La Fundación Electronic Frontiers quedó consternada al conocer que el bloguero y periodista etíope Eskinder Nega había sido sentenciado a 18 años de carcel [en] en virtud de una Ley antiterrorista [en] excesivamente amplia. Más de cien etíopes, incluyendo a nueve periodistas, han sido sentenciados según esta ley tan vaga. En diciembre del 2011, dos periodistas suecos fueron sentenciados [en] con cargos de apoyo al terrorismo.

La sentencia de Nega ha sido condenada rotundamente por el gobierno de los Estados Unidos  [en] y por las Naciones Unidas [en], además de por numerosas organizaciones de los derechos humanos como Human Rights Watch [en].  También nosotros nos unimos a estos grupos en la condena a las sentencias dictadas a Nega y a los otros cinco blogueros que están viviendo en el exílio.

Un precedente peligroso

Imagen via Ethioforum

En junio, la Electronic Frontier Foundation resaltaba las prácticas de vigilancia y censura en Etiopía [en], como el bloqueo de sitios web y la Ley de Infracción del Servicio de Telecomunicación [en] que, además de proteger al proveedor de servicio estatal contra los servicios VOiP competidores, también apunta a penalizar duramente a los ciudadanos por la utilización o la posesión de cualquier equipo de telecomunicación sin previo consentimiento del gobierno.

Las últimas condenas muestran la determinación del gobierno etíope de restringir la libertad de expresión y de asociación. La utilización de leyes antiterroristas para silenciar a los escritores es una táctica que se ve en otras partes, como en Turquía y Burundi [en], donde en junio un periodista fue condenado a prisión de por vida según tal legislación.

En la Ley antiterrorista [en] del 2009 de Etiopía, los actos terroristas están ampliamente definidos como una persona o grupo «que intenta proponer una causa política, religiosa o ideológica coaccionando al gobierno, intimidando al pueblo o a parte del pueblo, o desestabilizando o destruyendo las instituciones políticas, constitucionales, económicas o sociales fundamentales del país» por medio de distintos actos.  Es más, la definición de «la prestación de apoyo para el terrorismo» incluye el acto de suministrar «experiencia, conocimientos, apoyo moral o consejo», lo que no difiere de las leyes de apoyo material en los Estados Unidos [en]. También está prohibido «alentar el terrorismo», lo que incluye la publicación de declaraciones «que probablemente van a ser entendidas como alentadoras de actos terroristas».  Esta es la sección de la ley que se ha utilizado más consistentemente contra los periodistas.

Cuando antiterrorismo se convierte en antilibertad

Aunque Etiopía tiene razones para estar preocupada por el terrorismo, parece bastante claro en este momento que el gobierno se está aprovechando del apoyo extranjero para las medidas antiterroristas. Solamente los Estados Unidos les han proporcionado $847 millones de asistencia [en] en el 2011, algunos de los cuales fueron a financiar entrenamientos militares no letales. Sin embargo, entre el 2002 y el 2007 Etiopía recibió cerca de $20 millones [en] de los Estados Unidos para asistencia militar que incluían ayudas para armas. Además de suministrar ayudas financieras, los Estados Unidos han sido abiertamente favorables a las medidas antiterroristas de Etiopía contra al-Shabaab.

Al mismo tiempo, como revela un cable publicado por WikiLeaks [en], el embajador estadounidense en Etiopía expresaba preocupaciones sobre el entonces Proyecto de Ley Antiterrorista, y escribía en un comentario titulado «Oposición ten cuidado»:

Etiopía es un socio de los EE.UU. en una vecindad peligrosa que, con los disturbios en Somalia, afronta una creciente amenaza de Somalia y de la península árabe. Aunque la Ley antiterrorista da al gobierno autoridad para hacer frente significativamente a estas amenazas, la amplia naturaleza de este proyecto de estatuto, la falta de garantías legales para las personas acusadas de terrorismo, así como la tendencia del partido legislador de tildar a los miembros de la oposición como terroristas, presenta la ocasión para el abuso. Post mostrará estas preocupaciones a los oficiales del gobierno a la mínima oportunidad.

Parece que los esfuerzos por «mostrar estas preocupaciones» al gobierno de Etiopía cayeron en oídos sordos. Lamentablemente, la débil condena expresada en aquellos casos previos es todavía más de la que se ha expresado para Nega. En el 2011, tras la condena a los dos periodistas suecos, el portavoz adjunto Mark C. Toner declaraba que los Estados Unidos » [reconocen] la autoridad del proceso judicial en Etiopía y [respetan] las preocupaciones legítimas del gobierno etíope sobre terrorismo» antes de señalar que «la libertad de prensa en un elemento importante de una sociedad democrática».

Incluso los comentarios sobre la condena a Nega [en] del Departamento de Estado no llegan a condenar el hecho sino a expresar simplemente una «profunda preocupación».

Human Rights Watch ha solicitado de los socios internaciones de Etiopía [en] que pidan la liberación immediata de Nega y de los periodistas y simpatizantes de la oposición que han sido procesados ilegalmente, y que se revise la ley que los ha puesto tras las rejas. Charlayne Hunter-Gault, miembro del consejo del Comité para la Protección de los Periodistas, escribe en un artículo de opinión para el New Yorker [en], que los Estados Unidos recientemente han hecho de la promoción de la democracia una prioridad. Hunter-Gault comenta referiéndose a Nega: «He aquí una gran caso de prueba».

Ciertamente, la nueva «estrategia de Estados Unidos sobre África subsahariana [en]» incluye la promoción de la democracia y el progreso de la paz y la seguridad a través de la lucha contra grupos terroristas. El gobierno de Estados Unidos debe ser muy prudente y asegurarse de que sus esfuerzos por combatir el terrorismo en la zona no resultan en más periodistas tras las rejas.