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Filipinas: La ley contra los delitos informáticos amenaza la libertad de prensa

(Todos los enlaces llevan a artículos en inglés)

El pasado 12 de septiembre, el presidente Benigno Aquino III aprobó la Ley de Prevención de delitos informáticos de 2012. El principal promotor de esta ley, el senador Edgardo Angara, se congratula de su aprobación:

Con esta ley, esperamos incentivar el uso del ciberespacio para la información, el recreo, el aprendizaje y el comercio. Al proteger a todos los usuarios del mal uso y el abuso, facilitamos que utilicen el ciberespacio más productivamente.

Internet shop in the Philippines. Photo from Flickr page of Silicon Gulf

Cabina de Internet en las Filipinas. Foto de la página de Flickr de Silicon Gulf

Esta medida disuadirá a la gente de cometer delitos porque el mundo virtual ya no será una tierra sin ley. Su aprobación envía al mundo el firme mensaje de que Filipinas se toma en serio el mantener la seguridad en el ciberespacio.

Pero los críticos temen que la ley pueda conducir a la restricción de internet y de la libertad de prensa en el país. En concreto, cuestionan la inclusión de último momento del libelo como delito informático.

A Raissa Robles le preocupa el impacto de insertar la provisión sobre el libelo en la ley:

Lo que hace interesante la cláusula adicional es que el trabajo de copiar-pegar sea TAN torpe, sin siquiera un intento de tener en cuenta la naturaleza de Internet.

Nunca se ha llevado a cabo una vista pública del congreso sobre el libelo en Internet.

Esta sección sobre el libelo tiene graves implicaciones para la libertad de expresión en Internet. Cualquiera que deje un comentario en Facebook, Twitter o en webs de noticias puede ser procesado por libelo de una manera mucho más insidiosa que las que se aplican a la prensa tradicional.

Estoy totalmente de acuerdo en hacer a la gente responsable de lo que publica en la red, pero no de esta forma.

La Unión Nacional de Periodistas de Filipinas explica por qué la ley es una amenaza para la libertad de prensa:

La aprobación de la Ley de Prevención de Delitos Informáticos de 2012 ha sido, como mínimo, taimada, y traiciona el compromiso de esta administración con la transparencia y la libertad de expresión… y punto.

La inclusión del libelo entre los delitos que pueden cometerse con el uso de ordenadores plantea una amenaza no solo contra la prensa y otros elementos de la comunicación, sino también contra cualquier miembro del público que tenga acceso a un ordenador y a Internet.

El Centro para la Libertad y Responsabilidad de los Medios afirma que la ratificación de la ley revela la «restrictiva mentalidad» de los líderes nacionales:

Antes de su aprobación, Filipinas se distinguía de sus vecinos asiáticos por la inexistencia de legislación reguladora que afectara a Internet. Puede marcar el principio de un aluvión de reglas sobre Internet que afectarán a los internautas filipinos, dada la restrictiva mentalidad de los líderes nacionales. Es una clara posibilidad a la que los periodistas y blogueros, los ciudadanos ordinarios y cualquiera a quien le preocupe la libertad de expresión en el medio que sea deberían estar atentos y preparados para combatir.

Al mismo tiempo, a AttyAtWork le preocupan las otras cláusulas de la ley que podrían violar la privacidad y las libertades civiles de los usuarios de Internet:

La R.A. (Ley de la República) 10175 permite, sin necesidad de orden judicial, que las fuerzas de seguridad recaben datos del tráfico en la red en tiempo real. También autoriza al Departamento de Justicia a que bloquee o restrinja el acceso a datos informáticos solo con pruebas prima facie.

No hace falta conseguir una orden judicial de un tribunal para acceder al tráfico de datos. Eso significa que para aplicar la ley, un simple aviso u orden al proveedor del servicio puede exigir que dicho proveedor divulgue y guarde datos relativos al origen de una comunicación, su destino, ruta, hora, fecha, tamaño, duración o tipo de servicio subyacente.

Cocoy reflexiona sobre las lecciones de la campaña para bloquear la aprobación de legislaciones «restrictivas» como la ley contra el delito informático:

Al mismo tiempo, la aprobación de la ley contra delitos informáticos es una condena a nuestras tribus. Nos hemos fallado. Los que entendemos de tecnología no hemos logrado salvar la brecha digital. No conseguimos hacer entender cómo son las cosas y cómo funcionan. Las tribus no hemos sabido realizar una campaña constante para que se nos oiga y para influenciar la opinión pública. Ahora debemos reconsiderar seriamente cómo nuestro colectivismo puede reformar positivamente la sociedad a largo plazo.

La policía y las compañías de externalización de procesos de negocios se muestran satisfechas con la aprobación de la ley de prevención de delitos informáticos.

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