas en contra de los disidentes recogidas en una legislación contra los delitos informáticos, que ha sido aprobada recientemente.

Los críticos de la legislación de los delitos informáticos obtuvieron su primera victoria cuando el Tribunal Supremo de Filipinas dictó una orden temporal de restricción de 120 días contra esta ley, pues tuvo en cuenta al menos 15 peticiones que solicitaban su desaparición.

Sin embargo, consideran el caso de Esperlita «Perling» Garcia un anticipo de cómo se podría utilizar esta ley para reprimir la libertad de expresión de las personas y el derecho a criticar en internet los abusos del gobierno.

Garcia es presidenta de la Alianza Gonzaga para la protección y la conservación del medio ambiente, que se opone a las operaciones mineras de magnetita en la ciudad de Gonzaga, en la provincia de Cagayán. El gobierno de esta provincia autorizó la realización de actividades mineras en la zona a empresas de China y Taiwán.

El alcalde de Gonzaga, Carlito Pentecostes Jr., acusó a Garcia de difamación por un comentario publicado en Facebook el pasado mes de abril de 2011, en el que se le acusaba de hostigar a los líderes de la comunidad que planeaban una manifestación antiminería.

Los ecologistas y los defensores de la libertad en internet han creado la página de Facebook Cyber-Perling [en] para dar a conocer la difícil situación de Garcia. Hasta la fecha, la página cuenta con más de 800 «Me gusta».

En la página se puede leer una hoja informativa [en] sobre su arresto el pasado 18 de octubre. «Cyber-Perling» fue puesta en libertad bajo fianza el 19 de octubre después de estar un día detenida.

El grupo joven activista Anakbayan advirtió de que este incidente supone una prueba clara de la aparición de una inminente ley marcial electrónica [en] una vez que la ley de los delitos informáticos entre en vigor:

«Esto es un adelanto de lo que nos espera una vez que la orden de restricción termine: la ley de los delitos informáticos será impuesta por el régimen de Aquino en contra de sus numerosos críticos y oponentes», dijo Vencer Crisostomo, presidente nacional de Anakbayan.

También dijo que no es sorprendente que una activista antiminera sea la primera víctima de la «ley marcial electrónica», si se tiene en cuenta la resistencia que se intensifica a nivel nacional contra las operaciones mineras extranjeras a gran escala y contra la predisposición del presidente Noynoy Aquino a favor de las mismas.

Sin embargo, el portavoz presidencial Edwin Lacierda [en] insiste en que el arresto no tiene nada que ver con la ley preventiva de los delitos informáticos:

Este no es un caso de delito informático, es un caso de difamación. De hecho, si se fijan, la fianza impuesta fue de 10 000 pesos filipinos. La pena por difamación en línea es de prisión, una pena que es más elevada que la impuesta en el Código Penal Revisado. Está claro que es un caso recogido en el artículo 355 del Código Penal Revisado, por lo que no se trata de un caso de difamación electrónica.

Los jóvenes activistas respondieron [en] a Lacierda que Facebook, los blogs y las redes sociales no están incluidos en el Código Penal Revisado, lo que limita la difamación a los materiales escritos y a los transmitidos.

Lacierda se ha convertido ahora en el portavoz de una ley marcial electrónica que también aboga por aquellos que quieren reprimir la libertad en internet y la libertad de expresión. Sabe muy bien que la difamación recogida en la ley solo se aplica a los medios escritos y a la televisión, lo que hace que el caso contra Perlie sea infundado. Aún así, tergiversa las cosas para justificar los actos represivos y fascistas.

Reiteran que se trata de «un adelanto de cómo se restringirán los derechos una vez que se apruebe la ley de los delitos informáticos». Los abogados también reiteran esta observación. El abogado J. J. Disini indica en un comentario en Facebook [en]:

«Bueno, alguien debería decirle al abogado Lacierda que esto no es un caso de difamación porque los funcionarios públicos no tienen permitido, por regla general, denunciar por difamación delictiva. Esto está claro gracias al caso New York Times contra Sullivan [Tribunal Supremo de los Estados Unidos], que se tiene como referencia y que fue citado con aprobación de nuestro Tribunal Supremo en el caso reciente [determinado en 2005] de Guingging contra el Tribunal de Apelación».

PITIK-B(u)LOG dijo que el caso es un toque de atención [en] para que todo el mundo actúe en contra de la ley de los delitos informáticos.

Ilang ESPERLITA GARCIA pa ba ang dapat hulihin para maniwala ang sambayanan na ang R.A. 10175 ay inilalagay sa panganib ang ating freedom of expression? Kailan natin maiintindihan na sa ating pagsasawalang-kibo ay unti-unti rin nating kinakatay ang ating mga karapatang pangtao? Hindi lang ang R.A. 10175 ang dapat sisihin sa pagkitil sa ating freedom of speech, kasama na dito ang mga taong nagkibit ng balikat at nagsawalang-kibo. Apathy kills.

¿Cuántas Esperiltas Garcias más tienen que ser arrestadas para que la gente vea que la R.A. 10175 pondrá nuestra libertad de expresión en peligro? ¿Cuándo entenderemos que nuestra indiferencia está matando poco a poco a nuestros derechos humanos? La R.A. 10175 no es la única a la que deberíamos culpar por la restricción de nuestra libertad de expresión, también están esas personas que se mantienen al margen y que no se preocupan. La apatía mata.

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