En enero pasado, Webometrics, un grupo de investigación español, publicó su “Ranking de Webometrics de Universidades del Mundo [eng].” La primera universidad ecuatoriana en aparecer en el ranking fue la Escuela Superior Politecnica del Litoral (ESPOL) en el puesto 702. Hay sólo dos universidades ecuatorianas [eng] en el top 100 en Latinoamérica: ESPOL en el número 25 y la UTPL (Universidad Técnica de Loja) en el puesto 66. Este tipo de exposición de la educación superior ecuatoriana ha sido una preocupación para muchos presidentes, y el gobierno actual ha estado trabajando con miras a la aprobación de una nueva ley que afectaría la educación superior en Ecuador.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – Guayaquil. Foto cortesía de Juan Francisco Guerra Salazar, estudiante de ingeniería industrial en la ESPOL

La nueva Ley Orgánica de Educación Superior es parte de los objetivos de la nueva Constitución Ecuatoriana, aprobada por un referéndum [eng]. La ley de educación fue aprobada por la Asamblea Nacional y enviada al Presidente para su decisión final. Sin embargo, el Presidente Rafael Correa vetó la ley y la envió de vuelta a la Asamblea para su reconsideración ya que no coincidía con el proyecto original. Para que la ley fuera aprobada por la asamblea nacional, hubo que hacer algunas concesiones [eng], pero Correa ha estado reintroduciendo las ideas originales a través de enmiendas. Estas enmiendas incluyen que la Secretaría de Educación supervisaría la educación superior, y que la participación de los estudiantes como hacedores de decisiones en las Universidades, como parte del llamado «co-gobierno», sería reducida del 50% al 25%.

La ley también regulará las operaciones de todas las instituciones involucradas con la educación superior en Ecuador. Muchas han sido ya sujetas a evaluaciones, pero las universidades no desean renunciar a la llamada «autonomía universitaria». Las dos organizaciones más grandes de las universidades ecuatorianas, la Asociación de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador (ASUEPE) y la Corporación Ecuatoriana de Universidades Privadas (CEUPA), desearían tener un organismo como el Consejo de Educación Superior (CONESUP) para supervisar sus centros educativos; por lo tanto, ambos grupos se oponen a la nueva ley, la cual hará a la Secretaría de Educación la única institución responsable por las políticas de educación superior. Más aún, existen profundos desacuerdos acerca de la ley dentro de las universidades y de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), el organismo cuya meta principal es actuar como un órgano de control de todas las instituciones de educación superior en el país.

René Ramírez, secretario de SENPLADES, fue entrevistado por El Telégrafo, uno de los principales periódicos ecuatorianos, donde resume el proyecto de ley:

Los cambios están canalizados a mejorar el nivel académico de las universidades, el nivel profesional de los docentes y otorgar becas por meritocracia…busca destinar recursos para la investigación en las universidades públicas y privadas…la existencia de docentes a tiempo completo será uno de los requisitos indispensables que deberán cumplir las universidades; además… la mayoría del Consejo Universitario estará en manos de la comunidad académica y no del Estado.

Pero no todos están de acuerdo con las enmiendas sugeridas por el gobierno. Paula Romo es una asambleísta de PAIS, el partido político del presidente Correa. Ella está de acuerdo en que la ley es un paso positivo, incluyendo los puntos del proyecto vetado, pero asimismo, manifiesta preocupaciones acerca de la desigualdad en el tratamiento de las universidades:

En lo que se refiere al mecanismo de designación de autoridades académicas la ley hace una excepción para las universidades militares y las que se han acogido al modus vivendi; estas universidades, en este tema no están obligadas a regirse por la ley, sino por sus propios estatutos. Estas excepciones no son correctas ni justificables en un Estado de Derecho y menos en un Estado Laico.

Los estudiantes están defendiendo el 50% de participación estudiantil en el co-gobierno, ya que la enmienda disminuiría su participación. Pero incluso ellos no están de acuerdo sobre este tema. Más aún, la Federación de Estudiantes Politécnicos Nacional (FEPON) se queja de que sus propuestas nunca fueron escuchadas, y piensa que la nueva ley es un retroceso en los derechos de los estudiantes. El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador – Quito (FEUCE-Q) por otra parte, en una entrevista publicada en ecuadorinmediato.com, apoya la asignación de fondos a la investigación y la nueva forma en que las autoridades serán elegidas de acuerdo a las sugerencias de Correa:

El veto emitido por el Presidente de la República, es sumamente extenso, tiene 98 páginas, trata bastantes aspectos de la Ley, hay algunos que son radiales, hay algunos que en verdad son interesantes, creo que son bastantes positivos y también existen otros en los cuales podemos discrepar con el criterio del Presidente

En su blog, Gabriela Salazar justifica de alguna manera la necesidad de cambios en la educación superior; cita a Latitud Central, un periódico de la Universidad Central, y explica por qué algunos profesores deberían renunciar de inmediato:

«¡AL FIN CARAJO!” y continúa, “Sí, ése es el grito de cientos de docentes que al fin en esta universidad se van a poner las cosas en orden”…y delira sobre una universidad hundida, de profesores universitarios tramposos que urdían accidentes de tránsito y enfermedades para no asistir, “profesores vagos a los que hay que llamarlos colegas”, en fin, de una universidad donde “se festinó el tiempo y no se hizo NADA”. E insiste así: “¡Ahora, si CARAJO vamos a estudiar!

En este flujo de discrepancias se podría llegar a pensar que muchas autoridades están en contra del proyecto vetado, pero Jose Elías en el blog Dialogo con Joselias reporta que al menos 7 de las más altas autoridades de las universidades ecuatorianas se encontraron en Cuenca para analizar el veto presidencial. Este blogger cita a Edgar Seminario, de la Universidad Central:

“No estamos a favor ni en contra del Gobierno, estamos a favor de un cambio radical en algunos aspectos como la importancia de la investigación en los procesos académicos, entre otros beneficios que trae el veto…Somos divergentes con otras opiniones, como la de defender la existencia de una Secretaria Técnica de Educación Superior, que para nosotros significa un cambio sustancial.»

Mientras que algunos ecuatorianos aún luchan por alcanzar un acuerdo sobre lo que es bueno para la educación superior en su país, otros no pueden siquiera ingresar a la universidad este año. Voces Lojanas apunta que 3,502 estudiantes están luchando en los tribunales por su derecho a ingresar a la Universidad Nacional de Loja (UNL), la cual, sólo este año, abrió 2.410 cupos para cubrir una demanda de alrededor de 7.000 aspirantes a estudiantes. Hay una cosa en la que todos parecen estar de acuerdo: todos los ecuatorianos quieren mejorar la calidad de su educación superior. Pero antes que cualquier cambio ocurra, tendrán que llegar a un acuerdo.