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Honduras: Las amenazas a las comunidades garífuna

El gobierno de Porfirio Lobo ha causado una gran controversia luego de la reciente firma de un acuerdo con el Grupo MGK [en] para implementar una variante de Charter Cities, llamada Ciudad modelo [Región Especial de Desarrollo (RED], en Honduras.

Algunos, como Ryan William Nohea Garcia de Libertopia underground [en], da la bienvenida al projecto:

¡Alégrense! las Regiones Especiales de Desarrollo de Honduras son oficiales. (Resumen de noticias: aquí [en], aquí [en] y aquí [en].) Las RED son foros, dentro de Honduras, para sistemas políticos y jurídicos innovadores que promocionan mayor prosperidad asegurando los derechos individuales, ofreciendo estructuras reguladoras y judiciales estables y aplicación de procedimientos de inmigración más simplificados. Esta es una gran noticia para Honduras y para el gran movimiento de Ciudades libres. Este post reconoce y alaba a los funcionarios hondureños quienes defendieron e implementaron las RED por adelantado frente a una significativa oposición doméstica, nacionalista.

Las RED solo pueden ser implementadas en tierras inhabitadas; sin embargo en el caso de Honduras 24 comunidades garífuna podrían ser removidas de su territorio. El blog Being Garífuna [en] (Ser Garífuna) explica:

"Because I was made in Honduras, I say NO. Join the protest against the traitors of the country, those who want to sell your country piece by piece, those who don't respect the constitution of your country, those who don't respect you!" Poster by Anonymous Honduras. No rights reserved.

Afiche de Anonymous Honduras. Sin derechos reservados.

Los garífuna son el único grupo étnico afro-caribeño descendiente de indígenas arawak, indígenas carib y que escaparon de la esclavitud africana que vivían juntos en San Vicente. Los Garífuna de la costa norte de Honduras han batallado durante décadas para proteger sus tierras de los inversionistas depredadores que desean las tierras de la costa para el desarrollo de proyectos turísticos de amplitud, mega hoteles y áreas de vacaciones. Una de las mayores amenazas es el proyecto “Charter City” una idea del economista de la Universidad de Nueva York Paul Romer, que pretende crear una agradable ciudad-estado de negocios soberana en la costa norte.

Según muchos informes esas tierras han pertenecido a las comunidades garífuna desde 1804. En un post sobre el tema, Tim Russo de Upside Down World [en] cita a Miriam Miranda, presidente de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH):

Vallecito es el corazón del territorio donde están promoviendo la creación e instalación de la Charter City de Honduras. Así, no solo estamos contra los intereses del crimen organizado, estamos contra los intereses de un gobierno que, sin consultarnos toma decisiones sobre nuestro territorio.

Actualmente viven mas de 200 familias en Vallecito, en la costa atlántica de Honduras y sus voces no fueron consideradas cuando firmaron el acuerdo.

El proyecto es una idea de Paul Romer [en]. El Sr Romer y otros expertos fueron contratados para ser miembros de la Comisión de transparencia de las Regiones especiales de desarrollo (REDs) las que supuestamente deben servir como un órgano de gobernanza o gestión de las ciudades. Sin embargo hasta ahora este contrato no ha sido confirmado [en], produciendo dudas sobre la transparencia y compromiso del proyecto. Sin la nombrada Comisión de transparencia, la única salvaguardia para la transparencia del proceso es el Congreso de Honduras.

Muchos blogueros han criticado el proyecto y pedido al gobierno que busque mas bien entre los campesinos locales y los agricultores en lugar de empresas extranjeras. Para otros, como CapoSud, entregar la soberanía del territorio es inconstitucional. Además, otros blogueros como Tony Molony argumentan que el gobierno está vendiendo al país por partes y Análisis Afrodescendiente describe esto como la segunda fase del golpe del 2009 [en].

Anonymous Honduras, creó #OpEstadoFallido (Operación Estado fallido) y bloqueó varios sitios web gubernamentales. Hay asimismo una petición en Avaaz pidiendo se defienda el territorio donde los proyectos RED podrían ser implementados. Otra petición [en], está en GoPetition y es promovida por OFRANEH. Dice [en]:

Según información pública, la RED se establecerá en la costa norte, los territorios ancestrales de los pueblos garífunas y miskito, violando sus derechos humanos, culturales, sociales y económicos. El Derecho internacional y el marco legal sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas – incluyendo una serie de instrumentos firmados por el Gobierno de Honduras – consagra estos derechos. Según la jerarquía de las normas, su aplicación debe ser preferencial y es obligatoria.

Los hondureños no son los únicos escépticos sobre el proyecto. Duncan Green, un asesor estratégico de Oxfam expresa su preocupación [en] y señala que tal estructura no funcionará en uno de los países más corruptos del mundo.

El proyecto será dirigido por Michael Strong, fundador del proyecto llamado Conscious Capitalism [en] quien sostiene [en] que su proyecto dará resultados positivos: prosperidad, trabajo y mejores niveles de vida.

Sin embargo, la comunidad ya está sintiendo el costo de este proyecto.

Garífuna Lands,  by Renata Avila under a Creative Commons Attribution License.

Tierras Garífuna. Por Renata Avila bajo Licencia de Creative Commons Attribution.

La violencia y las ejecuciones extrajudiciales están aumentando en Honduras. Durante septiembre, el defensor de los derechos humanos Antonio Trejo Cabrera y Manuel Eduardo Díaz Mazariegos fueron asesinados. Aunque los asesinatos no están relacionados, es un hecho preocupante. Trejo fue un abogado que defendía a los campesinos y a las comunidades Garífuna opositoras a las RED.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que:

El 24 de septiembre de 2012, el fiscal especial para los derechos humanos del departamento de Choluteca, Eduardo Díaz Mazariegos, fue acribillado con 11 balazos disparados por dos desconocidos que conducían en motocicleta en las inmediaciones del Ministerio Público en la ciudad de Choluteca, en el sudoeste de Honduras.

El 22 de septiembre de 2012, personas desconocidas balearon a Antonio Trejo Cabrera en Tegucigalpa, el que en los meses previos al crimen, había recibido reiteradas amenazas de muerte y había denunciado esa situación ante las autoridades. La información indica que Antonio Trejo Cabrera era apoderado legal del Movimiento Auténtico Revindicador Campesino del Aguán (MARCA), trabajaba en la defensa y promoción de los derechos de comunidades cooperativas campesinas en la zona del Bajo Aguán.

Pocos días antes un grupo de observadores de Derechos Humanos de diferentes países fueron amenazados [en], en la misma región, por hombres enmascarados y armados.

Amnistía Internacional también condena las muertes [en] y muestra su preocupación por el aumento de la violencia y abuso sexual por privados:

Personal de seguridad privada, trabajando para terratenientes y compañías en el Bajo Aguán, han sido acusados de una serie de supuestos abusos de derechos humanos incluidas amenazas contra los agricultores locales, así como violación y otros ataques violentos.

La reacción del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) – el  movimiento campesino defendido por Trejo – fue fuerte [en]:

El movimiento de campesino del Aguán condena este vil asesinato que ahora se agrega a la lista de quienes les han disparado y muerto en su lucha por defender a su pueblo. En varias ocasiones, Trejo denunció las amenazas que había recibido a los medios de comunicación y de terratenientes del Bajo Aguán responsables  de cualquier intento de matarlo a él o a su familia.

Trejo tenía en sus manos los asuntos legales de las cooperativas de San Isidro, La Trinidad, y El Despertar [...]

Los campesinos del Aguán solidarizan con él y expresan sus profundas condolencias a su familia, esposa e hijos.

El comunicado continúa:

 No hay duda que el asesinato de Trajo es un mensaje a los campesinos de los grupos de poder que viven en el Aguán y de quienes toman decisiones en este país

La situación aumenta en complejidad mientras las comunidades enfrentan amenazas ahora sin la ayuda de Trejo. Con el acuerdo firmado, a pesar de toda la oposición de la sociedad civil, el proyecto continuará y las familias se enfrentarán al desalojo de las tierras que han habitado por casi un siglo.

Además una reforma constitucional está en marcha para autorizar tales ciudades. Como informó Human Rights Watch, Trejo había presentado un recurso constitucional, desafiando la validez del acuerdo firmado por el Gobierno para las RED. Se unió a los campesinos en una protesta pacífica contra las medidas del gobierno frente a la Corte Suprema de Justicia el 21 de agosto de 2012. Después de la represión de las fuerzas policiales, fue detenido.

Hay 22 recursos constitucionales pendientes, oponiéndose a las RED, esperando ser resueltos. Muchos de ellos fueron presentados por miembros de la comunidad y la sociedad civil en Honduras incluyendo el sacerdote católico Fausto Milla, quien en una ocasión presidió la Comisión de la verdad de la sociedad civil. Honduras no goza de independencia en su sistema judicial; en efecto, el sistema es bastante corrupto como fue señalado por el Relator Especial para la promoción y la protección del derecho a la libertad de expresión y de opinión, Frank La Rue, en el reciente informe de su visita.

Sin embargo, la Corte Suprema de justicia hondureña tendrá la última palabra sobre el futuro del proyecto.

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